* Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, insistió en que ese plazo fue establecido por los propios integrantes del GIEI para ofrecer resultados de su participación en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas
Jesús Saavedra/Redacción
CHILAPA.— El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reiteró que no hay ninguna posibilidad de que se amplíe el periodo de trabajo –establecido hasta el próximo 30 de abril— a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala.
Cuestionado sobre la advertencia hecha por el activista Vidulfo Rosales Sierra de que sacar a los miembros del GIEI de las investigaciones, podría ocasionar el reinicio de protestas por parte de los padres de los 43 estudiantes y grupos que los respaldan, Campa Cifrián dijo que “estamos trabajando todos los días con el GIEI a un mes de cumplir con su tarea, se trabajó un primer periodo de seis meses y se determinó una ampliación para efectos administrativos de dos meses, y a solicitud expresa se pidió seis meses, el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación para terminar las tareas por seis meses y concluye a fines de abril”, señaló.
El funcionario federal aseguró que trabajan “muy de cerca con los expertos, con los representantes de los padres de los normalistas que son tres grupos: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Serapaz”.
Asimismo, reiteró que “a partir de recomendaciones de los expertos se ha iniciado los trabajos a un estudio psicosocial” de impacto en las víctimas, lo que consideró son “los primeros pasos para realizar la tarea”, y aunque no precisó a que se refería con esta frase, la semana pasada el mismo funcionario explicó que esto es el inicio del proceso de reparación del daño a las víctimas.
Añadió que “esos compromisos no tienen que ver con el mandato de un grupo, se habrán de mantener con los familiares a través de sus representantes, a tareas vinculadas con la investigación, la búsqueda, se han atendido todas las exigencias, los indicios de expertos y familiares, se mantiene el compromiso de la búsqueda hasta dar con el paradero de los normalistas, indicios a partir de la búsqueda de restos y se mantiene el compromiso de atención a las víctimas”, añadió.
Campa Cifrián reiteró que “el fundamento de este segundo mandato lo que hace la solicitud de México a la CIDH y hay la consideración de un acuerdo de ambas partes”.
Explicó que “la ampliación del mandato (de los expertos de la CIDH) se firmó a partir de una pregunta al GIEI, de cuál era el tiempo prudente para concluir sus tareas”, y precisó que “la solicitud de seis meses que hicieron, el Estado mexicano la ha cumplido cabalmente. Reconocemos el trabajo del GIEI, en sus tres tareas que se comprometió, ha aportado muchos elementos de no repetición a partir de sus aportaciones para la ley de desaparición que está en el Congreso y que presentó el presidente, Enrique Peña en diciembre”.
Mientras Campa Cifrián realizaba estas declaraciones durante su visita a esta ciudad, en la Ciudad de México la Procuraduría General de la República informó que un grupo de expertos en comportamiento de fuego les entregó los resultados de un tercer peritaje hecho en el basurero de Cocula, en el cual determinaron que en ese lugar sí encontraron evidencias suficientes para afirmar que hubo un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en ese lugar, que habría permitido la incineración de cuando menos 17 cuerpos de personas adultas.