* Se requieren 3 mil 323 millones para gastos de fin de año, que el gobierno anterior no previó y no dejó fondos, informó el titular de la Sefina
* Advirtió que ante las múltiples irregularidades financieras que se han detectado en la pasada administración, “no vamos a ser tapadera de nadie”
* Reveló que sólo en esa dependencia encontró una lista de 50 “comisionados” a los que todavía anda buscando para saber quiénes son
Gilberto Guzmán / Alondra García
Después de afirmar que la administración que encabezó Rogelio Ortega Martínez no dejó recursos para cumplir obligaciones de fin de año como salarios, aguinaldos y prestaciones a los trabajadores y servidores públicos, el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, aseguró que el gobierno estatal requiere de 3 mil 323 millones de pesos para saldar esos compromisos, y advirtió que ante las diversas irregularidades financieras encontradas “no vamos a ser tapadera de nadie”.
El funcionario estatal dijo que se trata sin duda de la peor crisis financiera que se haya registrado en Guerrero, que se da en un contexto de problemas financieros en el país, porque “no podemos olvidarnos de que finalmente somos parte de un país, y que lo que sucede en el contexto nacional, afecta de manera importante en Guerrero”.
Apreza Patrón reiteró que Guerrero enfrenta una grave crisis financiera heredada por el anterior gobierno, y por lo tanto para que se cumplan las obligaciones con los trabajadores y servidores públicos del estado, se requieren 3 mil 323 millones de pesos para los gastos de fin de año.
Explicó que esos gastos no corresponden a pagos de proveedores, pago de telefonía y gastos superfluos, sino a los compromisos que representa el pago de sueldos, salarios, aguinaldos y prestaciones a servidores públicos, jubilados y pensionados.
Subrayó que esa cantidad de 3 mil 323 millones de pesos no tiene precedente en la historia de Guerrero, y que al gobernador Héctor Astudillo le ha tocado recibir la administración con ese nivel de compromisos.
Indicó que esa situación obliga al Gobierno estatal a desplegar un programa de relaciones y gestiones ante el Gobierno federal, encabezadas por el gobernador ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ante el presidente Enrique Peña Nieto.
Consideró que habrá una respuesta positiva del gobierno federal para esas peticiones, pero la crisis financiera no tiene precedentes en la memoria política del estado de Guerrero.
Héctor Apreza señaló que para el mes de octubre, la anterior administración debió haber ahorrado más de 800 millones de pesos para el pago de aguinaldos, así como más de 250 millones de pesos para cumplir las obligaciones con jubilados y pensionados y más de 200 millones de pesos para el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), por mencionar algunos.
“No lo hicieron, y en consecuencia heredaron al gobernador Astudillo ese faltante, que de alguna manera tenemos que sacarlo, tenemos que conseguirlo, porque el gobernador Astudillo tiene como objetivo central salvaguardar los intereses de los trabajadores, de los servidores públicos”, afirmó.
El titular de la Sefina indicó que la Ley de Entrega-Recepción establece que hay un periodo de 30 días hábiles después de la firma del acta de entrega-recepción para poder realizar las aclaraciones necesarias con quienes representaron al gobierno anterior.
Añadió que están en vísperas de esa reunión de aclaraciones y posteriormente en varias actas de la administración pública estatal, se realizarán auditorías a fondo con el fin de conocer a detalle cómo se hicieron las cosas en la anterior administración –encabezada por Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez—, dónde hubo desvío de recursos, quiénes son los responsables y proceder de conformidad como lo establece la ley. “Por supuesto, que no vamos a ser tapadera de nadie”, advirtió.
Por otra parte, al referirse al presupuesto del próximo año, que será de 48 mil 409 millones de pesos, casi 4 mil más que el ejercido este año, no habrá mucha posibilidad de maniobra para el estado, porque la mayoría de los recursos vienen etiquetados, y como ejemplo puso que casi 17 mil millones se destinan al sector educativo y casi la totalidad serán para el pago de la nómina magisterial.
Precisó que de cada peso de ese presupuesto de 48 mil 409 millones, 96.4 centavos provienen de la federación y apenas 3.6 centavos son recursos propios del estado.
En ese sentido dijo que no habrá más ni nuevos impuestos, pero reconoció que deberán poner énfasis en lograr una mejor recaudación en el estado y echar a andar un plan de austeridad para reducir los gastos del aparato burocrático, lo que no es muy sencillo, porque el 93 por ciento de esos gastos se destinan a pago de salarios.
Para ello, señaló, habrá una política para hacer más eficiente el manejo de los recursos humanos, para evitar que haya quienes cobren dobles plazas o como comisionados sin acudir a centros de trabajo, y ejemplificó que sólo en la oficina del secretario de Finanzas –la que él encabeza— “en el acta de entrega recepción le aparecen 50 nombres que dicen ‘comisionados’ y todavía los ando buscando” para saber quiénes son, aunque informó que ya se les retuvieron sus pagos.