*La PGR no logró acreditarle la comisión del delito de lavado de dinero y un tribunal federal en Guanajuato ordenó su liberación inmediata, ayer
Redacción
Un tribunal federal ordenó ayer la liberación inmediata de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó su acusación por lavar casi 32 millones de pesos.
El mismo tribunal también confirmó la formal prisión a otros 8 implicados en el supuesto desvío y lavado de 268 millones de pesos, entre ellos Luis Ángel Aguirre Pérez, también familiar del exmandatario guerrerense.
De acuerdo con fuentes del Reclusorio Sur, Carlos M. Aguirre Rivero abandonó el centro penitenciario alrededor de las 3:00 horas de este jueves, tras realizar durante más de cuatro horas los trámites de excarcelación en el interior.
De acuerdo con información difundida por Reforma en su página electrónica, con la resolución de Arturo Rafael Segura Madueño, magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, el hermano del exgobernador de Guerrero abandonó la madrugada de este jueves 8 de octubre el Reclusorio Sur del Distrito Federal, lugar donde por motivos de salud estaba internado desde principios de junio, luego de cuatro meses de reclusión en el penal federal del Altiplano.
Carlos M. Aguirre fue detenido el pasado 10 de febrero por Policías Federales, con base en una orden de aprehensión girada por el Juez Décimo Quinto del Estado de México y lo pusieron a disposición de un juez por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Al confirmar entonces su detención, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, dijo que Carlos M. Aguirre y otras seis personas detenidas ese día habían desviado más de 287 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y otros, a través de dos empresas constructoras.
En un comunicado, la PGR respondió que ya acató esta decisión judicial, “sin que ello necesariamente implique que se coincide con el criterio asumido. Tampoco conlleva que se deje de investigar los presentes hechos y la participación probable que tengan otras personas en los mismos”.
Por ello, la PGR dice que continúa con el proceso de allegarse nuevas pruebas “para, en su caso, proceder nuevamente en su contra“.