* Está “demostrado que elementos del 27 Batallón presenciaron la agresión contra algunos de los estudiantes desaparecidos” el día de los hechos, aseguran Tlachinollan, Serapaz y Prodh
ALONDRA GARCÍA
Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos calificaron como legal y necesario que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se entrevisten con los militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para esclarecer el caso Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), presentaron ocho razones por las cuales el presidente Enrique Peña Nieto debiera autorizar la entrevista entre el GIEI y el Ejército Mexicano.
La primera razón, indican, es que las fuerzas armadas no pueden ser ajenas a la supervisión internacional en materia de derechos humanos.
Las organizaciones argumentaron que el GIEI fue creado en el marco de las atribuciones que la Convención Americana de los Derechos Humanos, un tratado internacional que concierne al Estado Mexicano en su conjunto, incluyendo al estamento militar.
La segunda razón, es que en un Estado democrático las fuerzas armadas no deben ser autónomas, sino sujetas a controles civiles.
En México, el Ejército y la Marina están sujetos a un comandante supremo civil, figura que corresponde al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones recordaron que el mandatario firmó el compromiso de apoyar la labor del GIEI y llevar la investigación hasta las últimas consecuencias.
Además, Tlachinollan, Prodh y Serapaz destacaron que la entrevista a los militares es absolutamente legal, porque “en el acuerdo de su creación, el GIEI fue habilitado por el Estado para entrevistar testigos y lo ha hecho sin mayor problema con policías municipales, estatales y federales, entre otras personas sin que nadie lo estimara ilegal”.
El cuarto punto presentado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos destaca que “se encuentra demostrado que elementos del 27 Batallón presenciaron la agresión contra algunos de los estudiantes desaparecidos”.
En particular, refirieron el caso de un elemento del Ejército que atestiguó directamente y durante al menos 40 minutos el ataque contra el autobús Estrella de Oro 1531, de donde un número indeterminado de estudiantes fue desaparecido.
Las organizaciones calificaron la información de dicho elementos como “fundamental” para la investigación.
Otra situación que destacaron, fue que la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, el Ejército operó en Iguala con un cuerpo irregular cuya intervención debe indagarse.
Describieron que el 27 Batallón desplegó elementos que operaron de manera encubierta como Órganos de Búsqueda de Información (OBI’s).
Por ello, lamentaron que hasta el momento no se ha documentado la estructura de este cuerpo ni se ha accedido a la información que generaba, con lo que se pierden elementos esenciales para el esclarecimiento.
La sexta justificación de las organizaciones, es que el Ejército intervino esa noche en la información recabada en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4) de Iguala.
Destacaron que los testigos que trabajaron en el C-4 refirieron que el Ejército intervino las comunicaciones, sin que se haya esclarecido esta posible sustracción de la información
Además, advirtieron que el Ejército cuenta con videos y fotografías de los hechos que no han sido debidamente incorporados en las investigaciones, tanto la realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), como la del GIEI.
Destacaron que hay militares que aceptan haber tomado fotografías y video de los hechos, pero no las han exhibido dentro del expediente o lo han hecho en formatos que impiden obtener mayor información
El último punto que argumentaron las organizaciones, es que los investigadores de la PGR no interrogaron exhaustivamente a los militares acerca de sus posibles vínculos con grupos delictivos.
“Pese a que el esclarecimiento cabal de los hechos demandaba interrogar a los militares sobre el contexto delincuencial de Iguala, los señalamientos de sus posibles vínculos con el narcotráfico y la dinámica de los hechos, los interrogatorios del Ministerio Público federal han sido complacientes”, se lee en el documento.
Indicaron que, de ser el Ejército la única institución que quede al margen del escrutinio que realiza el GIEI, quedará expuesto a que sobre él pesen, a perpetuidad, razonables dudas sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.