¿Control imposible a policías municipales?
Felipe Victoria
Saber que al gobernador Héctor Astudillo le ocupa y preocupa la Ética y Transparencia en el desempeño de la burocracia resulta alentador, sin echar las campanas al vuelo.
Por supuesto que en el evento del lunes descubrieron el agua tibia ni reinventaron el hilo negro, pues las leyes de responsabilidades de los servidores públicos se pusieron en boga hace poco más de tres décadas en México, y en Guerrero la estatal quedó en calidad de asignatura pendiente, pero ahora es la primera entidad en adherirse a pugnar por la transparencia.
Por negligencia, miedo o complicidad siempre encontraron pretextos para no aplicar responsabilidades, incluso a principios del año pasado abrogaron la anterior Ley y “estrenaron” 695, pero las cosas cambian para mal tan rápido, que sí es necesarísimo actualizar las reglas que norman el desempeño de la burocracia en la administración pública estatal y municipales a través de Contralorías.
Las áreas principales en esas especializadas oficinas fueron de auditoría, control de normatividad operativa, además denuncias y responsabilidades; lo más parecido posible a las temibles oficinas de “asuntos internos” de las corporaciones policiacas norteamericanas en que se combate la corrupción de sus elementos. En México se aplicaban correctivos disciplinarios o hasta se les ponía a disposición del Ministerio Público para lo conducente.
En la época dorada de la corrupción policiaca con ‘El Negro’ Durazo, funcionó una Dirección de Inspección General, a donde llevaban detenidos diario un promedio de cien policías preventivos y de tránsito arrestados pero después de que el jefazo los miraba de lejitos, desde el piso superior de Tlaxcoaque, los “desfanaban” por módica cuota.
En vez de permanecer “oficialmente” dentro de cuarteles castigados, andaban totalmente libres: algunos descansando y otros atracando en patrullas clonadas, y con los gafetes y placas de número cambiadas para que no los pudieran identificar si había queja o denuncia de las víctimas.
En Inspección General se cocinaban toda clase de trafiques y arreglos entre policías malandrines y las víctimas que se atrevían a denunciarlos, rara vez llegaban a la Procuraduría de Justicia.
Con el presidente Miguel de Lamadrid llegó de jefazo policiaco el General de División Ramón Mota Sánchez y cuando se fundó la Contraloría de la Regencia del DF con Adrián Mora y la Interna de Protección y Vialidad, con Luis Alberto Pérez Martínez y Celis a cargo, comenzó la aplicación estricta de la Ley de Responsabilidades a los guardianes del orden.
Se captaban aproximadamente cuatro mil quejas y denuncias mensualmente, pero se acabó el “negocito” del desafane a los tres mil arrestados virtuales en las listas de “fatiga”; se las comenzaron a hacer efectiva y según la gravedad de la falta los arrestaban de 5 a quince días en sus cuarteles, apandados con granaderos en Balbuena o enviados a fajinas en las caballerizas de la Policía Montada.
Eso los “afortunados” que no eran detenidos e inmediatamente puestos a disposición del Ministerio Público, para que conocieran por dentro los reclusorios antes que la Comisión de Honor y Justicia determinara su posterior cese o la baja.
La Contraloría Interna tuvo un equipo itinerante de supervisión a los uniformados en las calles para pescarlos infraganti extorsionando ciudadanos o conductores; se pasaba lista de los arrestados en los cuarteles y se practicaban visitas sorpresivas de auditoria operativa en los cuarteles, para catear revisando lo que los policías guardaban en sus lockers y lo peor: se cotejaba la identidad de los uniformados respecto al número de placa y gafete que portaban, así como la autenticidad de la patrulla, para que no trabajaran en unidades mañosamente intercambiadas.
Los temerarios de la Contraloría eran “águilas” de día y de noche “Espartas”: la pesadilla de los policías defeños corruptos con los Generales Ramón Mota Sánchez y José Domingo Ramírez Garrido Abreu.
Cuando en el sexenio de Carlos Salinas, tuvo que dejar el mando policiaco Javier García Paniagua por instancias del PRD y el control interno se relajó con el viejo motociclista ambicioso Santiago Tapia Aceves, que terminaría en la cárcel en 1994.
México es una maravilla de leyes para todo, el problema es que se quedan ahí escritas y pocas veces las aplican como se debiera, extrañamente a cada rato se les ocurre reformarlas pero nunca cumplirlas cabalmente.
En veintidós años que llevo radicando en Guerrero, a ningún alcalde le simpatizó la idea de poner a funcionar una contraloría interna en la policía municipal del puerto; para sus miedos o intereses oscuros bastaba con el mamotreto de papel de la Junta de Honor, en manos de regidores negligentes para negocio de abogados defensores de policías y hasta los expedientes le perdieron a Napoleón Astudillo.
Esa es una de las razones evidentes del envilecimiento de la policía municipal acapulqueña, que detestan en Bucareli y todo apunta que no falta mucho para que impongan el mando único estatal y así el ocurrente Evodio Velázquez Aguirre duerma un poco más tranquilo, libre de presiones de las mañas por imponerle comandantes policiacos a modo.
Ya veremos hasta donde alcanza el plan estatal por la ética, transparencia y combate a la corrupción.