* Expertos de la CIDH aseguran que investigar el tráfico de drogas en ruta Iguala-Chicago, podría ayudar al esclarecimiento del caso
* EEAF, GIEI, PGR y PF encontraron fosas en un lugar conocido como “Canal Grande”, pero los restos no eran de los 43 normalistas desaparecidos
* “Por deficiencias en la investigación”, 22 policías de Iguala obtuvieron amparo
Jonathan Cuevas
Al presentar en la Ciudad de México un nuevo avance de sus investigaciones en torno al caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho una fragmentación del caso en diferentes averiguaciones previas, de las cuales muchas están aún en manos de la SEIDO y no de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Esto ha resultado un obstáculo para lograr resultados claros y fehacientes, así como el hecho de que el Estado Mexicano siga evitando que el 27 Batallón de Infantería informe al GIEI sobre su participación en la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.
En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, presentaron el informe que indica los avances en su investigación a poco más de dos meses de que fenezca su segundo ciclo como GIEI, así como los obstáculos y dificultades que han encontrado en el proceso de indagación.
Dijeron que actualmente, el nuevo equipo de investigación de la PGR para el caso Ayotzinapa lleva ya tres meses trabajando con la coadyuvancia del Grupo, y ya concluyó el largo proceso de traslado del expediente del caso a ese nuevo equipo (en diciembre de 2014), y se han presentado diversos hechos relevantes en la investigación del caso, la atención de las víctimas y la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
En la conferencia, los expertos de la CIDH valoraron positivamente la creación de un equipo amplio de búsqueda concentrado en esta labor en el último mes y la disposición para trabajar en conjunto de la nueva unidad de investigación.
Avances
En torno a los avances, informaron que el GIEI señaló que por una parte, se han reiniciado las búsquedas de los normalistas desaparecidos, paralizadas desde hace muchos meses.
“Las búsquedas se están haciendo en diversos lugares de Iguala y Cocula, y continuarán en las próximas semanas. Para realizar las diligencias de búsqueda, se creó un equipo especial en el que participan la Procuraduría General de la República (PGR), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el GIEI, con el apoyo de la Policía Federal. Como resultado de dichas acciones se descubrió una fosa con dos cuerpos en el lugar llamado ´Canal Grande´, y ya se verificó que no corresponden a los normalistas”, detallaron.
Además, a partir de la información revelada en el Informe Ayotzinapa, el GIEI ha impulsado junto con la PGR la toma de declaraciones a miembros de otros cuerpos policiales y otras autoridades.
El GIEI ha realizado acciones para obtener nuevas informaciones sobre la hipótesis del quinto camión. La asistencia técnica solicitada por el Grupo a inicios de noviembre de 2015 fue enviada finalmente el 15 de febrero de 2016 por la PGR. El GIEI considera que esta información relativa a un caso judicial sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago, a través de autobuses, puede contribuir al esclarecimiento del caso.
Atención a víctimas y desaparición forzada
El informe del GIEI engloba también la atención que se ha brindado a víctimas de este caso y por las desapariciones forzadas. Como parte del mandato de evaluar y realizar recomendaciones sobre la atención a las víctimas, han impulsado la realización de un estudio psicosocial para elaborar un diagnóstico del impacto de los hechos en los familiares de los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos.
“Dicho estudio será realizado por un equipo independiente de confianza de las víctimas y con la competencia profesional adecuada, y proporcionará elementos para la atención a las víctimas en el presente y el futuro”.
Asimismo, el Grupo continúa trabajando con los representantes del Estado y de las víctimas para llevar a cabo la atención las víctimas del caso, incluyendo familiares y otros, así como a los heridos graves con secuelas, incluyendo el futuro de la atención de Aldo Gutiérrez, quien permanece en coma.
En la tarea del GIEI relativa a elaborar recomendaciones en materia de política pública para el tema de la desaparición forzada, los expertos dieron a finales del año 2015 comentarios y recomendaciones para el proyecto de ley presentado por el gobierno de México en materia desaparición de personas, que en la actualidad se encuentra en el Senado.
“El Grupo espera participar en las próximas semanas en los espacios de discusión en el Senado y otros espacios, a fin de contribuir a que dicha ley responda a los más altos estándares internacionales, tal y como ha sido solicitado por las autoridades del Estado”, señalaron.
Obstáculos y dificultades
Entre otras cosas, se dieron a conocer los obstáculos que ha encontrado el GIEI en este proceso de investigación, así como las dificultades presentadas.
“Debido proceso y derechos de las víctimas. Recientemente, el Grupo conoció la aceptación parcial del recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados del asesinato y las atrocidades cometidas contra Julio César Mondragón, debido a la falta de motivación de los autos de consignación llevados a cabo por el juez, con base en la información proporcionada por la PGJG (Procuraduría General de Justicia de Guerrero). Este amparo fue presentado en noviembre de 2014, es decir, dos meses después de los hechos y cuatro meses antes de que llegara el GIEI a México”, alertaron.
Consideraron que éste es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso debido a las deficiencias en la investigación, mismas que ya han sido señaladas con anterioridad.
“Esta situación puede repetirse en el futuro. El GIEI ha alertado en numerosas ocasiones a la PGR sobre la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba para fortalecer las consignaciones y evitar este tipo de problemas en la impartición de la justicia”, solicitaron los expertos.
Resaltaron que en el caso de Julio César Mondragón han aumentado los impactos en las víctimas, debido a que tras la realización de la autopsia transcurrió un largo proceso de espera –¡tres meses!— para tomar una muestra de ADN, lo que ha provocado un enorme sufrimiento en la familia.
“El GIEI considera que este caso muestra el impacto de la burocracia, la excesiva formalización de las normas procesales y la falta de sensibilidad de algunas autoridades involucradas en dicha práctica. Una respuesta ágil y rápida hubiera evitado mucho sufrimiento a la familia”, reprocharon.
Hablaron, además de una “fragmentación interna” en el expediente. Al respecto, “el Grupo ha manifestado a la PGR su preocupación por la fragmentación interna del expediente y la investigación de los hechos de 26 y 27 de septiembre. Mientras la investigación ha ido avanzando a través de las peticiones y propuestas realizadas por el Grupo al nuevo equipo de investigación, simultáneamente, la SEIDO ha ido abriendo otras averiguaciones previas, que han supuesto en la práctica la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes claves para el caso”.
“Esto sucedió, por ejemplo, con los restos óseos recogidos en un lugar denominado ´La Carnicería´, en las inmediaciones del basurero de Cocula, los cuales no han sido procesados de acuerdo con los protocolos suscritos con las víctimas, a pesar de que la información sobre dicho lugar surgió de una denuncia realizada por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos”, detallaron los miembros del Grupo.
Además, aclararon se duplica el uso del nombre La Carnicería para dos lugares diferentes, lo que genera mayor confusión.
También, en meses recientes se han hecho diversas detenciones, como las del cabo Gil y “Los Peques”, entre otras, relevantes para el caso y solicitadas por el GIEI en su informe. Sin embargo, la declaración de estos posibles implicados y otras pruebas no se encuentran en el expediente del caso (AP001), sino en nuevas averiguaciones previas nuevas abiertas por la SEIDO y a las que el GIEI no ha tenido acceso.
“El Grupo también señala con preocupación las acciones que tienden de nuevo a señalar el escenario del basurero de Cocula como el lugar en el que habrían sido asesinados y cremados los 43 normalistas. Mientras el EAAF publicó recientemente su informe en el que refuerza las conclusiones del GIEI, en el sentido de la imposibilidad de que dicha acción se hubiera llevado el día 27 de septiembre de 2014, nuevas detenciones hechas en flagrancia por porte de armas o posesión de drogas, son investigadas por otras secciones de la PGR donde en vez de indagar la flagrancia se indaga sobre los 43 estudiantes sin informar a la unidad específica del caso”.
“Las revelaciones públicas de algunas de dichas detenciones intentan generar una quinta versión de los hechos, en el sentido de que 17 normalistas –o alguna otra cifra— habrían sido asesinados y quemados en dicho basurero. El GIEI alertó el GIEI sobre esta quinta versión, que no se sustentaba en los distintos elementos de convicción ni declaraciones, días después de la presentación de su informe en septiembre de 2015”, aclararon.
También afirmaron que han hecho saber a la Procuradora y a la SEIDO que prácticas como ésta y la suponen un obstáculo para la integridad de la investigación y limitan los alcances de la misma, además de que ha solicitado el acceso a todas las averiguaciones previas abiertas en estos meses que tengan información relativa al caso y hayan sido hechas sin su conocimiento.
Para los investigadores, la existencia de múltiples averiguaciones previas impide conocer elementos definitivos para atribuir delitos complejos a los autores de los criminales hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual ya han planteado a la Procuradora de la República.
Por otra parte, aún existen numerosas diligencias propuestas por el GIEI que no se han realizado en estos meses, tales como declaraciones de policías estatales, de autoridades de Guerrero y de testigos de ciertos hechos relevantes que esperamos que sean llevadas adelante con celeridad.
“El GIEI ha vuelto a realizar su solicitud de toma de declaraciones a los miembros del 27 batallón, presentes en diferentes escenarios de la tarde, noche y madrugada del 26 y 27 de noviembre de 2014 en Iguala. El Grupo ha señalado a las autoridades su disposición para que dichas declaraciones sean tomadas por personal de la PGR en presencia de miembros del GIEI, en las mismas condiciones en que han sido realizadas de conformidad con lo dispuesto por la PGR en el resto de las ocasiones. El GIEI reitera la importancia de tomar estas declaraciones”, insistieron.
Además, señalaron que no se ha producido la entrega en el expediente documentación pedida por la PGR y los originales de material fotográfico y de video tomados por miembros del 27 batallón en la noche de los hechos. (API)