* El activista de Tlachinollan destacó que gracias a las presiones de su movimiento ya lograron que abra de manera oficial esa línea de investigación en el caso Iguala-Ayotzinapa
Fernando Hernández
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que debido a las presiones del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, lograron que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera de manera oficial una línea de investigación por las posibles implicaciones del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes.
En las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el activista puntualizó que a casi casi cuatro años de los ataques contra los normalistas por parte de policías municipales y sicarios de ‘Guerreros Unidos’ lo que ha hecho el gobierno federal es ir “administrando” la tragedia y la crisis que generó el caso Ayotzinapa.
Rosales Sierra manifestó que el Estado mexicano resistió una “primera oleada de presión, así como de protestas generalizadas en todo el país, la presión internacional en un segundo momento con la presencia en el país del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ahora creo que ellos –las autoridades federales— han logrado sortear todas esas presiones”.
Comentó que todo indica que el cálculo de las autoridades federales es administrar el problema en lo que llega el 2018, “y creo que nosotros y el movimiento de los padres e Ayotzinapa contamos de aquí a más tardar al mes de octubre, que son los meses digamos decisivos, en los que habremos de presionar, y se puede mover un poco el caso y para ellos también, justamente es aguantar en esos meses, porque después viene totalmente la agenda electoral”.
Consideró que en la agenda electoral la demanda de justicia de los padres de los 43 normalistas desparecidos en Iguala “ya no tendrá cabida, ya que desde ahorita ya no es prioridad la agenda en materia de derechos humanos”, que pasa por un análisis del Caso Ayotzinapa.
Rosales Sierra recordó que las autoridades han detenido a 180 personas a quienes se les imputa tener algún tipo de participación en los hechos de sangre que marcaron la historia política de Guerrero y que conmocionaron a la comunidad internacional.
Y detalló que las causas penales relacionadas con el Caso Ayotzinapa fueron consignadas básicamente a dos cortes, el Juzgado Primero de Procesos Penales de Tamaulipas, así como un Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito de Hidalgo con sede en Iguala.
Abundó que la mayoría de líderes del grupo criminal ‘Guerreros Unido, que fueron detenidos, así como algunos policías municipales de Iguala y Cocula, están siendo procesados en un juzgado ubicado en un estado fronterizo.
Abundó que de los 180 detenidos solamente ocho policías están consignados por el delito de tortura, y los demás por homicidio y delincuencia organizada. Pero ninguno de los detenidos ha sido sentenciado, “todos están en la etapa de instrucción”.
Dijo que la otra parte es la que está en plena investigación y “lo que hemos logrado con los padres de los 43 es que la Procuraduría General de la República abarque cuatro líneas de investigación”.
Detalló que la primera línea de investigación que se conseguido que sea integrada por la PGR a sus pesquisas es la vinculación del Ejército Mexicano; la otra es la que tiene que ver con las posibilidades de que los normalistas pudieron haber sido llevados a Huitzuco; la telefonía celular así como la del trasiego de droga de Iguala hacia la ciudad de Chicago.
Expresó que ninguna de las cuatro líneas de investigación había sido considerada por la PGR, y que tenía solamente como la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, además que está pendiente por concluir las investigaciones sobre los restos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, ubicada a los pies de los Alpes en Austria.