Juan José Romero
El alcalde Marco Antonio Leyva Mena exigió una explicación a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), del porqué la liberación de tres presuntos delincuentes detenidos la semana pasada.
El pasado 20 de noviembre, después de una persecución sobre la avenida Lázaro Cárdenas, tres presuntos asaltantes fueron detenidos por la policía municipal y puestos a disposición de las autoridades federales, quienes posteriormente los liberaron.
En este sentido, el edil reconoció que él no determina culpabilidades, ni responsabilidades, simplemente exigió una explicación “para que sepamos que pasó en ese caso”.
Insistió en cuestionar al delegado de la dependencia federal, bajo qué criterios los delincuentes detenidos por el municipio fueron liberados, con lo que se deja en la vulnerabilidad a la ciudad.
Asimismo, reconoció la falta de elementos de seguridad para brindar el servicio que la ciudadana demanda, y es que actualmente Chilpancingo solo cuenta con 115 para la ciudad que tiene más de 800 colonias.
Señaló que la apuesta es a que se fortalezcan programas como el de ‘Vecino Vigilante’, “si no recuperamos el espacio público, las organizaciones delincuenciales nos van a hacer sus presas”, dijo.
Pese a esto, el edil pidió confianza en las instituciones, pero insistió en saber lo que pasó en el caso.
Sobre la postura de los obispos de pactar con la delincuencia organizada, Leyva dijo que cuando se entra en esa ruta de negociar con personas que tienen como conducta natural el delinquir, y quebrantar el Estado de Derecho “creo que no es lo adecuado”.
Por otro lado, informó que en Chilpancingo, el 65 % de los usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), no pagan el servicio que reciben argumentando deficiencia en el mismo.
Ante esto, se pretende instalar medidores para saber qué cantidad cobrar de agua por cada usuario, ya que actualmente no se tiene forma de saber la cantidad que cada hogar usa.
Reconoció que esto requiere de una inversión fuerte y solidaridad del gobierno federal, y estatal para implementarlo, en una primera etapa en el primer cuadro y posteriormente expandirlo a la ciudad.
Indicó que tampoco se ha podido suspender el servicio a quien no paga, “porque no tenemos modo de medir”, lo cual se vuelve un problema porque en algunos casos el agua podría estar llegando, pero “la gente dice yo no recibo el agua por eso no te pago”.
Una situación similar pasa con el cobro del impuesto predial que de acuerdo al padrón, solo paga entre el 17 y 18 por ciento lo que representa un ingreso de solo 40 millones de pesos de 250 millones que se podría ingresar si todos pagaran. (Notymás)