* Emilio Álvarez dijo que es “indispensable levantar la mano” para romper con el “pacto de corrupción e impunidad que se ha ido reproduciendo” entre los narcos y las autoridades

 

Alondra García

 

Después de asegurar que en Guerrero y en varias entidades del país, los gobiernos tienen pactos de complicidad con el narco, el expresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, lamentó que “Acapulco y Chilpancingo se pelean el vergonzoso horror de ser el municipio más violento del país”.

La tarde de ayer, el sociólogo y defensor de los derechos humanos presentó en Chilpancingo la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero.

Durante su exposición, consideró necesario que la sociedad y las autoridades “hagan un alto y reflexionen qué está pasando en Guerrero”, porque “todos los indicadores están en foco rojo” en lo que respecta a violaciones a los derechos humanos.

“Los indicadores de violencia se están desatando, no es que no hubiera antes, pero hemos llegado a una situación en que Acapulco y Chilpancingo se pelean el vergonzoso horror de ser el municipio más violento del país”, lamentó.

Por ello, dijo que es “indispensable levantar la mano” para romper con el “pacto de corrupción e impunidad que se ha ido reproduciendo” entre los narcos y las autoridades.

“No podemos permitir esta convivencia que sigue pasando entre narcos y autoridades porque al rato nada más llegan a cobrar el favor. Cuando los políticos llegan al gobierno, tienen que pagar el favor a los criminales y le dan la espalda al pueblo, se voltean, no escuchan los clamores de las víctimas y no escuchan ni un carajo porque están pagando el favor. Tenemos que romper esas cadenas de complicidad y corrupción”, expuso.

Álvarez Icaza advirtió que la inseguridad y violencia en Guerrero han llegado a tal punto que “la gente no se atreve a salir de su casa por el temor de ser asesinada o desaparecida”.

“Si la cosa sigue como va, 2017 va a ser el año más violento en México desde que se tiene registro”, comentó.

Según el especialista, la violencia se ha recrudecido por la colusión que existe entre los grupos delictivos y las autoridades.

Recordó el caso de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos la madrugada del 7 de diciembre de 2011 cerca del poblado de Rodesia, entre Petatlán y Tecpan, por un grupo de hombres armados entre los que había, según testigos, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial.

Para Álvarez Icaza, la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista es un ejemplo más de la colusión entre la delincuencia y las autoridades.

“Eso fue hace seis años, no hicieron nada y luego se vino lo de Ayotzinapa”, recriminó el defensor de derechos humanos.

Incluso afirmó que “las policías municipales están trabajando con los narcos”, como lo demostró el ataque armado ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, en el que fallecieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Otra situación que se vive en Guerrero, indicó, es la extorsión o cobro de piso que realizan los grupos delictivos a los comerciantes, lo que ha llevado al cierre de decenas de negocios.

Incluso expuso algunos casos específicos, como el de una vendedora de jugos y fruta, que fue asesinada a balazos porque no completó la cuota.

“Ese fue un mensaje para todos los demás comerciantes, que a quien no pague así le va a ir”, explicó.

Álvarez Icaza criticó que mientras las colonias de Acapulco sufren “el abandono y el dolor”, la Marina Armada y el Ejército estén “aplastados en las playas”.

Explicó que esta situación ha llevado a “fenómenos de autoprotección”, ya que las personas han optado por “encerrarse temprano en sus casas, no salir, no comprar un automóvil nuevo para que no lo secuestren”.

Incluso dijo que los empresarios han optado por huir cuando les cobran cuota o “afear las fachadas de sus negocios para que no les cobren derecho de piso”.

También señaló los resultados que arrojó la investigación realizada por la Comisión de la Verdad (Comverdad), la cual, dijo, realizó “uno de los ejercicios más serios de justicia transicional”.

Destaco que la Comverdad obtuvo resultados a pesar de los obstáculos impuestos por las autoridades, de la falta de recursos, de las amenazas y de un ataque a balazos que sufrieron los comisionados.

Recordó que el 85 por ciento de las desapariciones forzadas que se vivieron durante la Guerra Sucia en México ocurrieron en el estado de Guerrero y hasta la fecha, “no se ha dado el proceso de justicia para ubicar a los culpables”.

Por este motivo, señaló Álvarez Icaza, “se ha ido construyendo un estado democrático sobre el cimiento de la impunidad y la injusticia”.

Para el defensor de los derechos humanos, “la magnitud de la brutalidad es tal” que en todo el mundo se conoce lo que está ocurriendo en México.

“Es extraordinariamente grave que lo que se conozca de México en el mundo no sean sus playas, sus bellezas naturales, la bondad de su gente… sino la violencia que vive su población. Lamentablemente todas las instancias internacionales tienen el mismo diagnóstico”, expresó.

Incluso consideró que en Guerrero no existen condiciones para considerar que se vive un estado democrático, porque gran parte de la población “se va a dormir con hambre”, existen altas tasas de migración y en el colmo de los casos, “los narcos llegan a la sierra y amenazan a los campesinos para que siembren amapola o sino los matan”.

Por ello, dijo que es necesario “repensar las cosas”, ya que hace 10 años empezaron los operativos de seguridad en Guerrero y la situación, insistió, “está peor”.

Álvarez Icaza puntualizó algunos de los principales problemas que están lacerando a Guerrero y que han sido señalados en diversos informes, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.

En primer lugar, dijo, hay altos índices delictivos con una fuerte presencia de violencia de género y una “muy preocupante alarma de feminicidios, principalmente en Acapulco”.

El fenómeno de la violencia, señaló, “tiene particular crudeza contra las mujeres porque además tiene tinte sexual”.

Asimismo, señaló que existe “control y poder absoluto de grupos delincuenciales en varias zonas del estado”.

“Hay zonas en las que dominan y los gobiernos formales son eso, una ventanilla de trámite para el que verdaderamente manda. Porque no son los poderes formales los que gobiernan, sino los grupos delictivos de la región”, expuso.

Consideró que existe una “colusión y complacencia de las autoridades de los poderes públicos con el crimen organizado”, lo cual, dijo, “ya ha sido reconocido en varias ocasiones por los servidores públicos”.

A todo lo anterior se suman las deficiencias en la investigación de casos de desaparición forzada, lo que genera una “impunidad estructural”.

El ex presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hizo hincapié en la iniciativa ciudadana de buscar a los desaparecidos en fosas clandestinas, debido a la inacción de las autoridades.

“Desde hace 10 años sabíamos de las fosas, ¿cómo es posible que el aparato de justicia en Guerrero no tenga brigadas especializadas de búsqueda ni equipos para buscar? Ofende cuando vemos los ríos de dinero que gastan en las elecciones, ofende e indigna que se gasten ríos de dinero en las elecciones, que compren el voto, que tengan mansiones millonarias en Acapulco que consiguen con el pago de favores, de licitaciones, del moche. Indigna que no haya dinero para la gente”, expresó.

Por ello, Álvarez Icaza consideró “inaceptable” que en el presupuesto de Guerrero no haya una partida destinada a la creación y operación de una unidad especializada en la Fiscalía para la búsqueda de desaparecidos.

“¡Es la hora que el gobernador no le pone presupuesto, no le pone autoridad! Dijeran que es un solo caso, ¡pero no!, en todas las regiones de Guerrero están levantando la mano por justicia y la voluntad del inicio de gobierno cada vez se cierra más y más”, recriminó.

Otra problemática que señaló fue la del desplazamiento forzado de comunidades enteras a causa de la violencia que generan los grupos del crimen organizado.

Insistió en que el tejido social “está siendo carcomido por las espirales de violencia”, por lo que “no es aceptable” que ni los legisladores ni los gobiernos tengan una agenda “mucho más estructurada” en el tema de justicia.

“No es aceptable nada más administrar el dolor. Necesitamos presionar para que se entienda claramente que quienes están mal son aquellos que causan muerte. Pero ahora parece que quienes reclaman justicia son delincuentes, inadaptados, radicales. ¡Es el mundo al revés!”, reprochó Icaza.

Por ello, consideró indispensable trabajar por la justicia para lograr la paz. Para ello, dijo, es necesario mandar un fuerte mensaje desde los distintos sectores de Guerrero.

“Es necesario que hagan una manifestación pública, política y expresa de la construcción de la paz a través de la justicia. Se necesita mandar un poderoso mensaje en el contexto de la violencia que está viviendo Guerrero, que los distintos sectores, sindicatos, grupos sociales, manden un poderoso mensaje en el ánimo de decir que se puede ir por otra ruta que no sea la justicia para la construcción de la paz”, sentenció.

Dijo que varios defensores de derechos humanos y organizaciones de otras entidades respaldarían esa manifestación pública.