Pide Congreso evitar que funcionarios lucren con apoyos a damnificados

* Exhortan al gobernador y a los 81 alcaldes a no permitir que servidores públicos se promuevan políticamente con la entrega de ayudas a las familias en desgracia

 

* El PRI apoyó la propuesta, pero rechazó que funcionarios estatales incurran en irregularidades

 

Gilberto Guzmán

 

Diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los 81 alcaldes del estado a que vigilen que sus funcionarios estatales y municipales no utilicen la entrega de apoyos para los damnificados por las lluvias y los sismos, para promoverse políticamente en el contexto del proceso electoral 2018.

Durante la sesión de este martes, la propuesta fue presentada en tribuna por la diputada del PRD, Eloísa Hernández Valle, quien señaló que los recientes desastres naturales ocurridos en el país han dejado graves daños en Guerrero, ocasionando pérdidas cuantiosas sobre todo para la población más desprotegida.

Dijo que estos desastres “evidencian la calidad humana de la que estamos hechos, desde las más nobles derivadas de la propia sociedad civil, compartiendo lo poco o mucho que se pueda tener para ayudar a alimentar a quien lo necesite, hasta a reparar y reconstruir viviendas totalmente dañadas”.

Sin embargo, dijo que la solidaridad no debería provenir de forma desinteresada únicamente por parte de la sociedad civil, porque el país está en emergencia y es cuando todos los sectores deben sensibilizarse y esforzarse para ayudar a que los más afectados reciban los apoyos suficientes y necesarios, con el fin de que puedan restablecer sus actividades cotidianas y recuperar el lugar que habitan con sus familias.

“Pero al parecer en nuestro estado, a pesar de la emergencia es prioridad la escena política en beneficio de una campaña electoral, el beneficio personal a costa de las aún incuantificables pérdidas materiales de las cuales fueron víctimas cientos de guerrerenses”, acusó la perredista.

Abundó que “el dolor y la desgracia ajena parecen ser la mejor oportunidad para muchos funcionarios estatales y municipales para hacerse notar y llegar con los recursos del estado, recaudados de los impuestos de todos, a otorgar apoyos como si estos fueran apoyos personales, entregados por ellos en lo individual, promocionándose como los salvadores en plena desgracia, aprovechándose del puesto que ostentan y de la vulnerabilidad de la tan golpeada ciudadanía guerrerense”.

Explicó que el artículo 134 de la Constitución federal establece que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Y que el mismo artículo señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” y que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, subrayó.

Hernández Valle dijo que los recursos públicos etiquetados para programas sociales, para la construcción de obra pública en beneficio de la sociedad en general, deben ser aplicados y supervisados en términos de lo dispuesto por la Ley y de acuerdo a las Reglas de Operación publicadas.

“No deben ser moneda de cambio de los funcionarios públicos estatales y municipales, utilizados con fines políticos en evidentes actos anticipados de campaña, haciendo uso del aparato del estado para hacer llegar beneficios temporales, promocionando su imagen a través de estos y de promesas derivadas del mismo ejercicio, sin considerar que esto en nada abona al estado de cosas que guarda nuestro estado”, añadió.

Afirmó, sin presentar pruebas, “que a pesar de los esfuerzos del gobernador, sus funcionarios, no sólo no refuerzan las acciones comprometidas realizadas por el Ejecutivo estatal, al contrario,  solo buscan promoverse en lo personal, sacando raja política de la desgracia de los guerrerenses”.

Agregó que las restricciones constitucionales del artículo 41 van encaminadas a que los servidores públicos no utilicen sus cargos para autopromoverse, de forma directa o indirecta, afectando la balanza en la contienda electoral.

El punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo estatal para que instruya a los secretarios de estado, subsecretarios, directores generales y funcionarios que ejercen recursos públicos, para que eviten entregar apoyos del estado a título personal y en evidentes actos anticipados de campaña, en el contexto de las afectaciones causadas por los desastres naturales.

También se exhorta a los 81 Ayuntamientos para que sus representantes y funcionarios públicos municipales, eviten entregar apoyos del municipio a título personal y en evidentes actos anticipados de campaña, en el contexto de las pérdidas que sufrieron las familias guerrerenses por los recientes desastres naturales.

En el procedimiento para desahogar la propuesta como asunto de urgente resolución, fue aprobada por unanimidad de votos, incluidos los de diputados del PRI.

 

El PRI rechaza lucro político en el gobierno estatal

 

El diputado priísta Héctor Vicario Castrejón subió a tribuna para señalar que los priístas votarían a favor de la propuesta pero que no aceptaban lo señalado por la diputada perredista, en el sentido de que hay servidores públicos que han violentado el principio de imparcialidad en la distribución de la ayuda a quien lo necesita.

“Al contrario, debemos de reconocer a los servidores públicos, quienes sin tinte político ni partidista se han aplicado en el ejercicio de su responsabilidad, con honestidad, con transparencia, pero sobre todo con una gran conciencia social de que la ayuda deba de llegar a quien verdaderamente lo necesita”, dijo el legislador.

Destacó que esa imparcialidad en la entrega de apoyos se ha visto en las zonas donde hubo afectaciones por el sismo del 19 de septiembre o por el huracán Max, “hemos visto a los funcionarios sin importar horarios, sin importar las inclemencias del tiempo, acuden hasta los lugares más recónditos a llevar los apoyos inmediatos para poder solventar de alguna manera las afectaciones que tuvieron”.

Subrayó que el PRI apoyaría la aprobación del punto de acuerdo porque el contenido es un llamado que debe ser escuchado para que sin tintes políticos, todas las acciones que se ejecuten en favor de quienes han sido damnificados o afectados en sus bienes o cosechas, puedan recibir esta ayuda sin ninguna condición.

Pero defendió que “hasta hoy, no hay ninguna evidencia en ningún lado, ningún municipio, ninguna localidad, de que estas ayudas estén llegando con este tinte de establecer una promoción a favor de determinado funcionario; lo que hemos visto es que en los servidores públicos del gobierno del estado, del gobierno federal han cumplido a cabalidad con transparencia, con honestidad en el desempeño de sus funciones”.

Héctor Vicario agregó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha sido el principal en señalar que los apoyos para las familias damnificadas deben entregarse sin condicionantes, y que se deben abstener quienes pretendan darle un uso diferente al ejercicio de su responsabilidad como funcionarios.

“Vamos a apoyarlo (el acuerdo), porque es un llamado correcto, pero reitero no podemos admitir que esto se ha estado haciendo como aquí se comentó en los considerandos”.

La presidencia de la Mesa Directiva sometió a consideración del pleno la propuesta de la diputada Eloísa Hernández y fue aprobada por unanimidad de votos.