* El abogado Francisco Juárez advirtió que “el narcotráfico ha establecido su poder y dominio” hasta convertirse en “un Estado paralelo, con sus propias reglas y sanciones”, para lo cual utiliza “la violencia como instrumento de poder y como método de control”
Alondra García
El abogado Francisco Javier Juárez Cirilo advirtió que en México hay cerca de ocho millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, que por sus condiciones de desempleo y falta de acceso a la educación son “carne de cañón para el narco y el crimen organizado”.
La mañana de ayer, Juárez Cirilo participó en el primer coloquio Violencias: complejidad y alternativas, donde disertó la ponencia Crimen organizado como parte de las violencias en México.
Durante su exposición, el jurista explicó que miles de jóvenes se enrolan en las pandillas y después en el crimen organizado, ya sea como narcotraficantes o como sicarios, porque en su entorno faltan oportunidades de escuela y empleo.
Consideró “preocupante” que los jóvenes menores de 20 años sean los principales muertos en los enfrentamientos por la disputa de territorios entre grupos del crimen organizado.
Advirtió que alrededor de ocho millones de jóvenes se encuentran en estas condiciones en México y que la mayoría de las veces son “carne de cañón” para los grupos delictivos.
En ese sentido, Juárez Cirilo puntualizó que los factores que sirvieron como detonadores del crimen en México fueron los déficits sociales de pobreza y exclusión, el rezago educativo de niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar, así como la ineficacia y la colusión de las autoridades con los grupos del crimen organizado.
Destacó que a causa de la debilidad del Estado Mexicano, en nuestro país se configuran todos los supuestos de tipos de violencia, desde las formas clásicas, hasta las que desarrollan los grupos delictivos.
Incluso citó las palabras del investigador Alberto Aziz Nassif: “Ya nadie tiene la vida garantizada, a cualquiera lo pueden matar en una esquina o en su auto, a cualquiera lo pueden asaltar, levantar, secuestrar, desaparecer o rafaguear con una descarga de arma automática, en cualquier lugar y a cualquier hora del día”.
En este punto, citó al sociólogo Laurencio Barraza Limón, al advertir que “el narcotráfico ha establecido su poder y dominio sin objeción de nadie en México. Se ha convertido en un Estado paralelo, con sus propias reglas y sanciones y ha utilizado la violencia como instrumento de poder y como método de control”.
Juárez Cirilo indicó que las expresiones de violencia incrementaron exponencialmente a partir de 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa implementó una “estrategia de guerra” para combatir de manera frontal al crimen organizado.
“Esto detonó al crimen organizado (…). La declaración de guerra contra la delincuencia organizada (…) dio lugar al desencadenamiento y condiciones para que proliferara una serie de hechos, afectando a la sociedad y poniendo en riesgo a la población”, sentenció.
Señaló que “los daños colaterales” de la guerra contra el narco “comienzan a reflejarse en la sociedad en integrantes visibles de la población”, como son los periodistas asesinados en Veracruz, Chihuahua y Guerrero; los maestros y estudiantes asesinados “por extorsión o simplemente por confusión”, así como los comerciantes que son víctimas de homicidio.
Por ello, lamentó que durante los gobiernos de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, las estrategias de combate al narco hayan sido similares.
Para el abogado, hay una asociación entre los incrementos de la violencia y los operativos policiaco/militares en los estados.
“El aumento de la violencia tiene que ver con una crisis de orden local, con el desmantelamiento (de los grupos delictivos) y la captura de ciertos líderes de grupos criminales”, aseveró.
Indicó que esto se refleja en el aumento de los homicidios perpetrados entre 2014 y 2016, tendencia que se concentra en algunos estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Durango.
En este sentido, se refirió a los efectos detonantes de la violencia expuestos por el maestro en Ciencias Políticas Eduardo Guerrero Gutiérrez.
El primero es el efecto de combustión que se generó como resultado del arresto de capos y la reestructuración de cárteles, lo que dio como resultado el enfrentamiento mortal entre grupos.
El segundo es el efecto de amplificación, la contratación de sicarios por parte de los cárteles, el reclutamiento masivo de jóvenes de distintas pandillas, dándoles armas para servir a los grupos criminales.
El tercero es el efecto del escalamiento, el aumento de la violencia y de los asesinatos debido a que el Estado se ve rebasado, incapaz de detener, prevenir, detectar e investigar el fenómeno para erradicarlo.
El cuarto y último efecto es la violencia que se derrama, la violencia que produce más violencia.
Por ello, insistió en que “los descabezamientos y matanzas son producto de la fragmentación de los grupos”, porque con ello “aumentan la violencia, los delitos y las ejecuciones”.
Juárez Cirilo lamentó que, debido a esto, la gente vive con miedo, cambia sus rutinas y se cuida porque su vida puede estar en peligro en cualquier esquina, porque a sus negocios llegan las bandas del crimen a pedir cuotas, a extorsionar, a cobrar derecho de piso, práctica que incluso está presente en las escuelas.
Derivado de esta situación, destacó que “algunos planteles educativos han optado por suspender actividades escolares o abandonar los centros de trabajo”.
“En la actualidad se está viviendo uno de los mejores momentos para las mafias que controlan territorios, sin que el Estado pueda recobrar el control de la seguridad, pues la extorsión es una forma de control criminal que ha afectado a la sociedad en general”, expuso.
Por ello, advirtió la necesidad de encontrar vínculos para formar un amplio movimiento social, que pueda superar la dinámica de las organizaciones criminales.
El abogado urgió a la sociedad civil a “rescatar las instituciones de justicia que se encuentran colapsadas”, a través de la construcción de una agenda política y legislativa, la defensa de los derechos humanos, la participación de los grupos de mujeres, la atención de la salud, el desarrollo comunitario, el municipalismo y la construcción de una ciudadanía.
Francisco Javier Juárez Cirilo es licenciado en Derecho y maestrante en Derecho Constitucional en el Posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.