* Revocar el mandato al munícipe capitalino requerirá todo un procedimiento establecido ya en la ley; no será por la vía rápida, dicen en conferencia de prensa el secretario general y el asesor jurídico del Ayuntamiento capitalino, Jesús Vargas y Gustavo Morlet, respectivamente
Rosario García / Fernando Hernández
La Comisión Instructora del Congreso del Estado tiene que cumplir con un procedimiento, ya establecido, que contempla la presentación de pruebas y su desahogo, antes de revocar el mandato al presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, advirtió el asesor jurídico del Ayuntamiento capitalino, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, en conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la Comuna, Jesús Vargas Vargas.
Está descartado que el próximo martes se consume la revocación de mandato promovida ante el Congreso Local contra el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, aseguró por su parte Jesús Vargas.
El jueves 12 la Comisión Instructora del Congreso local acordó procedente el juicio de revocación de mandato contra el alcalde priista, y de acuerdo con el procedimiento legislativo Marco Antonio Leyva tiene hasta el último minuto de mañana domingo para presentar las pruebas a su favor ante los señalamientos que motivaron la solicitud de que le sea revocado el mandato de presidente municipal y que básicamente se refieren a la problemática por el deficiente manejo del asunto de la basura y por la alta incidencia delictiva registrada durante su administración.
La solicitud de revocación de mandato contra Marco Antonio Leyva fue presentada desde la semana pasada por los diputados perredistas Perfecto Rosas Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón, y la ratificaron el lunes 9.
En la conferencia de prensa, Jesús Vargas descartó la posibilidad de que el próximo martes 17 se consume la revocación de mandato, porque de acuerdo al artículo 339 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se deben presentar las pruebas idóneas por parte de los denunciantes y denunciados, quienes deberán ofrecer y desahogar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, es decir, se requiere de todo un proceso que descarta una resolución por la vía rápida o fast track.
Por su parte, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, asesor jurídico del Ayuntamiento de Chilpancingo, quien estará al frente de la defensa del alcalde, expuso que Leyva Mena no sólo tiene derecho a ofrecer las pruebas que considere convenientes sino que también puede exigir el desahogo de cada una de ellas, lo que de manera inevitable prolongará el procedimiento. Y agregó: “los diputados, que son los que dan forma al marco legal, no van a violar sus propias leyes”.
Al respecto, la diputada Erika Alcaraz Sosa, coordinadora de la bancada perredista en el Congreso local, explicó que las imputaciones contra el alcalde de Chilpancingo tienen que ver no sólo con el tema de la basura, sino que también hay otros problemas como “la impresionante ola de violencia” que prevalece en la ciudad, una de las cinco con mayor incidencia delictiva del estado.
Del mismo modo mencionó que el presidente municipal capitalino no ha manejado con claridad los recursos que se canalizaron para resolver el problema de la basura, como son los 12 millones de pesos destinados para acondicionar el relleno sanitario de El Platanal, en el municipio de Eduardo Neri.