* El delegado de Sedatu admitió que si no se cubren los salarios y otros adeudos con empleados de la Unidad Técnica del Fonden, no se concluirán las obras en este gobierno

 

* Dijo que con denuncias ante la PGR buscan recuperar unos 100 millones de pesos que se pagaron a empresas que no cumplieron con la ejecución de acciones

 

JESÚS SAAVEDRA

 

Adicional a las 8 demandas penales que fueron presentadas por la delegación en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ante la Procuraduría General de la República, se presentarán 12 denuncias más para reclamar la devolución de más de 100 millones de pesos debido al incumplimiento de empresas a las que se les pagó para construir casas para familias damnificadas por ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ hace cuatro años.

De acuerdo con el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, la dependencia federal enfrenta además una crisis, porque hay un paro de labores y prevalece la toma de sus oficinas en Chilpancingo, lo que mantiene paralizados los trabajos de reconstrucción.

Justo cuatro años después de la tragedia que provocaron las lluvias que ocasionaron ambas tormentas y que dejaron a miles de familias damnificadas, centenares de muertos y heridos, la dependencia encargada de los trabajos de reconstrucción de viviendas aceptó que si no se tiene acceso al 1 por ciento adicional de recursos para pagar a los empleados, se corre el riesgo que esas acciones queden inconclusas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Armenta Tello hizo un balance a cuatro años de esos trágicos acontecimientos e indicó que se tomaron 15 acuerdos presupuestales en el consejo de reconstrucción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que se cumplirían con un presupuesto de 2 mil 819 millones de pesos, y que de esa cantidad se dispusieron 50 millones de pesos para gastos de operación en Guerrero.

Informó que hasta esta fecha hay un avance del 84.11 por ciento de esos 15 acuerdos, en los que se han invertido 2 mil 371 millones de pesos, pero recordó que “en 2015 había un avance del 31 por ciento, hoy se tiene en 77.4 por ciento”.

Sobre la construcción de viviendas, el funcionario federal dijo que se deben de construir 16 mil 776 acciones, que “no comprenden todas aquellas que se quedaron fuera de censo”, pues admitió que “hay un reclamo fundado del Consejo de Comunidades de Damnificados de la Montaña que en 2013 se presentaron 4 mil 351 registros, de los cuales 2 mil 988 eran válidos, de los cuales mil 143 un daño menor, 392 un daño parcial, 896 una pérdida total, y era necesario reubicar a 281 familias”.

Aceptó que no fueron censadas esas familias de la Montaña, como tampoco 600 familias de San Vicente y Chicahuales, comunidades del municipio de Chilpancingo, para quienes se buscan recursos adicionales para atenderlos.

Armenta Tello añadió que hay mil 583 acciones pendientes, de las cuales 833 son reubicaciones, 458 son construcciones totales y 292 acciones parciales, que presentan un avance del 70 al 98 por ciento; aunque aceptó que abajo del 70 por ciento de avance se encuentran 5 mil 914.

 

Serán 20 las empresas denunciadas

 

Armenta Tello explicó que ya hay 8 denuncias penales en proceso ante la PGR para que se finquen responsabilidades a las empresas incumplidas y se “recupere para el erario el recurso que se erogó de manera indebida”, lo que representaría recuperar 94 millones de pesos que se pagaron a 5 empresas foráneas.

Anunció además que están por interponerse esta semana otras 12 demandas penales contra siete empresas foráneas y 5 de Guerrero por esas mismas anomalías, a las que se les está pidiendo “una cantidad inferior a la primer demanda”, por lo que serían más de 100 millones de pesos los reclamados por Sedatu a esas empresas.

Dijo que será la PGR la que deslinde responsabilidades y se logre la devolución de esos recursos, así como las “cargas financieras que representen por el tiempo que ese recurso no fue aplicado y generó un producto financiero (intereses)”.

El funcionario federal fue enfático en señalar que las denuncias penales son contra esas 20 empresas “y contra quien resulte responsable, porque nosotros identificamos a la empresa que está siendo denunciada, pero será la PGR quien determine si hay un responsable adicional”.

 

Riesgo de paralizarse la reconstrucción en Guerrero

 

Armenta Tello también aceptó que los trabajos de reconstrucción están detenidos por el paro de labores que mantienen trabajadores de la unidad técnica del Fonden desde hace un mes, lo que puede agravar el retraso de los trabajos de la Sedatu.

Y es que desde mediados de agosto, los trabajadores decidieron cerrar las oficinas de la dependencia para exigir el pago puntual de sus quincenas, pues les deben 3 meses de salario y viáticos.

El funcionario federal admitió que este paro ha provocado una “crisis considerable, porque hemos demostrado en los 15 acuerdos presupuestales estamos cumpliendo las metas” establecidas.

Reconoció que hay un malestar social porque cuatro años después no se ha concluido la reconstrucción y “por eso es importante que esa unidad técnica esté trabajando para continuar con la reconstrucción, sin ellos la reconstrucción se va a detener”.

Explicó que no se ha paralizado la reconstrucción porque las empresas tienen recurso de acciones ejecutadas, “pero habrá un momento que entremos en crisis, cuando se haga un trámite y no esté laborando esa unidad técnica, eso es grave”.

Advirtió que los trabajadores “se han mantenido tranquilos, pero están desesperados y me han informado que pueden radicalizar sus acciones de protesta por la desesperación de no poder cobrar sus honorarios, combustible, pasajes y viáticos”.

Reveló que antes de llegar a la Delegación de Sedatu, en diciembre del 2015, “se abusó del gasto operativo porque había una nómina mensual de 1 millón 600 mil pesos y ahora la nómina menor a los 600 mil pesos, eso es contrastante”.

Finalmente dijo que esperan que se acepte su propuesta de tener un 1 por ciento adicional al proceso de reconstrucción y sumarlo al gasto operativo para poder concluir la reconstrucción, o de lo contrario no se podrá concluir en el sexenio de Enrique Peña Nieto que concluye en septiembre del próximo año.