* La aspirante al Senado de Morena amagó con acusar de difamación al candidato presidencial de ‘Todos por México’, quien en el debate del domingo le hizo tal señalamiento
* Verificado 2018 informó en abril pasado que la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá sí tiene abiertas dos causas penales, pero que puede participar en el proceso electoral porque no está detenida
CARLOS NAVARRETE / REDACCIÓN
La candidata a senadora de Morena, Nestora Salgado García, retó al candidato a la Presidencia de la coalición ‘Todos por México’ (PRI, PVEM y Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribreña, a que pruebe los señalamientos que éste hizo en su contra la noche del domingo durante el segundo debate presidencial, cuando la acusó de ser secuestradora y amagó con demandarlo por difamación.
A través de sus redes sociales, Nestora Salgado, quien fue comandante de la policía comunitaria en Olinalá y estuvo presa de agosto de 2013 a marzo de 2016 acusada de secuestro y delincuencia organizada, dijo que Meade y el PRI pretenden criminalizar la lucha social, y aseguró que se defenderá de los señalamientos que le han hecho.
“La difamación es un delito José Antonio Meade y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMiente #TodosConNestora”, se lee en la cuenta de Facebook de la candidata.
Durante el debate celebrado la noche del domingo entre los aspirantes a la Presidencia, Meade Kuribreña manifestó que “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla de la policía”.
Al respecto, la candidata afirmó que el señalamiento de Meade es consecuencia de su propuesta “menos presos políticos, más políticos presos”, y aseguró que es una vieja estrategia del PRI criminalizar a los defensores de derechos humanos, justificar detenciones arbitrarias y “llenar las cárceles con presos políticos”.
“Siempre he estado dispuesta a pagar el precio de luchar por la #Paz. Hoy no será la excepción, ahora qué #Meade vuelve a atacarme con mentiras y difamaciones, sepan que nada nos va a detener: con el pueblo de nuestro lado, ¡vamos a ganar!”, dijo.
La candidata de Morena sí tiene abiertas dos causas penales, confirma Verificado 2018
De acuerdo con Verificado 2018, la candidata al Senado de Morena sí tiene dos causas penales abiertas “por el delito de secuestro”, pero puede participar en el proceso electoral porque no está detenida, según interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el sitio, que fue creado para confirmar la veracidad de la información que circula en redes sociales relacionada con el proceso electoral que está en curso, a la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, quien estuvo presa poco más de 2 años y medio por los secuestros de al menos 50 personas, cuatro de ellas menores de edad (mujeres de 11, de 13 y dos más de 17 años), también “se le acusó de crimen organizado”.
Verificado 2018, que cuenta “con el apoyo de Facebook, Google News Lab y Twitter, además de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y fundaciones como Open Society y Oxfam”, informó que “el 21 de agosto de 2013, Salgado García fue detenida por elementos del Ejército Nacional, Marina y Policía Federal en el municipio de Ayutla, por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Dos días más tarde fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Nayarit”.
La candidata de Morena —quien es también ciudadana estadounidense— fue acusada de secuestro por los “familiares de los detenidos”, por lo que el 22 y 23 de agosto de 2013, “el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo giró una orden de cateo para la Casa de Justicia de la localidad El Paraíso, municipio de Ayutla, el sitio en el que la policía comunitaria, a cargo de Nestora Salgado, operaba”, y en ese lugar las autoridades estatales “liberaron a 42 personas”.
Verificado 2018 consultó a los abogados de las personas secuestradas por Nestora García, quienes dijeron que “todos los liberados se encontraban injustificadamente privados de su libertad, ya que no existían denuncias formuladas en su contra por alguna víctima directa o indirecta… Ni se aportaron, ante el Ministerio Público, las pruebas que sirvieron para proceder en contra de las mismas o los expedientes que debieron integrarse”.
Andrés Díaz Fernández, un abogado especialista en temas de pueblos indígenas, argumentó que “el sistema normativo de las comunidades indígenas es predominantemente oral y no obliga a llevar o avisar sobre los detenidos al Ministerio Público, pues las autoridades comunitarias tienen plena jurisdicción para poder actuar. ‘Decir que no se acude al Ministerio Público y que no se tienen expedientes, es desconocer que los pueblos indígenas tienen una forma válida de regirse’”, señala.
Sin embargo, “la defensa de las víctimas también denunció que la Policía Comunitaria solicitaba a los detenidos dinero, cuyos montos iban desde los cinco mil hasta los 20 mil pesos, para ser liberados”, por lo que al solicitar Nestora García “un beneficio económico, se acredita el delito de secuestro”.
Este señalamiento fue confirmado por Leonel Rivero, defensor de Nestora Salgado, quien argumentó que el dinero solicitado por la ahora candidata a senadora eran “medidas para la reparación del daño, tras los delitos que habrían cometido los imputados”.
Pero Nestora Salgado no fue acusada solamente por la vía penal, sino que sus víctimas también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abrió el expediente CNDH/2/2014/2343/OD como respuesta a las quejas recibidas el 7 de abril de 2014 por parte de cuatro personas detenidas por la Policía Comunitaria de Nestora Salgado, identificadas por el organismo como Personas Sujetas al Proceso de Reeducación (PSPR). En las quejas, denunciaron haber sido “víctimas de detención arbitraria, secuestro, abusos y trato cruel por parte de Nestora Salgado y otros policías comunitarios, así como haber recibido tocamientos (eran entonces mujeres menores de edad), golpes y la exigencia de un pago o entrega de bienes a cambio de su libertad”.
Verificado 2018 confirma en su informe que “entre los testimonios de las víctimas se incluyen los de PSPR1 y PSPR2, dos mujeres menores de edad quienes declararon ante el agente del Ministerio Público que fueron detenidas el 9 de junio de 2013 por Nestora Salgado y otros miembros de la Policía Comunitaria, con el argumento de que ‘se sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse’. Ambas mujeres negaron la acusación. Sin embargo, según su versión, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado García”.
“Respecto a los abusos, PSPR2 declaró que uno de los policías comunitarios le realizó tocamientos y que cuando lo intentó reportar, los demás policías comunitarios se rieron”.
Sobre este caso, “la CNDH emitió la recomendación 09/2016 ‘Sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como de la detención de personas por parte de esa Policía Comunitaria’”.
Esa recomendación “fue dirigida a las autoridades del gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General de Guerrero y al ayuntamiento de Olinalá, y en ella se establece que hubo violaciones de derechos humanos hacia los policías comunitarios detenidos por parte de sus captores”.
A pesar de que Nestora Salgado y sus policías comunitarios habrían violado flagrantemente los derechos humanos de las personas que secuestraron, particularmente las menores de edad, la CNDH recomendó al gobierno estatal, entonces perredista, “asegurar el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y pide delimitar competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”.