* Los tres niveles de gobierno deben aplicar medidas de austeridad y evitar gastos superfluos, considera la diputada federal del PRI
Gilberto Guzmán
La diputada federal Beatriz Vélez Núñez señaló que ante la crisis financiera en el país y el recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda al gasto público durante el presente año, los tres niveles de gobierno deben establecer medidas de austeridad que permitan eficientar los recursos disponibles, y reconoció la disposición del gobierno federal de defender los programas sociales y que se reduzca únicamente el gasto corriente.
En entrevista se le preguntó a la legisladora sobre el recorte de 132 mil millones de pesos al gasto público durante el 2016, anunciado por la Secretaría de Hacienda el miércoles 17 de febrero, que de acuerdo con el titular, Luis Videgaray Caso, equivalen a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto y el 60 por ciento del recorte será en gasto corriente y no afectará programas en materia de seguridad y de la Secretaría de Desarrollo Social.
La diputada señaló que ante la crisis financiera nacional es necesario que los diversos niveles de gobierno apliquen medidas de austeridad, evitar gastos superfluos, lujos que se daban los funcionarios o alcaldes.
“De esa forma habrán de tomar sus consideraciones los presidentes municipales, para disminuir los gastos propios y no afectar algún otro programa”, dijo.
Mencionó que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados ya presentó un exhorto para que no sean afectados los derechos laborales de los trabajadores, además de que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy claro en que el recorte millonario anunciado por la Secretaría de Hacienda no afectará los programas sociales.
“Básicamente, el recorte afectará el gasto corriente, viáticos, recursos que manejaba el Ejecutivo, en términos de no afectar a los programas sociales para la población más vulnerable”, señaló Vélez Núñez.
Como ejemplo, dijo, en el tema de Salud se aplicó un recorte del 5 por ciento pero no afecta la compra de medicamentos o contratación de personal, va enfocado a disminuir el gasto corriente de los funcionarios, como telefonía, combustible o adquisición de vehículos.
Expuso que recientemente participó en una reunión con el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, a quien le planteó la problemática de alrededor de 70 trabajadores de la dependencia en Guerrero a los que están despidiendo con el argumento de se debe recortar la nómina de trabajadores de confianza, para generar ahorros.
“Yo les pedí que no les quitaran el empleo a estos trabajadores, porque tienen familias, hijos qué sacar adelante, y es muy triste verlos incluso llorando porque no quieren perder su trabajo de 15 y 20 años laborando para Sagarpa”, expresó la legisladora.
“Desgraciadamente –continuó-, este recorte presupuestal llegó a las dependencias federales, afectando a algunos compañeros de trabajo que de alguna manera son de confianza, pero atrás de ellos hay una familia y que durante muchos años estuvieron laborando para las instituciones federales”, dijo.
Vélez Núñez indicó que hasta ahora el avance en las negociaciones es que se les pague un finiquito a los trabajadores despedidos, pero la petición central es que no sean despedidos.