* El principal lastre del gobernador sustituto fue el haber designado en cargos clave a funcionarios que demostraron, hasta cansarse, su incapacidad
Gilberto Guzmán
En un año como gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez consiguió “pacificar” el movimiento social que se convulsionó a partir del Caso Iguala-Ayotzinapa –aunque las versiones apuntan a una coacción económica de las principales organizaciones sociales involucradas—, abrió la residencia oficial Casa Guerrero y la convirtió en recinto cultural en una acción más de populismo que de buen gobierno, pero sus desaciertos fueron mayores y a unas horas de que entregue la administración estatal al priísta Héctor Astudillo Flores, la opinión generalizada entre los usuarios de las redes sociales es que lo único bueno es que su gobierno ya se acabó.
Otro comentario es que si bien hace unos meses ya no hay protestas violentas por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y de los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, con el argumento de exigir el esclarecimiento del Caso Iguala y la aparición de sus 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre pasado, la acción que haya aplicado para contenerlas no fue tan efectiva, porque el magisterio disidente amaga con boicotear la toma de protesta de Astudillo, este martes 27 de octubre.
Rogelio Ortega era secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) en octubre del 2014, cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia al cargo, presionado por el Caso Iguala-Ayotzinapa, y el universitario fue designado como gobernador interino por el Congreso del Estado, y ratificado como gobernador sustituto una vez que Aguirre confirmó que no regresaría al cargo, en abril pasado.
Originario de Taxco de Alarcón, con un pasado personal que lo liga con la guerrillera durante su juventud y con grado de doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, Ortega Martínez había buscado ser rector de la UAGro en dos ocasiones, y para la tercera ocasión decidió apoyar en una candidatura de unidad del actual rector, Javier Saldaña Almazán, quien recientemente operó que el Consejo Universitario aprobara la reelección en la universidad, lo cual complica que una vez que concluya su primer periodo alguien más pueda acceder al cargo.
Los desaciertos en el gabinete
Entre los desaciertos del gobernador Ortega destacan el nombramiento de su gabinete.
Designó en puestos claves a sus amigos, fue un club de cuates administrando los recursos y problemas de la entidad, y en consecuencia no se observó una operación política o una administración adecuada.
Por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno colocó a David Cienfuegos Salgado, un universitario con importantes credenciales académicas pero que durante los primeros meses del año que le tocó gobernar a Ortega, permitió que las protestas de las organizaciones sociales mantuvieran el sello de la destrucción y el saqueo en contra de empresas particulares o inmuebles públicos, hasta que se supo que el gobernador operó con dinero la división del movimiento y lo fue debilitando hasta lograr la “pacificación” que se dedicó a presumir cuando buscó la ratificación en el cargo.
Lo cierto es que no hubo tal desactivación del conflicto, porque la CETEG amaga con movilizarse este martes 27 de octubre, y boicotear la toma de protesta de Astudillo Flores como gobernador.
En la Secretaría de Finanzas designó a Eliseo Moyao Morales, quien tiene su origen como funcionario público en el Gobierno del Distrito Federal, donde fue delegado y formó parte del grupo político de René Bejarano, el líder perredista que fue grabado recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, por lo cual estuvo preso.
En Guerrero, Eliseo Moyao se dedicó a administrar a conveniencia del grupo del gobernador Ortega los 44 mil 53 millones 803 mil pesos del Presupuesto de 2015 –más lo que restaba del 2014 cuando asumió el cargo—, pero cuando está a punto de dejar el cargo alega que no hubo recursos para la atención de los problemas del estado y endosa la responsabilidad al gobierno entrante.
En la Secretaría de Educación designó al veterano líder estudiantil del movimiento de 1968, Salvador Martínez Della Rocca, quien en medio del conflicto magisterial durante el año que estuvo en la administración estatal se dedicó a nadar de muertito y dejar que la CETEG hiciera lo que quiso, menos cumplir con sus obligaciones en las aulas, en detrimento de la educación.
Incluso, en mayo pasado el funcionario anunció que había presentado su renuncia al cargo porque su presencia no se justificaba en Guerrero, ante la imposibilidad de establecer acuerdos con el magisterio disidente.
Y apenas la semana pasada se enfrentó con el gobierno federal al afirmar que en Guerrero no se aplicarían descuentos salariales a maestros que faltaron a las aulas para participar en protestas, para no echarle más leña al fuego, aunque tuvo que dar marcha atrás y aceptar que la SEG haría lo que le correspondía para aplicar esa sanción a los cetegistas.
En la Secretaría de Desarrollo Rural colocó al universitario y productor de mezcal Rigoberto Acosta González, a quien además de señalarle su inexperiencia para dirigir al sector agropecuario, se le acusa de no haber pagado 550 millones de pesos correspondientes al Seguro Catastrófico contra la sequía que afectó las parcelas de los campesinos de buena parte del estado, por lo cual no se les estaba pagando por la pérdida de cultivos.
“Desafortunadamente, el no conocer la operación del campo hace que se apliquen estas políticas fallidas”, dijo el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCAySC), Evencio Romero Sotelo, sobre el funcionario.
Y en la Secretaría de Salud puso como titular a Edmundo Dantés Escobar Habeica, un profesor de la Escuela de Medicina de la UAG, con antecedentes de pedir favores sexuales a las alumnas a cambio de otorgarles calificaciones favorables, y que en la dependencia no hizo más que dejar crecer el déficit financiero al no pagar a proveedores.
Por citar un ejemplo, no hay abasto de medicamentos e insumos en las unidades médicas por un adeudo de 400 millones de pesos con los proveedores, que mientras no reciban el pago no hacen nuevas entregas.
El déficit en la dependencia es de 6 mil millones de pesos, según información proporcionada por la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, quien ha sido dirigente del Sindicato de Salud en Guerrero.
Hace algunos meses, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Edmundo Escobar les dijo a los diputados de la 60 Legislatura que tenía seguridad personal porque estuvo a punto de ser secuestrado, y que le presentó su renuncia al gobernador Ortega, pero éste le dijo que lo necesitaba en el cargo; es decir, el gobernador prefirió destinar recursos a la asignación de escoltas y adquisición de camionetas blindadas, en lugar de designar a otro funcionario que no tuviera problemas de inseguridad.
El dilema de Casa Guerrero
Entre los logros que presume Rogelio Ortega, además de la desactivación del conflicto social, se encuentra el haber abierto las puertas de la residencia oficial Casa Guerrero a los normalistas de Ayotzinapa y en consecuencia a las organizaciones sociales, en un acto donde se les permitió vandalizar en el interior del inmueble.
Dada la destrucción provocada en la Casa Guerrero, Ortega Martínez tuvo la ocurrencia de convertir ese inmueble en una Casa de la Cultura, para lo cual hizo una mínima inversión, pero el gobernador electo anunció que cuando asuma el cargo la volverá a recuperar como residencia del titular del Ejecutivo.