* El alcalde de Chilpancingo afirmó que el déficit mensual que se genera por el pago de salarios a los trabajadores es de entre 3 p 4 millones de pesos “que se tienen que sacar de algún lado”
* Dijo que sólo para el pago de despensas para empleados municipales y de Capach, se deben erogar 700 mil pesos mensuales
JESÚS SAAVEDRA
Aunque aceptó que durante su administración ha destinado recursos de otras partidas para pagar los salarios de los trabajadores municipales, el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo que ha desviado dinero público para beneficiarse, por lo que está preparado para “sostener su inocencia” en caso de que sea necesario.
El primer edil capitalino acudió este sábado al desayuno del festejo a la Natividad de María en el barrio de Tequicorral, donde muy temprano estuvo el obispo Salvador Rangel Mendoza, el ex alcalde interino, Jesús Tejeda Vargas y Jorge León Robledo, representante del gobernador Héctor Astudillo.
Leyva Mena hizo sus declaraciones cuando los tres arriba mencionados ya se habían retirado y estaba solo con las los representantes de los vecinos del barrio y los mayordomos de la festividad.
El alcalde hizo un balance de |su gestión al frente del Ayuntamiento que está por concluir en tres semanas, y señaló que “es una administración atípica que inicia, se corta a los dos años, hay otra administración de nueve meses, hay otra administración a los tres meses”.
Aceptó que hay procedimientos en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que los recursos que ejerció estén plenamente vigilados, y reveló que “hace quince días entregamos ya prácticamente las solicitudes de la ASE y estamos esperando las observaciones para poderlas solventar, ya estamos en ese proceso”.
Leyva Mena dijo que hay una auditoría en marcha de la ASF y “lo que estamos solicitando es que se apegue a derecho y los tiempos establecidos, nada más; hay observaciones a la administración municipal desde el 2007, 2012, 2013, hay muchas observaciones en camino que evidencian que no solo es un asunto de meses, pueden transcurrir años de acuerdo al nivel de observación”.
Cuestionado sobre esos procedimientos fiscalizadores podrían derivar en acusaciones penales por desvío de recursos públicos, el alcalde respondió que “claro que la puede haber y si la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene a consideración que tiene que hacer ese proceso lo va a hacer; nuestra función es sostener nuestra inocencia que esa situación de recursos fue normal dentro de los términos”.
Justificó haber tomado recursos etiquetados de otras partidas para pagar salarios de los trabajadores “porque la nómina de Chilpancingo es muy alta, se nos depositan 6 o 7 millones de pesos mensuales y la nómina es de 13 millones de pesos, se quitan impuestos a trabajadores por 2 millones de pesos y queda un déficit de 3 o 4 millones de pesos que se tienen que sacar de algún lado para poder pagar a los trabajadores”.
Añadió que el “otro gran boquete es en Capach donde hay un déficit en materia de (consumo de) energía de 3.5 millones de pesos mensuales, las administraciones anteriores, y asumo parte de mi responsabilidad, han aumentado en demasía las prestaciones sociales y tan solo en materia de despensas, si pagáramos normalmente las despensas en el municipio y Capach, estaríamos pagando 700 mil pesos mensuales”.
Añadió que los ingresos en Capach “alcanzan para 3.5 millones mensuales, no más; de ese tamaño es el déficit que hay para poder establecer una adecuada administración; el déficit mensual es de 9 millones de pesos mensuales de la administración municipal y los ingresos es de 3.5 o 4 millones mensuales, entonces imagínense esas cantidades al año, es lo que falta”.
Por ello, Leyva Mena consideró que su administración “lo que debe hacer es justificar plenamente” el manejo de los recursos públicos, y para ello “tenemos todas las transacciones que hemos hecho de una partida a otra mediante documentos bancarios, no tenemos problema en comprobar hacia donde se fue ese dinero”.
Explicó que los recursos públicos no han ido a parar a sus cuentas personales, “no he aumentado mi patrimonio en cuatro años, sigo viviendo en la misma casa. No tengo cinco meses en la función y compre una casa de 20 millones de pesos. La casa donde vivo es heredada, no ha cambiado mi situación patrimonial desde que entré y puedo comprobar que ese dinero no está en mí, está invertido en los trabajadores”.
Agregó que no tiene temor a las auditorías, pero a “lo que si temo es a una voluntad política que pueda poner a mi persona, a mi imagen, a mi familia, en una situación delicada, aprovechando el dominio y control del aparato de estado para soltarla de manera directa por un asunto de un conflicto personal”.