* Ese grupo político del PRD criticó que padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala pretendan “dar un uso político a tan penosa y delicada situación”

Alondra García

La corriente perredista Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) defendió el eventual regreso a la política del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al asegurar que tiene a salvo sus derechos políticos, y acusó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, de “dar un uso político a tan penosa y delicada situación”. 
La semana pasada, el exmandatario no descartó que pueda buscar ser candidato a una diputación federal con el respaldo del Frente Ciudadano que integran el PRD-PAN-Movimiento Ciudadano. 
Sus declaraciones ante los medios de comunicación causaron molestia en los padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes advirtieron públicamente que no permitirán el regreso de Aguirre Rivero a la política. 
Ante esta situación, la corriente IPG señaló a los padres y normalistas de Ayotzinapa de politizar el Caso Iguala. 
“Lamentamos profundamente que se trate de dar un uso político a tan penosa y delicada situación. No compartimos en ningún momento declaraciones sin sustento, acusaciones sin pruebas y que se intente coartar el libre ejercicio de cualquier ciudadano para ejercer sus derechos políticos”, advirtió IPG a través de un comunicado. 
“Podemos entender diferencias políticas entre ciudadanos que participamos activamente en asuntos públicos, pero rechazamos la intención de ensuciar la participación política a través de calumnias, descalificaciones personales y señalamientos sin sustento. Abogamos en todo momento porque sea el pueblo de Guerrero quien decida mediante métodos democráticos a sus representantes”, agrega el documento. 
Izquierda Progresista de Guerrero manifestó su respeto, apoyo y solidaridad con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y se sumó a la exigencia de la aparición con vida de los estudiantes. 
La expresión perredista recordó que el Caso Ayotzinapa es “consecuencia de una dinámica compleja que incluye a todos los niveles de la sociedad y del gobierno, que lamentablemente han azotado de manera violenta a nuestra entidad”.  
Destacó que “dichos sucesos se han tipificado con el trato de delincuencia organizada” y recordó que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero “optó por solicitar licencia al cargo y funciones (…) sin que existiera procedimiento legal alguno en su contra”. 
Dicha determinación, indicaron, fue para “darle certeza a todos y cada uno de los guerrerenses que la intención del Gobierno de Guerrero y su titular al momento, era y es esclarecer los hechos sin tintes partidistas ni sesgos políticos”.
IPG también recordó que el primero de febrero de 2017, la Comisión de Examen Previo del Honorable Congreso de la Unión analizó la situación jurídica del juicio político interpuesto en contra de Aguirre Rivero, “mismo que fue desechado y prescrito por no haberse encontrado causa legal alguna” para que procediera. 
La expresión destacó que, por tanto, Ángel Aguirre Rivero tiene salvaguardados todos sus derechos políticos y jurídicos para poder participar activamente en la función pública, sin impedimento legal alguno.