* José Díaz, vocero de esa organización, aseguró ante el presidente de la CNDH y un representante de la ONU que Comunitarios por la Paz y la Justicia son los responsables de la violencia en ese municipio

 

ALONDRA GARCÍA

 

El colectivo ‘Siempre Vivos’ entregó un documento a la CNDH y a la ONU-DH para que respalden su petición de desarmar al grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia, que opera en las comunidades rurales de Chilapa, al cual identifican como brazo armado del grupo delictivo ‘Los Ardillos’.

El vocero de ‘Siempre Vivos’, José Díaz Navarro, y varios integrantes del colectivo asistieron ayer al foro sobre desaparición forzada que organizó Tlachinollan con motivo de su 23 aniversario.

Al término del primer panel de expositores, Díaz Navarro tomó el micrófono para denunciar las ejecuciones y desapariciones que ocurren en la cabecera municipal y comunidades de Chilapa, derivado de la operación de grupos del crimen organizado.

Indicó que de enero a la fecha, Chilapa tiene un registro de 155 homicidios presuntamente cometidos por la delincuencia organizada. A esto se suman más de 100 desaparecidos en lo que va del año.

“Nosotros sí sabemos quiénes se llevaron a nuestros familiares, sabemos dónde están, sabemos quiénes son y no es raro que actualmente todos los días asesinen a mínimo una persona sólo en Chilapa”, expuso Díaz Navarro.

Los culpables, dijo el activista, son los integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que opera en las comunidades rurales de Chilapa.

Aseguró que “el líder de estos delincuentes está en Quechultenango y se llama Celso Ortega Jiménez”, líder del grupo delictivo ‘Los Ardillos’.

“Esa familia (Ortega Jiménez) se ha adueñado de nuestras vidas, de nuestra economía, de todo. Ellos son los que están asesinando, desapareciendo, secuestrando, humillando a nuestros compañeros de Chilapa y de otros municipios como son Zitlala y Tixtla”, afirmó el vocero del colectivo ‘Siempre Vivos’.

Son tantas las víctimas de la delincuencia, dijo, que ya se sumaron al colectivo varias familias de los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Apango, Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y Tixtla, “porque no encuentran quién los apoye para buscar a sus desaparecidos”.

Al terminar su intervención, Díaz Navarro se acercó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, y al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DDHH), Jan Jarab.

El activista les entregó un documento en el que les pidió sumarse a la propuesta para exigirle al gobierno estatal el desarme inmediato de los Comunitarios por la Paz y la Justicia, grupo que pertenece al crimen organizado y se ampara en la Ley 701 para justificar su operación, aseguró.