* Felipe de la Cruz informó que sus acciones podrían ser más radicales dependiendo de la respuesta que les de la PGR en la reunión del próximo 23 de agosto

 

Alondra García

 

Estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestarán el 26 de septiembre en los municipios de Iguala, Chilpancingo, Tixtla, Tecoanapa, Ayutla, Ometepec y San Luis Acatlán, para exigir justicia, a tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, después del ataque que sufrieron por parte de policías municipales y sicarios de ‘Guerreros Unidos’.

Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de familia, informó que el viernes 11 de agosto comenzaron a recorrer los municipios de los que eran originarios los jóvenes desaparecidos.

La intención, dijo, es organizar las protestas para el 26 de septiembre, cuando se cumplirán tres años del ataque armado a un grupo de normalistas en Iguala, que dejó un saldo de seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.

Además, informó que determinarán si realizan protestas durante todo el mes de septiembre “dependiendo de la respuesta” que reciban en la mesa de diálogo que tendrán el próximo 23 de agosto con la Procuraduría General de la República (PGR).

Indicó que los padres de familia exigirán en la reunión que se tomen en cuenta las cuatro líneas de investigación que ellos consideran que podrían llevarlos a dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos: 1. La participación del Ejército Mexicano; 2. El seguimiento a los teléfonos celulares de los estudiantes; 3. El posible traslado de los normalistas al municipio de Huitzuco; 4. El trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen.

Hace tres meses, la Procuraduría General de la República aseguró a los padres de Ayotzinapa que en la reunión del 23 de agosto darían avances significativos sobre la desaparición de los 43 normalistas.

De la Cruz Sandoval advirtió que, en caso de que esto no suceda, se tomarán “otras acciones”.

Para el vocero de los padres de los 43, el caso Ayotzinapa “ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno mexicano para resolver crímenes e impertir justicia”.

Insistió en que “la verdad histórica no existe” y rechazó una vez más la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron plagiados, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos vertidos en el río.

“Ese fue un teatro orquestado por el gobierno mexicano para tratar de cerrar el caso lo más pronto posible”.

Dijo que desde la desaparición de los jóvenes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, “han sido tres años de angustia, de esperanza y de lucha” en los que “el gobierno ha hecho todo lo posible por ocultar la verdad, insensible al dolor de las familias”.