* Un grupo de 6 especialistas en incendios avalaron informe en el que concluyen que hay “evidencia suficiente, inclusive observable físicamente”, para afirmar que sí existió un incendio “de grandes dimensiones” en ese lugar
* Por la tarde, tras la divulgación del informe, el GIEI criticó la “decisión unilateral” de la PGR de darlo a conocer y anunció su rompimiento con las autoridades encargadas de investigar la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en la ciudad de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014
Reemberto de N. Valdez
En el basurero de Cocula –donde según la PGR fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014— hay “evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió” un incendio “de grandes dimensiones”, y en donde al menos 17 personas fueron incineradas, concluyó el informe de un grupo de 6 expertos en comportamiento del fuego difundido ayer.
En el peritaje del grupo de expertos en incendios que se dio a conocer ayer, participó el perito español José Torero, quien el año pasado fue contratado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para hacer un estudio similar y en ese informe descartó que en el basurero de Cocula se hubiera registrado una pira que permitiera la incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014.
En conferencia de prensa que fue encabezada por Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), uno de los 6 especialistas que realizaron el tercer peritaje, Ricardo Damián Torres –quien por consenso fue designado como su representante—, explicó que “derivado de los diversos análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula.
Asimismo señaló que “la recolección de restos óseos –hecha en el lugar tras las detenciones de tres integrantes del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, Patricio Reyes Landa El Pato, Jonathan Osorio El Jona y Agustín García Reyes El Chereje, quienes en noviembre del 2014 aseguraron haber asesinado a un numeroso grupo de personas en el basurero de Cocula—, corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.
Damián Torres precisó que a partir de los resultados que obtuvieron él y otros 5 expertos, “podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos. Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad”, aclaró.
Finalmente expuso que “el grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de confirmar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos. Los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”.
Antes, el subprocurador Betanzos Torres explicó que la PGR y el GIEI, el jueves pasado “recibieron del grupo de especialistas internacionales en fuego el informe sobre un posible incendio los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, luego de que se acordó la realización de un tercer peritaje en el basurero de Cocula.
El funcionario de la PGR señaló que “el panel, conformado por seis expertos de reconocido prestigio: John DeeHaan, Frederick Mowrer, James Quintiere, Ricardo Torres, José Torero y Mario Saldaña, analizó durante seis semanas si las condiciones contenidas en testimonios y estudios periciales realizados con anterioridad, permitían determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en este sitio, con el fin de cumplir científicamente con los objetivos de la investigación del Caso Iguala”.
Finalmente explicó que “la realización de dicho estudio da cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre ambas instancias, el pasado 20 de octubre de 2015, durante la audiencia pública del caso Iguala que se desarrolló en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C.”
El GIEI rompe con la PGR y no avala el tercer peritaje
Por la tarde, el GIEI que está integrado por Carlos Beristáin, Francisco Cox Vial, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia, emitió un comunicado en el que fijaron su postura en torno a lo que consideran una “decisión unilateral” de la PGR, al dar a conocer los resultados de ese tercer peritaje sin el consentimiento o el aval de los expertos de la CIDH.
Señalan que para ellos “es claro que alguien tomó la decisión de romper” un “acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI, tomando una decisión unilateral por parte de la PGR”, y advierten que “en base a todo ello el GIEI considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio” realizado por los especialistas en comportamiento del fuego.
Añaden que “el GIEI lamenta profundamente esta forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso que hemos mantenido con la PGR en estos meses, en una de decisiones unilaterales y que violan los acuerdos tomados”, por lo que las declaraciones hechas ayer por el especialista Ricardo Damián Torres, “no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional”.
El grupo de expertos de la CIDH advierte que “reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.
Según los expertos de la CIDH, en febrero pasado “se firmó un convenio entre la PGR y el GIEI en el cual se establecían las bases para realizar”, el tercer peritaje, en el cual “se establecía que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y que todas las fases del estudio se realizarían de consenso” entre las partes.
El mismo comunicado que emitió ayer el GIEI, fue difundido también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ como suyo, y fue enviado a diversos medios de comunicación a través del correo electrónico tlachinollan.comunicacion@gmail.com
Vidulfo Rosales Sierra, activista de esa ONG, advirtió que si el GIEI es retirado de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas, las protestas de los padres de familia y de organizaciones que los respaldan regresarían a las calles de las principales ciudades de Guerrero.