* El titular de la Fiscalía dijo que el informe de la investigación por el crimen de quien era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado también está en manos del Poder Legislativo local

 

* Rechazó responder a los señalamientos que le hizo la señora Marta Obeso, viuda de político perredista, quien dijo que no aceptarán la conclusión de que el crimen fue cometido por el ERPI

 

Jesús Saavedra

 

Desde hace dos semanas el informe sobre la conclusión principal de la responsabilidad del asesinato de Armando Chavarría Barrera, fue entregado por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso del Estado y también se consignó a la autoridad jurisdiccional el expediente.

Así lo informó de manera escueta el fiscal Xavier Olea Peláez, quien evadió hablar sobre los señalamientos que le hizo la viuda del político asesinado en agosto de 2009, Marta Obeso Cázares, quien dijo el martes que no van a aceptar la conclusión de que ese homicidio habría sido ordenado por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Obeso Cázares reveló que en julio del año pasado se reunió con Olea Peláez y que ahí, éste le habría dado a conocer que las conclusiones del caso apuntaban al ERPI como responsable de haber ordenado el homicidio de quien era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.

El pasado 26 de junio, durante su comparecencia ante diputados, el fiscal se comprometió a que presentaría ante el Congreso un informe sobre la investigación en el que daría a conocer a los autores del homicidio de Chavarría Barrera.

Ayer, al concluir el evento por el aniversario del natalicio de Vicente Guerrero, el fiscal reveló que ese informe “está entregado y eso es todo lo que puedo manifestar; ya lo entregué hace dos semanas”, reiteró.

Cuestionado sobre la postura de la señora Obeso Cázares, respondió que “no voy a señalar absolutamente a nadie porque no me compete a mí. Solicité, consigné a la autoridad jurisdiccional (el expediente) y será la autoridad jurisdiccional quien resuelva”.

En otro tema, el fiscal se refirió a los agentes que no han aprobado los exámenes de control de confianza y que deben ser dados de baja y se les tiene que liquidar.

Olea Peláez explicó que la FGE no tiene recursos y “no pretende crear un conflicto laboral, como consecuencia vamos a esperar”.

Señaló que son poco más de cien agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales los que están en esa situación, pero descartó que se esté violando la ley si continúan en funciones, como lo denunció un diputado local de Movimiento Ciudadano; “de ninguna manera porque ellos hicieron exámenes de permanencia, violaría la ley si aceptara que alguno de nuevo ingreso siguiera trabajando aun cuando hubiese reprobado el examen”.

Indicó que para el presupuesto del 2018 se tendrá que disponer de una partida especial para despedir a quienes no acreditaron sus exámenes de control de confianza y se les liquide conforme a la ley para evitar un conflicto laboral.