* José Armenta, delegado de esa dependencia, dijo que procederá legalmente contra constructores que entregaron obras de mala calidad y no han hecho las reparaciones correspondientes
GILBERTO GUZMÁN
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, informó que se iniciarán acciones legales contra empresas que no cumplieron a cabalidad con las obras de construcción de viviendas para damnificados por las tormentas ‘Manuel’ e ‘Ingrid’ en Guerrero, o que entregaron obras de mala calidad y no han hecho las reparaciones obligatorias.
En entrevista, el funcionario federal informó que el viernes realizó un recorrido por la comunidad de Venta Vieja, en el municipio de Juan R. Escudero, para supervisar la construcción de las viviendas en las cuales serán reubicadas 116 familias de la comunidad Agua de Perro, como parte del Plan Nuevo Guerrero.
Mencionó que todas las viviendas se entregarán con los servicios de agua, luz y drenaje, gracias a la coordinación entre el gobierno federal y el municipio.
Indicó que la empresa constructora ha ofrecido concluir los trabajos de mitigación en las viviendas a más tardar el día 20 de diciembre, además de que se analiza con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) y su símil estatal, el IGIFE, la fecha en que entregarán los planteles escolares atendidos con recursos del Plan Nuevo Guerrero.
En cuanto a las quejas que se han recibido por algunas fallas en viviendas, señaló que hay observaciones en trabajos donde las empresas no han cumplido con las exigencias de calidad por parte de la Sedatu, y por lo tanto cada contrato que la dependencia ha celebrado con las distintas empresas se encuentra respaldado por el depósito de fianzas por vicios ocultos y los defectos que pudieran existir tienen posibilidades de corregirse.
En ese tema, anunció que la Sedatu iniciará procedimientos legales contra empresas que hubiesen abandonado las obras o que hubiesen entregado trabajos de mala calidad.
“Lo importante es no interrumpir ningún proceso, el que pudiéramos llegar a tener problemas legales y que atrasen la entrega de las viviendas es lo no deseable, entonces primero tendríamos que establecer acuerdos, destrabar los que hubiesen sido o que sean posibles y avanzar, los menos que queden habremos de proceder de manera legal y tendrían que ser asignadas nuevamente las obras”, indicó.
Sobre la postura de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que señala que los recursos del Plan Nuevo Guerrero no están siendo ejecutados por empresas locales, Armenta Tello dijo que hay procesos que se encuentran detenidos por la revisión de procedimientos, y que hay identificadas 43 empresas que pertenecen a la CMIC y se están planteando esquemas para destrabar los procesos atorados.
“Hay terminaciones anticipadas, hay reactivación o retomo de los trabajos y obviamente esto detona los procesos administrativos de pago, una vez que hayamos revisado y que hayamos consensuado la información que tenemos ambas partes”, comentó.