* La sanción contra el actual diputado es por diez años en los que no podrá ocupar cargos en la administración pública

 

* El legislador asegura que no actuó con dolo o mala fe, porque el único interés era ayudar a quienes perdieron todo en la contingencia de septiembre del 2013

 

 

Gilberto Guzmán

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar para ocupar cargos públicos, por un periodo de diez años, al diputado local priísta Héctor Vicario Castrejón, con el argumento de que incurrió en negligencia administrativa durante su gestión como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero.

Vicario Castrejón fue delegado de esa dependencia federal de marzo del 2013 a noviembre del 2014, cuando era titular el actual diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, y ante esta sanción afirmó que presentará pruebas de su inocencia, porque nunca actuó con dolo o mala fe, además de explicar que no está obligado a separarse de sus funciones como diputado.

Seis meses después de asumir esa responsabilidad, le tocó enfrentar la contingencia provocada por las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid a mediados de septiembre del 2013, cuya devastación en las diferentes regiones del estado de Guerrero, obligó al Gobierno federal a destinar miles de millones de pesos para el proyecto de reconstrucción denominado “Nuevo Guerrero”, que casi cuatro años después aún no ha entregado la totalidad de las viviendas que se edificarían para los damnificados.

El miércoles 16, el Órgano Interno de Control de la SFP publicó en su página de internet que el ahora diputado local fue inhabilitado por 10 años, para que durante ese tiempo no pueda ocupar algún cargo público, es decir hasta el 2017.

La SFP detalla que con base en el expediente 0061/2017, cuya fecha de resolución es el 9 de Agosto de 2017, se determinó que Héctor Vicario incurrió en negligencia administrativa, por lo cual fue inhabilitado.

El reporte del Órgano Interno de Control de la SFP, no indica algún monto económico que Vicario Castrejón tenga que resarcir por su probable omisión como delegado de la Sedatu en Guerrero, únicamente aparece como servidor sancionado.

 

Probará su inocencia, anuncia Héctor Vicario

 

Sobre esa inhabilitación, el diputado argumentó que es consecuencia de las acciones que le tocó encabezar para hacer frente a la contingencia por las lluvias de septiembre del 2013, pero “en ningún momento se actuó con dolo o mala fe, todas las acciones emprendidas siempre fueron pensadas en el bienestar de la gente que se había quedado sin nada”.

Dijo que tuvo conocimiento que en marzo pasado, la ASF inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra por la existencia de presuntas conductas administrativas irregulares, cometidas durante su gestión como delegado de la Sedatu.

En este procedimiento, la Sedatu resolvió que él era administrativamente responsable del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que fue sancionado administrativamente, inhabilitándolo para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un periodo de diez años.

Sin embargo, explicó el diputado, dicha resolución no constituye un fallo definitivo y con apego al principio de presunción de inocencia previsto en la Carta Magna, el mismo opera hasta que la resolución adquiera firmeza, por lo que se hará valer el Recurso de Revocación ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu, o Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Afirmó que aportará todas y cada una de las pruebas que demuestran fehacientemente su inocencia de los hechos que le imputan, ya que hasta la fecha de su renuncia al cargo de delegado, siempre se desempeñó con estricto apego a la ley, compromiso institucional, responsabilidad social, honradez, transparencia y apegado a los procedimientos correspondientes del Fondo de Desastres Naturales.

Subrayó que, como se demostró con las pruebas exhibidas en el citado procedimiento administrativo a la fecha de su renuncia, las obras de urbanización, correspondiente a construcción de vivienda, a su cargo se encontraban ejecutándose en tiempo y forma.

El diputado Héctor Vicario también afirmó que ante esta sanción de la ASF, no se le puede obligar a separarse de sus funciones como legislador en el Congreso del Estado, donde preside la Comisión de Justicia.

“Hay criterios de la SCJN que señalan, en tratándose de cargos de elección popular, en el momento del sufragio reside la verdadera soberanía del pueblo, y ninguna dependencia de gobierno en sus determinaciones puede ir en contra de la voluntad popular”, explicó.

Aclaró que por ahora está inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en las administraciones federal, estatal o municipal, pero no está impedido de participar para ocupar cargos de elección popular.