Gilberto Guzmán

 

El diputado local priísta y exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, consideró injusta la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar cargos durante un periodo de 10 años, y reiteró que recurrirá al recurso de revocación para que se suspenda esa sanción.

El jueves se dio a conocer que la SFP determinó inhabilitar para ocupar cargos públicos por un periodo de diez años al actual diputado local, bajo el argumento de que incurrió en “negligencia administrativa” durante su gestión como delegado de la Sedatu.

“Lo que motivó mi trabajo en Sedatu fue trabajar con honestidad, con transparencia, pero sobre todo con un gran compromiso de darle respuesta a la gente que lo había perdido todo” debido a las inundaciones que se registraron por las lluvias ocasionadas por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ en septiembre de 2013.

Añadió que “nunca hice uso de mis atribuciones para beneficiarme, no ha sido mi tónica, y presentaré los elementos de que esa negligencia administrativa por lo cual se me sanciona no tiene razón, la considero injusta y habremos de presentar los elementos de descargo”, dijo Vicario en entrevista radiofónica este viernes.

Reiteró que presentará un Recurso de Revocación ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu, de manera que en unos 15 días habrá de suspenderse la inhabilitación y esperará a que el órgano de control determine si ratifica o revierte la resolución que sustenta la inhabilitación.

“Si el Órgano de Control de la Auditoría Superior de la Federación reafirma esta resolución, esta sanción, iremos al juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, indicó.

Consideró “importante señalar que esta sanción se da en relación al trabajo que se hizo después de (la contingencia causada por las lluvias de) ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, y debo decirte que, por citar un ejemplo, se tenía que entregar un predio a una empresa para la reconstrucción en el mes de febrero y no se entregó hasta el mes de marzo, entonces eso es negligencia administrativa y trataré de demostrar que en ningún momento hubo ni dolo ni mala fe”.

El diputado dijo que decidió puntualizar esta información “porque hay especulaciones de que hubo malversación de fondos, desvíos de recursos, (y) entonces sería motivo de otros procedimientos”.

Reiteró que la inhabilitación “no es una resolución final y nos hemos preparado jurídicamente para desvirtuar esta resolución y podamos tener otro resultado”.

Se le preguntó en qué consisten las 21 pruebas que el jueves anunció que presentará a su favor en contra de la inhabilitación:

“Son documentos públicos, documentos privados, actas notariales, habremos de presentarlas para que puedan ser consideradas en el descargo y se pueda revertir esta resolución”, comentó.

Además, dijo que no se le está requiriendo que compruebe o reponga algún recurso o presupuesto, “son procedimientos administrativos, son protocolos que no se cumplieron pero que de ninguna manera hubo dolo o mala fe, sino motivado por la propia circunstancia de la gravedad del desastre, y lo que uno trataba era de dar resultados, y eso es lo que motivó que hubiera esta negligencia administrativa, y yo habré de presentar elementos de descargo para desvirtuar y revertir esa resolución”.

El diputado reiteró que la sanción no lo obliga a separarse de la diputación, “porque no hay criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, toda vez que ningún poder puede estar por encima de la soberanía popular, que finalmente es la que me eligió”.

“Entonces, en ese sentido no hay una obligación para hacerlo, toda vez que es un asunto sub júdice, no es una resolución final, sino que es un asunto que todavía se va a litigar en las instancias correspondientes, y si hubiera necesidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia Administrativa”.