Salvador Bello
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, calculó que para agosto de este año podrán salir en libertad los ocho policías comunitarios presos de la Casa de justicia del Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de los cuales lleva su caso jurídico.
Explicó en entrevista que “los compañeros estén obteniendo su libertad de aquí al mes de agosto; si todo camina bien”, pues aclaró que si los recursos son resueltos de acuerdo a los plazos establecidos y conforme a derecho, no hay elementos de prueba en contra de los comunitarios.
Dijo que las principales acusaciones en contra de sus defendidos son por secuestro, mas celebró que todos los criterios de los juzgados federales han dicho que estos no se cometieron, porque consideran que todos los actos de policías comunitarios fueron como autoridad legítima, facultadas por las leyes, los tratados y la constitución.
Aseguró que “las detenciones que efectuaron (los policías comunitarios que defiende legalmente) son procesos que llevaron acabó dentro del marco legal, consecuentemente, no hay delito que perseguir, ese ha sido el criterio de los jueces federales y ese fue el criterio en las seis resoluciones de Nestora Salgado, por lo que se logró su libertad”.
No reconoció que las detenciones de los policías comunitarios se dieron por violaciones a los derechos humanos y agregó que “no hemos mirado que haya habido violaciones a los derechos humanos de las personas y, si los hay, está la comisión estatal y existen procedimientos de la propia CRAC para resolver estos problemas”.
Garantizó que los que incurren en irregularidades son sancionados, incluyendo a los coordinadores de la CRAC, por lo que destacó que existen juicios de amparo, las quejas en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) a la que no escapan lo órganos de la Policía Comunitaria, quienes también tienen que ser regulados por los jueces, porque aclaró que también son una institución y son autoridades.
Reclamó que el Gobierno del Estado lo que hizo fue transgiversar la ley e imputó “indebidamente” delitos de secuestros, aceptó que se puede discutir la existencia de algunas irregularidades en las detenciones que realizan las policías comunitarias, “como en todo sistema judicial, no hay sistema judicial en el mundo perfecto, todos los incurren en irregularidades y por eso hay órganos internos que van regulando ese autoritarismo”.
Consideró que fue todo un espectáculo lo que hizo el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, de llevar a los comunitarios a penales federales, acto que calificó como aberrante y opinó que la detención de los comunitarios es como si a un juez o a un Ministerio Público los culparan por secuestro al detener a una persona.