* El auditor general del estado dijo que esta nueva facultad está contemplada en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción

 

* Advirtió que hasta ayer, apenas una tercera parte de entes auditables habían entregado a la AGE su informe del primer semestre, cuando el plazo para hacerlo vence hoy

 

 

Gilberto Guzmán

 

El auditor general, Alfonso Damián Peralta, informó que a partir del 1 de enero del 2018, la Auditoría Superior del Estado tendrá nuevas facultades de fiscalización, entre ella la revisión del ejercicio fiscal en curso, así como de años anteriores, y no sólo el que recién haya concluido, como parte de las nuevas facultades que le dota el Sistema Estatal Anticorrupción.

En entrevista, aseguró que Guerrero es uno de los estados que ha destacado por aprobar nuevas leyes y reformar otras ya existentes, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Habría que destacar el impulso que le ha dado el Gobierno del Estado a esta serie de leyes que, además de que se cumplió en tiempo gracias al Congreso del Estado, éstas leyes están clasificadas como satisfactorias, es importante subrayarlo”, indicó.

En el caso de la Auditoría General del Estado, señaló que con las nuevas modificaciones, a partir del 1 de enero del 2018 cambiará su nombre a Auditoría Superior del Estado y se amplían sus facultades en el tema de auditoría, en función de que la Ley 1028 de Fiscalización, que es la que se aplica actualmente, se modificará completamente y habrá un nuevo marco jurídico a partir de enero.

Explicó que los cambios sustanciales tienen que ver con que la ASE podrá auditar ejercicios de años anteriores; “actualmente no lo puede hacer por una limitante conocida como principio de anualidad”, además que ahora tendrá la facultad de auditar ejercicios fiscales en curso.

Actualmente, “por iniciativa de la Auditoría General del Estado hay una limitante también en ley, que limita la fiscalización únicamente al año inmediato anterior que es el que se está revisando, a partir de la entrega de las cuentas públicas”, explicó.

Damián Peralta subrayó que la ASE tendrá una serie de nuevas facultades para dar mejores resultados a la ciudadanía en materia de fiscalización.

Agregó que a partir de las nuevas reformas, podrá entregar informes parciales o individuales en los meses de junio y octubre, y el informe general se estará entregando en febrero del siguiente año al que corresponda la cuenta pública.

Pero los informes individuales servirán de herramienta al Poder Legislativo para efecto de que pueda decidir respecto a los aspectos presupuestales, agregó.

Mencionó que la todavía AGE trabaja en la capacitación de los servidores públicos para que no cometan irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, “pero también estamos comprometidos en sancionar a los servidores públicos que no entregan su información de acuerdo a los términos de ley y también sancionar de manera resarcitoria; es decir cobrarnos a través de sus bienes de los servidores públicos o con el reintegro del recurso que ellos realicen, de irregularidades que se hayan determinado como presunto daño”, añadió.

 

Denuncias penales contra quienes no cumplan

 

Damián Peralta explicó que hay 153 entes fiscalizables obligados a entregar el informe financiero correspondiente al periodo enero-junio y que el plazo vence este martes 15, pero hasta las 9 de la mañana de ayer apenas 54 entes habían cumplido con esa obligación.

Advirtió que a quien no entregue el informe, se le iniciará de manera inmediata un procedimiento administrativo disciplinario, y dependiendo de la extemporaneidad con la que entreguen su información, las sanciones pueden ir desde una multa de mil días de salario mínimo en contra del presidente municipal o tesorero, y que tiene que pagar con recursos propios, además de que en algunos casos se puede llegar a la inhabilitación por no cumplir con esta obligación.

Además, dijo que se ha reforzado el tema de la presentación de las denuncias penales en los casos donde no se presenta la información, porque la cuenta pública o los informes financieros establecen en qué se gastó el recurso público.

Entonces, al no tener esa información presentamos las denuncias de carácter penal para efecto de que la Fiscalía realice las acciones correspondientes.

El auditor indicó que actualmente hay una denuncia penal en contra del municipio de Leonardo Bravo por no haber entregado la cuenta pública correspondiente al 2016.

Destacó que en lo que va de su administración se han presentado la mayor cantidad de denuncias penales ante la Fiscalía, y después de eso corresponde darle seguimiento al curso que tome cada una de ellas.