* En un comunicado revela que paga 67 millones de pesos al año por explotar la riqueza mineral a ejidatarios de Real de Limón, pero un grupo minoritario de estos realiza “actos hostiles” e impiden la operación de la mina
JESÚS SAAVEDRA
La empresa Canadiense Torex Gold Resources, propietaria de la Minera Media Luna, acusó a un “grupo minoritario” de la comunidad Real de Limón, municipio de Cocula, de realizar “actos hostiles” contra las operaciones en la mina que explotan en esa zona, por lo que exigió a las autoridades estatales y federales garantizar su inversión.
Este miércoles, la minera canadiense fijó su postura a través de un comunicado fechado en la Ciudad de México, donde recuerda que en el 2012, Torex Gold Resources, propietaria de Minera Media Luna, “firmó 106 convenios por 603 hectáreas, incluyendo tierras de uso común, 50 parcelas individuales y 54 poseedores, y convino un pago anual para los ejidatarios de Real del Limón por 61 millones de pesos, 101 mil pesos por hectárea; de los cuales 43 millones corresponden a un pago neto a los ejidatarios y 17.8 millones son absorbidos por Minera Media Luna para el pago de sus impuestos, de acuerdo a los preceptos de la Ley Minera y en la Ley Agraria”.
Explican además que dentro del pago de 61 millones de pesos, “hay una partida de 99 parcelas de uso común que la empresa paga doble en apoyo a los ejidatarios lucheros, que significan 6 millones de pesos anuales adicionales”.
La empresa sostiene que Minera Media Luna, “durante los dos primeros años de construcción del proyecto minero, durante el cual no hubo producción, dotó de casas habitación de 140 metros cuadrados cada una, con títulos de propiedad, a las 169 familias del ejido de Real de Limón, las cuales cuentan con todos los servicios”.
Añaden que los convenios que mantiene la minera con los ejidatarios de la comunidad de Real del Limón “cumplen con lo establecido por la Ley Agraria y tienen vigencia de 30 años prorrogables, lo cual fue avalado por asamblea general de ejidatarios y ante la presencia de la Procuraduría Agraria, un fedatario público y como testigo el ayuntamiento de Cocula”.
Torex Gold Resources afirma que conforme a lo señalado en los contratos celebrados con el ejido Real del Limón para la ocupación de sus tierras, Minera Media Luna ante notario público realizó el 100 por ciento de los pagos pactados al ejido de Real de Limón correspondientes a tierras de uso común y asentamiento humano del periodo de marzo del 2018 a marzo de 2019.
Y que también se ha realizado el pago del 90 por ciento de los parcelarios con contrato de ocupación de tierra temporal, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en dichos acuerdos.
Por ello se quejan que “no obstante todos los beneficios para la comunidad de Real del Limón, un grupo minoritario de personas —presuntamente ligadas al ejido Real del Limón— realizan actos hostiles contra la operación de la mina al impedir desde el 21 de febrero de 2018 el acceso a las instalaciones, afectando como consecuencia los derechos de trabajadores y contratistas, contraviniendo dichos acuerdos, lo que representa un delito que afecta no solo a la empresa, sino también a más de 10 mil trabajadores directos e indirectos y sus familias”.
Afirman que en esos convenios los ejidatarios se comprometen a “no llevar a cabo ninguna actividad que altere las actividades productivas de la minera. La inmensa mayoría de los ejidatarios han cumplido con esta obligación, por lo que hacer una toma, bloqueo o intromisión es un delito por parte de los ejidatarios y los terceros que les apoyan”.
Asegura que con “el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, Minera Media Luna reafirma su compromiso con el ejido, ejidatarios y vecinos de Real del Limón de continuar desarrollando sus actividades mineras buscando el beneficio colectivo”.
Por ello solicitaron a las autoridades “locales, estatales y federales su intervención para garantizar el Estado de derecho, el respeto a los convenios, leyes y la salva guarda de los derechos humanos y laborales de los 800 trabajadores directos de la empresa, los mil 500 trabajadores contratistas y los más de 10 mil trabajos indirectos que emanan de esta empresa quienes se ven violentados por los bloqueos realizados por el grupo minoritario de ejidatarios de Real de Limón”.