* El ombudsman dijo que los delitos de carácter sexual generalmente son cometidos por personas de confianza, padres o familiares, suceden entre parientes, compadres, vecinos, y por eso no son denunciados
ANA LILIA TORRES
ACAPULCO.— En Guerrero existe una “cifra negra” de delitos sexuales o pedofilia que no son del dominio público porque no son denunciados por las víctimas, como sí ocurrió con el abuso del canadiense Walter Zuk hacia dos niñas en Acapulco, aseguró ayer el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), Ramón Navarrete Magdaleno.
“Por desgracia, los delitos de carácter sexual son delitos que generalmente son cometidos por personas de confianza, de padres o familiares, sucede entre parientes, compadres, vecinos, porque existe confianza para entrar al domicilio de la víctima”, dijo el ombudsman.
Añadió que esas características “nos dificulta” darles atención y seguimiento, “porque muchas veces las víctimas prefieren no denunciar, son casos que no entran en la lista pública, es una cifra negra que está oculta y lo que alcanzamos a ver en los juzgados y agencias del Ministerio Público no es nada significativo, comparado con lo que existe detrás de las paredes”, indicó.
Cuestionado sobre el caso del canadiense Walter Zuk, quien reconoció haber besado en la boca a dos niñas con el consentimiento del padre de la menor, Navarrete Magdaleno dijo que se trata de uno de tantos casos que ocurren y que la mayoría se mantienen ocultos.
“Este es un caso lamentable en el que la Comisión ha jugado un papel importante en la preservación de los derechos de las niñas, desde las primeras horas en que fue detenido este señor, cuando había sospecha de que lo podían dejar en libertad, la Comisión se apersonó en las instalaciones de la Fiscalía, verificando que hubiera rigor en el proceso”, dijo.
Señaló que se preocupó porque no hubiera ningún indicio de tortura contra el canadiense, para que no se valiera de este argumento para agilizar su libertad.
“Se constató que estuviera bien físicamente y que las niñas estuvieran en manos del DIF, y a partir de ahí ha habido un seguimiento permanente, hasta ayer en la declaración preparatoria y está en manos del juez la decisión de que si le otorga o no la libertad bajo fianza”, dijo.
El ombudsman indicó que existen situaciones como las que se presentan en las zonas indígenas, donde prevalece por usos y costumbres la venta o “trueque” de mujeres para darlas en casamiento, aunque por fortuna esta práctica va desapareciendo.