* Los elementos que fueron dados de baja después de un paro laboral a finales de mayo pasado, protestaron ayer afuera de la Comisión de Derechos Humanos
 

Redacción

 

Un grupo de policías estatales que fueron dados de baja después de participar en un paro laboral, protestaron ayer en las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), donde aseguraron que aún son elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero no tienen labores asignadas y tampoco cobran un salario.

José Muñoz, uno de los manifestantes, explicó que ninguno de los 176 elementos notificados firmó algún documento oficial que avale su despido, lo que tendrían que haber hecho para posteriormente ser remitido a Contraloría Interna y al Consejo de Honor y Justicia.

“No estamos dados de baja, somos policías activos pero sin sueldo. No hay ningún documento, no hay nada. Son manejos arbitrarios (de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal)”, expuso José Muñoz.

Incluso dijo que les han negado la oportunidad de trabajar en otras áreas, porque aún aparecen en el sistema como elementos en activo de la policía estatal.

Por ello, los hombres han tenido que buscar otras opciones, como sembrar el campo; mientras que las mujeres se dedican a hacer mandados, al trabajo doméstico y a lavar y planchar roja ajena para sobrevivir.

“De algo tenemos que vivir, somos honestos, no podemos vivir de otra cosa”, expresó una mujer mientras mostraba las callosidades de sus manos con una tonalidad verdosa. “Esto es porque yo me encargo de la milpa”, explicó.

Durante la protesta, los elementos mostraron fotografías del equipo de seguridad en mal estado con el que eran obligados a trabajar, como cascos y chalecos antibalas rotos.

Por ello, insistieron en que el paro laboral que realizaron del 29 al 31 de mayo era necesario para demandar mejores condiciones laborales.

José Muñoz recordó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció el despido de los 176 elementos que participaron en la protesta y que en ese entonces el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, los recibió y les consiguió una mesa de diálogo con el gobierno del estado.

Sin embargo, recriminaron que el ombudsman les haya sugerido que aceptaran la oferta de finiquito que les ofrecía la autoridad estatal, lo cual, dijo, era “una burla, una pisoteada”.

Los policías dados de baja acusaron a Navarrete Magdaleno de “irse del lado del gobernador”, por lo que dijeron que no aceptaron ni aceptarán la oferta del gobierno del estado.

“No estamos ciegos ni tontos. Vamos a pelear lo que nos corresponde por ley”, aseveró José Muñoz.

Los manifestantes afirmaron que están “en la mejor disposición de entablar un diálogo con el gobierno estatal para llegar a buenos acuerdos”.

Incluso pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que “reconsidere la situación y rectifique el actuar de su gobierno”, ya que al despedir a 176 policías estatales está vulnerando aún más el complicado escenario de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero.