Por unanimidad, el pleno del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero aprobó la propuesta de Ley Orgánica que presentó la Comisión Institucional de Reforma, con base en los resolutivos del V Congreso General Universitario, donde se mejorarán los Modelos de Organización Académica, Gobierno y Gestión Universitaria.
Así mismo por decisión unánime, el Consejo Universitario decidió que el rector, Javier Saldaña Almazán acompañado por los miembros de la Comisión de Reforma, entreguen la propuesta de Ley al Ejecutivo Estatal para que este a su vez lo turne al Legislativo, para que la analicen y en su caso, lo aprueben.
En su calidad de presidente de Consejo, Saldaña Almazán catalogó el hecho como “histórico para la vida académica institucional de la UAGro”.
“Nuestro estado requiere de una universidad renovada, que refrende su pertinencia, inclusión y responsabilidad; dimos una muestra democrática y pusimos el ejemplo de que con trabajo en unidad y diálogo, sí es posible consolidar proyectos que beneficien las condiciones educativas del pueblo”, afirmó el rector.
Por otra parte, el coordinador de las Comisiones Institucionales de Reforma, Ramón Reyes Carreto expuso los resolutivos y agregados que conforman la propuesta de Ley Orgánica, revisada por los integrantes de las comisiones Legislativa, la Revisora del Organigrama y la Comisión Redactora de Acuerdos, integradas en la sesión ordinaria del 9 de octubre.
Reyes Carreto señaló que quedó estipulada la reelección de rector y directores de Unidades por una ocasión en el periodo siguiente.
Por otra parte, se determinó la creación del Tribunal Superior Universitario para la defensoría de los derechos humanos estudiantiles y que además, revise y haga valer la legislación universitaria.
Este organismo también será quien realice los procedimientos para prevenir y sancionar el personal académico por ausentismo, violaciones severas a la legislación y corrupción en los planteles.
Sobre rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, la plenaria votó por incorporar la obligación de todas las autoridades universitarias a rendir cuentas anualmente, así como realizar una auditoria externa al rector y auditorías internas a los directores de escuelas.