* La Organización No Gubernamental criticó que se trata de una estrategia “más de impacto mediático que efectivo” y advirtió que no hay garantías de que se reanuden las clases en escuelas de ese municipio

ALONDRA GARCÍA

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’ advirtió que la estrategia de seguridad del gobierno estatal para el regreso a clases en Chilapa es “insuficiente”.
El día de ayer, el Grupo de Coordinación Guerrero puso en marcha una nueva estrategia para garantizar la seguridad de directivos, maestros y estudiantes en las escuelas de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, las cuales permanecen cerradas desde finales de septiembre por amenazas del crimen organizado.
Dicha estrategia consiste básicamente en asignar policías y miliares para resguardar los centros educativos.
A través de un comunicado, la Organización No Gubernamental advirtió que el operativo anunciado resulta insuficiente, “pues el problema que enfrenta la población de la Montaña Baja es mucho más serio, debido a que las amenazas no solo van dirigidas a las escuelas, sino también a los maestros y alumnos”.
Consideró que “no hay garantías reales para que se reanuden las clases” en los planteles escolares cerrados, y que “el anuncio y puesta en marcha de este operativo es mas de impacto mediático que efectivo, pues el principal problema es la corrupción que ha permeado las estructuras gubernamentales”.
La ONG que dirigen el activista Manuel Olivares Hernández advirtió además que “mientras no haya una estrategia para terminar con la corrupción, la impunidad se mantendrá, aunque llenen de militares y policías la región”.
Añadió que “esta nueva estrategia está condenada al fracaso”, porque no está emanada de una consulta a la sociedad y “tampoco incluye medidas para evitar que más personas se incorporen a la delincuencia organizada a causa de la pobreza y la falta de oportunidades”.
Recordó que “desde enero del 2016 se han puesto en marcha operativos y hasta el momento ninguno ha tenido éxito, pues los índices de violencia han incrementado en este último año”, a pesar de la fuente presencia militar en Chilapa y Zitlala.
En el comunicado se señaló que a la fecha no hay un solo informe que indique que se está avanzando en la pacificación de la zona, además que no se han desarticulado grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, y tampoco hay informes sobre personas que hayan sido detenidas o procesadas por los crímenes que se cometen a diario en esta zona de la Montaña baja.
Recriminó que hasta el momento no haya ningún avance en las investigaciones sobre personas desaparecidas o ejecutadas, y tampoco hay respuestas para los habitantes de pueblos que han sido desplazados por la violencia.
Por ello, la organización aseveró que “en casi dos años de fuerte militarización en Chilapa y Zitlala, los militares no están dando la seguridad que los ciudadanos necesitan, pues se han dado casos de desaparición y ejecución a unos metros de los retenes del Ejército”.
Prueba de ello, indicaron, es la reciente ejecución del exdirigente del PRD en Guerrero y luchador social, Ranferi Hernández Acevedo, quien iba en compañía de su esposa Lucía Hernández y su suegra Juana Dircio, además de su chofer.