* Sostuvo que la detención es ilegal y arbitraria, su proceso injusto y exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las varias violaciones a sus derechos humanos
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU este martes emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora Salgado, quien es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EE. UU.), asegura la defensa de la líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, en la Unión Americana.
El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica, así como las respuestas del Estado de México. Sostuvo que la detención de la señora Salgado es ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las varias violaciones a sus derechos humanos, señalan en un comunicado.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado. Emitió medidas cautelares en respuesta a sus alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud. Sin embargo, sigue detenida.
“Esta es una fuerte condena a tantas injusticias que ha sufrido Nestora en manos del Estado mexicano,” dijo Alejandra Gonza, abogada de Nestora Salgado.
“Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo; ahora México debe liberarla inmediatamente”.
“Nestora jamás contó ni cuenta con un debido proceso, la están juzgando dos veces y está cumpliendo una condena anticipada”, afirmó por su parte Ricardo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos que forma parte de su defensa internacional. “México nunca la presumió inocente.”
Nestora Salgado fue detenida por fuerzas militares en agosto de 2013 por su trabajo como policía comunitaria de Olinalá. Tanto la ley de Guerrero como la Constitución de México garantizan los derechos de las comunidades indígenas a formar sus propios sistemas de seguridad y justicia, concluye el comunicado.