Salvador Bello
El presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre seis y siete amenazas, presuntamente del crimen organizado, que le realizaron vía telefónica.
Alrededor de las 11:00 horas de ayer, acudió a las oficinas de la PGR donde interpuso su respectiva denuncia en contra de quien resulte responsable por las amenazas que ha recibido en contra de su persona y de su familia.
Al interior del inmueble, el edil tardó unas dos horas y a la salida brindó entrevista a los medios de comunicación, en la que señaló que como autoridad está obligado a interponer una denuncia por las amenazas de las que ha sido objeto en los últimos días y meses.
Mencionó que ya está la autoridad correspondiente enterada de esta situación y confió en que ellos harán las investigaciones.
Especificó que son 6 ó 7 las amenazas telefónicas de las cuales ya entregó como evidencia los números, todos con lada de la ciudad México, para que sean investigados y el contenido de las llamadas.
“De alguna manera estas amenazas atentan contra mi familia y mi integridad personal, desafortunadamente entiendo que esta situación va implícita con el cargo”, dijo.
Como consecuencia, reveló que su seguridad personal y la de su familia la ha reforzado últimamente, pero también indicó que le preocupa la seguridad de todos los capitalinos.
Señaló que en las llamadas le realizaron exigencias en el sentido económico, es decir, que pague la llamada “cuota”, y que la autoridad municipal “afloje” sus modelos institucionales para que ellos puedan penetrar y ser parte del gobierno.
“Nos han dicho que exigen cuota, aunque no han especificado una cantidad (…) tampoco tenemos ningún indicio y por eso acudimos a la autoridad para aquellos investiguen (…) ya que todos son sujetos de investigación”, mencionó.
Al preguntarle si le han exigido cargos, indicó que no, pero advirtió que aunque así fuera no se les dejará ninguno y menos en el área de seguridad pública donde se acredita a los policías y al mismo secretario.
Recordó que las llamadas iniciaron aproximadamente 15 días después de que ingreso como alcalde, consideró que son del crimen organizado por el tipo de lenguaje que estas personas utilizan y calculó que la última que recibió fue hace 15 días.
Por otro lado, aseguró que hasta el momento no se ha enterado de que otros alcaldes sufran de esta situación y confesó que no tiene reportes de amenazas a algunos otros funcionarios del Ayuntamiento, pero expuso que es de su conocimiento que un trabajador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) fue secuestrado y liberado posteriormente.
Confesó que hasta ayer por la mañana se enteró de que algunos comerciantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fueron amenazados por parte del crimen organizado con la finalidad de que cerraran sus negocios para que toda la gente acudiera a la feria.
Lamentó que “al momento en que ellos (los comerciantes) tienen que hacer la denuncia, no quieren, y esto no puede quedar solamente así”.
Hizo el llamado a todos los comerciantes afectados a que tengan confianza en las instituciones de gobierno y pongan su denuncia para que les resuelvan estos problemas.