* Estudiantes, padres de los 43 y activistas marcharon por calles de la ciudad, y al llegar a las oficinas de la dirigencia estatal del sol azteca pintarrajearon la fachada y lanzaron petardos al interior

* Después se dirigieron al sitio conocido como “El Parador del Marqués”, donde exigieron justicia por los asesinatos de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, durante un desalojo realizado por policías federales, estatales y ministeriales

Jesús Saavedra/Rosario García

Normalistas de Ayotzinapa, padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y defensores de derechos humanos, marcharon por las principales calles de la ciudad, atacaron con petardos las oficinas del PRD Guerrero y bloquearon durante casi 3 horas la Autopista del Sol, para exigir justicia por los asesinatos de dos de sus compañeros durante un desalojo encabezado por policías federales, estatales y ministeriales, en el punto conocido como Parador del Marqués, hace 6 años.
Aproximadamente 300 personas partieron desde la glorieta ubicada en la avenida Insurgentes rumbo al sur de la ciudad, en una movilización para exigir justicia por los asesinatos de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurridos durante un desalojo que fue encabezado por policías federales armados que comenzaron a realizar disparos cuando los jóvenes encapuchados incendiaron una de las bombas de la gasolinería Eva, que está ubicada sobre la autopista.
Los normalistas siguieron su marcha por la avenida Juárez y después tomaron la avenida Alemán, y al llegar frente a las oficinas del Partido de la Revolución Democrática, varios jóvenes encapuchados realizaron pintas en la fachada y lanzaron petardos al interior, lo que provocó momentos de tensión.
La marcha continuó rumbo al sur de la ciudad y se encaminó hacia los carriles centrales del bulevar Vicente Guerrero, hasta llegar al sitio conocido como el Parador del Marqués, donde develaron un altar con cruces de madera con los nombres de los dos estudiantes asesinados hace 6 años.
En ese lugar, el abogado del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la movilización tiene como objetivo “colocar en el centro la memoria de los asesinatos del 12 de diciembre del 2011, que fue cuando se inaugura el gobierno de Ángel Aguirre con sangre y es el signo que marcó todo su gobierno, un gobierno irresponsable, un gobierno que utilizó la fuerza pública para socavar y callar los movimientos sociales para perseguirlos y reprimirlos”.
El activista lamentó que después de lo ocurrido entonces, hayan sido “incapaces de ponerle un alto a esta persona y llevar a cabo un juicio político efectivo para que se le destituyera y se le responsabilizara penalmente, y hubiese un castigo ejemplar para que se evitara el caso de los 43 estudiantes. Es una historia de impunidad y de cacicazgo”, precisó.
Aseguró que a 6 años “hay impunidad total”, porque “los dos policías ministeriales están exonerados por una investigación irregular e indebido resguardo de la escena del crimen y permitió que los policías eludieran su responsabilidad”.
Recordó que por ese caso hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “que no se cumplió”, porque “se pedía juicio político contra el entonces procurador, Alberto López Rosas, y el entonces secretario de Seguridad, Ramón Almonte Borja, y no se cumplieron”.
Rosales Sierra dijo que hay dos averiguaciones previas “por tortura, una del compañero Gerardo Torres y otra en agravio de seis estudiantes, las cuales permanecen estancadas en la Fiscalía General del Estado (FGE) y no se ha hecho nada más, con los policías exonerados se puede lanzar la investigación y ejercitar acción penal, pero la FGE se ha quedado estática y no se quede en la impunidad”.
Indicó que la investigación se divide en dos partes “una fue consignada a los policías exonerados y está en los juzgados, pero la otra parte en la actuación de las policías estatales, ministeriales y federales”.
Rosales Sierra señaló que por la falta de justicia en este caso han decidido recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que haga un análisis a los elementos de los agravios, como el uso excesivo de la fuerza, violación a la libertad de expresión, violación al derecho a la asociación, violación a la vida y a la integridad física, que estamos reclamando que pueda entrar a estudio la CIDH para que determine si incurrió en responsabilidad internacional el gobierno mexicano”, finalizó.
Durante el desalojo violento ocurrido hace 6 años, además de los dos normalistas el empleado de la gasolinería Eva, Gonzalo Rivas Cámara, sufrió graves quemaduras al evitar que el fuego que dos normalistas habían prendido en una de las bombas provocara una explosión, y varias semanas después lamentablemente perdió la vida.
Ese acto que fue considerado como heroico, ameritó que el año pasado, Rivas Cámara fuera condecorado post mortem con la presea Belisario Domínguez, en 2016, el máximo reconocimiento que entrega el Senado de la República.