Los Abarca conocieron las acusaciones en su contra antes de ser detenidos

* Lo mismo ocurrió con los jefes de ‘Guerreros Unidos’, Sidronio Casarrubias y Gilberto López, ‘El Gil’, aseguró el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos

 

Fernando Hernández

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que autoridades del estado de Guerrero hicieron “pactos” con jefes del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, con el alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y los jefes policiacos de Iguala y Cocula, para permitirles evadieran la justica después de los ataques contra normalistas ocurridos el 26 y 27 de septiembre, que derivaron en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En la segunda parte de una entrevista realizada a Rosales Sierra cuando se aproxima el tercer aniversario de los hechos que conmocionaron al país y a la comunidad internacional, el activista dijo que los líderes del cártel de los ‘Guerreros Unidos’, a quienes se les atribuye la desaparición de los normalistas, tuvieron acceso pleno a expedientes y demás documentos oficiales antes de sus detenciones, lo que les permitió a sus abogados tener coartadas con las que hicieron frente a las acusaciones en su contra una vez que fueron presentados ante las autoridades.

-¿Podría pensarse que las detenciones de los jefes de Guerreros Unidos, y los perredistas José Luis Abarca y su esposa, pudieron haber sido pactadas o negociadas?- se le preguntó.

-No sé si las detenciones fueron pactadas, lo que tenemos documentado es que hubo pacto con las autoridades de Guerrero para que pudieran evadir la justicia muchos responsables en los primeros momentos, en los primeros días –después de los ataques— hubo pactos, hubo facilidades para que los responsables hayan evadido sus responsabilidades, respondió Rosales Sierra.

“Las autoridades locales manipularon, intervinieron y pactaron con estos personajes tanto con los Guerreros Unidos como con los Abarca para que pudieran permitir su evasión”, puntualizó.

El abogado de Tlachinollan indicó que en las primeras diligencias que llevó a cabo la entonces Procuraduría General de Justicia luego de lo ocurrido en Iguala, se incurrió en errores y omisiones que no permitieron que “se detuviera a los verdaderos responsables”.

El abogado expresó que las detenciones de Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y las de los jefes de Guerreros Unidos, como Sidronio Casarrubias Salgado y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil, “ya no pudieron aportar mucho en virtud de que se hicieron de manera tardía, lo que permitió que ellos tuvieran ya una coartada de defensa claramente establecida, asesorados plenamente por los abogados, antes de ser detenidos”.

Rosales Sierra reveló que incluso antes que fueran detenidos, los capos de la organización delictiva y el matrimonio Abarca Pineda, que fue identificado como el brazo político del cártel, “accedieron a copias de las acusaciones y sabían perfectamente los puntos nodales de las acusaciones, y es poco posible que puedan aportar más datos”.

“Los demás que han estado cayendo, ya no ayudan sus detenciones porque una vez que son detenidos ya tienen coartadas, entonces es difícil que se pueda aportar, pero ahí tendrán que ser las pruebas científicas las que determinen la responsabilidad, como la telefonía y otros elementos”, anotó.