* Nuestra entidad se convirtió durante los 10 años que la gobernó el sol azteca en una de las más inseguras del país

 

* El 80 por ciento de los habitantes del estado se sienten inseguros viviendo en él, y el 70% de los guerrerenses mayores de 18 años consideran corruptas a las autoridades de seguridad pública

 

Jesús Saavedra

 

En la propuesta de Plan Estatal de Desarrollo (PED) que el gobernador, Héctor Astudillo Flores entregó el jueves pasado al Congreso del Estado, se alerta que Guerrero enfrenta “una crisis sin precedentes” por la violencia “vinculada al crimen organizado” que se generó en los últimos diez años o el período en el que gobernó el PRD.

Así la autoridad estatal, advierte que la “presencia, cada vez mayor del crimen organizado y la inseguridad pública que de ella se derivó no tiene precedentes; en los últimos diez años la entidad se convirtió en una de las más inseguras para vivir, despojando así a los guerrerenses de su tranquilidad y causando temor entre la sociedad. La gobernabilidad del estado se vio amenazada”, establece el PED en el diagnóstico que tienen en el rubro de Guerrero Seguro y de Leyes.

El documento en mención sostiene que Acapulco y Chilpancingo, “ocupan el segundo y el tercer lugar en la clasificación de las ciudades más inseguras en el país. Nos ubicamos en el segundo lugar de homicidios y en uno de los primeros lugares en secuestro y extorsión”.

Y asevera que en los últimos diez años “se fracturó el tejido social; Guerrero perdió sus principios y valores familiares, lo que hizo más vulnerables a los guerrerenses a integrarse al crimen organizado”.

En ese sentido establecen que “usar solo la fuerza pública para resolver esta problemática no es suficiente; se requiere también reconstruir el tejido social, mediante la instrumentación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los guerrerenses y el fomento de valores y principios familiares”.

“Hoy la inseguridad pública es uno de los temas más sensibles para los guerrerenses; el 80 por ciento de los habitantes del estado se sienten inseguros habitando en él”, precisa.

Explican que para mejorar los niveles de seguridad en Guerrero, “se requerirán de diversas intervenciones de política pública en más de un campo y no solo en los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia”.

Establece además que entre el 60 y 70 por ciento de la población mayor a los 18 años en Guerrero percibe como corruptas a sus autoridades de seguridad pública y que no hay confianza en los jueces, por lo que Guerrero ocupa el primer lugar con “mayor cifra negar (con un 97 por ciento de delitos no denunciados) que sin duda contribuyen a la inseguridad”.

Indican que en 2008 en Guerrero “operaba únicamente un cartel de narcotráfico (el encabezado por Beltrán Leyva), hoy se estima que en el estado están activas al menos nueve organizaciones de este tipo (de acuerdo a un informe de la PGR hoy están asentados en Guerrero 26 de los 80 grupos criminales que operan en México). Esta fragmentación, lejos de debilitar al narcotráfico, ha propiciado una mayor influencia y control de las organizaciones en las comunidades locales”.

Por ello aceptan que “hoy no existe fuerza policiaca local alguna con el armamento, la tecnología o la capacidad organizacional, capaces de competir con los de las organizaciones criminales”:

Establecen además que se debe combatir la impunidad, pues sostienen que el 95 por ciento de los homicidios dolosos que se comenten en la entidad “quedan impunes, un sistema judicial que aplica la ley discrecionalmente y según lo aceite el dinero, en nada contribuye a la seguridad”.

Critican además que en el sistema de procuración de justicia prevalezca “altos índices de parcialidad, corrupción, impunidad y tráfico de influencias”.

De 20 mil homicidios, solo el 3 por ciento sentenciados

“La violencia es hoy un asunto que ha adquirido carta de naturalidad en el estado; desde el 2012 (Guerrero) ocupa el nada honroso primer lugar en homicidios. La tasa de homicidios dolosos en el estado de 55 por cada cien mil habitantes es cuatro veces mayor a la que corresponde a la media nacional. Entre 2005 y 2014 se reportaron 19 mil 934 homicidios; en ese lapso se iniciaron 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidios dolosos, que dieron lugar a mil 601 acusaciones formales y 764 sentencias, en esto es que solo en 3.78 por ciento de los casos de homicidios reportados hubo una sentencia condenatoria”.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero del 2015 Guerrero era el segundo estado con una mayor tasa de secuestros y Acapulco desde el 2012 ocupa el segundo o tercer lugar de las ciudades más violentas en el mundo “estos datos muestran la gravedad de la situación actual de violencia e inseguridad en Guerrero”.

Impunidad en desapariciones forzadas

También en el PED se refieren al tema de la desaparición forzada de personas y en particular del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “la falta de reacción creíble y eficiente de parte del gobierno del estado levantó incluso preocupaciones sobre su estabilidad futura”.

E indica que de 1990 al 2014 la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ha documentado 90 casos de desaparición forzada y la Fiscalía investigó por su parte 44 casos adicionales, “sin embargo no se ha emitido orden de aprehensión alguna por esos delitos”.

Finalmente en el PED en este rubro establecen que la “solución a los problemas de inseguridad no le corresponde de manera exclusiva a los órganos del Estado. La sociedad civil puede y debe jugar un papel importante, pero ese papel no será el tomar en sus manos el combate al crimen organizado, sino el de emprender una colaboración segura con las autoridades, que no la ponga en riesgo”.