* Ricardo Mejía dijo que “al final de cuentas lo mejor que le puede pasar al país es que se sepa la verdad de lo ocurrido en Iguala” y con los 43 normalistas desaparecidos
Alondra García
El presidente de la Comisión de Seguimiento al Caso Iguala-Ayotzinapa del Congreso de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja, pidió al Estado mexicano “reconsiderar” su postura respecto a la no renovación del mandato al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El martes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que no se renovará el mandato del GIEI, el cual concluye el próximo 30 de abril, tras lo cual los expertos tendrán un mes adicional para presentar las conclusiones finales de la investigación que realizaron durante un año sobre los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando seis personas fueron asesinadas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Ante este anuncio, el diputado Ricardo Mejía Berdeja pidió al Gobierno federal reconsiderar la permanencia de los expertos Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain como coadyuvantes en la investigación que hace la Procuraduría General de la República sobre ese caso que cimbró al país.
“El Gobierno Federal debe ampliar el plazo, demostrar disponibilidad, porque al final de cuentas lo mejor que le puede pasar al país es que se sepa la verdad de lo ocurrido en Iguala”, señaló el legislador de Movimiento Ciudadano.
Uno de los principales argumentos en contra de la permanencia del GIEI ha sido el costo económico para el Estado mexicano.
El grupo de expertos tuvo dos mandatos de seis meses. El primero le costó al Gobierno federal un millón de dólares. El segundo, dos millones de dólares.
El gasto total para el Estado Mexicano fue de 3 millones de dólares, que al tipo de cambio actual equivale a 52 millones 290 mil pesos mexicanos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja consideró que la excusa del alto costo del GIEI no está fundamentada y que su labor bien vale la inversión millonaria.
“Es mucho lo que está en juego para el futuro de los derechos humanos en el país y para la búsqueda de la verdad”, insistió el legislador.
Consideró que el Caso Iguala-Ayotzinapa “es el tema que mayor conmoción y mayor descrédito ha generado para el país en el terreno internacional”, lo que obliga al gobierno federal a “tener mayor apertura” para que una instancia internacional coadyuve en su esclarecimiento.
Incluso argumentó que el costo del GIEI “no puede ser una excusa, cuando hay gastos excesivos en otros terrenos”.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano también criticó la “campaña de desprestigio” que hay en contra el GIEI, la que es orquestada por “grupos de ultraderecha que persiguen otro tipo de intereses”.
Detalló que esta campaña se enfocó principalmente en la colombiana Ángela María Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz.
Ambas fueron fiscales en sus respectivos países y, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, incurrieron en “mentiras, prevaricato y violación de los derechos humanos” en casos que llevaron en sus países de origen.
Recientemente también se involucró al secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria, por un presunto fraude millonario.
Respecto al trabajo realizado en este año por el GIEI, el diputado Mejía Berdeja consideró que fue útil porque mantuvo el caso “vivo en la opinión pública”.
El legislador también hizo un llamado a la PGR para que abra otras líneas de investigación diferentes a la “verdad histórica” expuesta en febrero del año pasado por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, la cual se basa en las declaraciones de varios sicarios del grupo criminal “Guerreros Unidos” quienes declararon ante el inisterio público que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en bolsas al río San Juan.
Mejía Berdeja consideró que la PGR debe “explorar la comunidad de Carrizalillo”, donde los habitantes aseguran que hubo movimientos de la delincuencia organizada durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Otra posibilidad que debe considerar la PGR, dijo, es el tráfico de estupefacientes en el quinto autobús, un dato que salió a la luz gracias el GIEI.
“Sería grave que concluya la permanencia del GIEI y que el gobierno federal y la PGR hicieran caso omiso de las recomendaciones que hizo este grupo expertos independientes”, advirtió el presidente de la Comisión de Seguimiento al Caso Iguala-Ayotzinapa.