Congreso rechaza Cuenta Pública del gobierno de Ortega

* El exmandatario estatal y al menos 6 de sus colaboradores podrían ser sancionados por la vía administrativa y penal, advirtió Eusebio González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

 

Gilberto Guzmán

 

El pleno del Congreso del Estado rechazó la cuenta pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 26 de octubre del ejercicio fiscal 2015, presentada por la administración del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, debido a que no solventó observaciones por 194 millones de pesos, por lo que el exmandatario y al menos 6 de sus colaboradores podrían ser sancionados administrativa y penalmente.
En contra parte, el Congreso del Estado sí aprobó el periodo comprendido del 27 de octubre al 31 de diciembre del mismo año, que corresponde al inicio de la administración que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Durante la segunda sesión legislativa de este martes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Eusebio González Rodríguez motivó el voto favorable del dictamen con proyecto de decreto de la cuenta pública del poder Ejecutivo del estado de Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Explicó que la revisión a los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015, comprendió el estudio general, análisis, inspección documental, investigación, observación y cálculo, así como la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y administrativas tanto para la captación como para las transferencias de recursos a las dependencias del sector central, organismos públicos descentralizados, órganos autónomos y municipios, para la aplicación de los programas aprobados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero, del ejercicio fiscal 2015.

Dicho informe de resultados, se ha elaborado conforme a las normas, lineamientos técnicos y principios de: Posterioridad, Anualidad, Legalidad, Imparcialidad, Confiabilidad, y Transparencia de la información pública.

El diputado detalló que del total de los ingresos recaudados y ejercidos en el ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 55 mil 580 millones 400 mil pesos, la muestra sujeta a revisión fue de 23 mil 729 millones 800 mil pesos, un 42.7 por ciento del alcance auditado, para obtener la evidencia suficiente y competente, respecto de las operaciones reportadas en la cuenta pública del poder Ejecutivo estatal.

Indicó que los ingresos reportados en el período enero–diciembre del 2015, fueron de 55 mil 580 millones 400 mil pesos, equivalente al 26.2 por ciento mayor respecto del monto autorizado por esta soberanía, que fue de 44 mil 53 millones 803 mil pesos.

Mientras los egresos devengados en el período enero–diciembre del 2015, fueron de 53 mil 800 millones de pesos, equivalente al 22.1 por ciento mayor respecto del presupuesto autorizado por el Congreso.

Explica que el saldo total de la deuda pública del gobierno de Guerrero al 31 de diciembre de 2015, es de 2 mil 354 millones de pesos, integrado por: deuda directa de 2 mil 244 millones de pesos, el 95.4 por ciento, y deuda indirecta de 109 millones 500 mil pesos, el 4.6 por ciento que corresponde a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

En cuanto a las observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) emitió sobre los diez meses del ejercicio fiscal 2015, del 1 de enero al 26 de octubre de ese año, que el universitario Rogelio Ortega Martínez estuvo al frente del Ejecutivo, dijo que se hicieron 130 observaciones por 263.8 millones de pesos, de las cuales solamente solventaron 17 observaciones por 49.6 millones de pesos y están pendientes 113 por 214 millones de pesos.

Aclaró que de las 113 observaciones subsistentes, únicamente persisten a la fecha dos observaciones por solventar por un monto de 1.7 millones de pesos a cargo de la administración de Héctor Astudillo Flores, que ejerció recursos del 27 de octubre al 31 de diciembre de 2015, con base en el informe de seguimiento al proceso de fiscalización proporcionado por la AGE a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eusebio González agregó que la AGE procederá a formular y notificar a los presuntos responsables el pliego de observaciones, en el cual se estipulan las irregularidades que en su opinión, constituyen un presunto daño a la hacienda pública por un monto de 195.7 millones de pesos, de los 214.2 millones de pesos de las observaciones subsistentes; con la finalidad de que los servidores o ex servidores públicos notificados, presenten ante el órgano de fiscalización superior del estado, las documentales para la atención correspondiente.

“Tomando en consideración que de los 195.7 millones de pesos determinados como observaciones subsistentes presuntivas de daño, 194 millones de pesos corresponden a la administración anterior, es decir, el 99.1 por ciento son atribuibles a los casi 10 meses de su gestión al frente del Ejecutivo estatal, es responsabilidad de solventarlas a cabalidad a los ex funcionarios de la misma, o bien al fincamiento de responsabilidades a que haya lugar”, señaló.

Indicó que la Comisión determinó rechazar la cuenta pública del Ejecutivo estatal por el periodo del 1 de enero al 26 de octubre del 2015, dado el monto por 194.0 millones de pesos, y aprobar el periodo del 27 de octubre al 31 de diciembre del mismo año, sin demérito alguno del principio de anualidad como lo estipulan los artículos 4 y 6 de la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Guerrero.

Subrayó “que el hecho de rechazar y/o aprobar la cuenta pública, no exime en ningún momento a los funcionarios y ex funcionarios,  de responsabilidades por el seguimiento y las actuaciones que determine la Auditoría General del Estado, hasta la conclusión del proceso de fiscalización, conforme a lo que establecen las leyes aplicables en la materia”.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos de los integrantes del pleno del Congreso del Estado, sin discusión de por medio.

En la sesión de este jueves no se dieron los nombres de los exfuncionarios que están involucrados porque se encuentran en pleno proceso resarcitorio, pero sí se informó que pueden ser sancionados administrativa y penalmente por daño a la hacienda pública.