Surge una mayor resistencia de sectores de la población contra acciones policiacas.— Muchas de esas acciones son para proteger y continuar con acciones ilegales.— Debe revisarse y analizarse esa resistencia a las fuerzas del orden
Enrique Vargas
Cada vez es más común encontrar casos en los que algunos sectores de la población no sólo rechazan la acción de las policías, sino que se enfrentan con ellos y tratan de evitar que cumplan con las acciones legales que les corresponden y que, según la ley, deben evitar y hasta decomisar los aparatos e instrumentos que se usen en esos casos.
Hay dos casos muy recientes, uno en la población guerrerense de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, donde un grupo no muy amplio de gente de la comunidad se oponen a la presencia de la Policía Federal, uno de cuyos grupos fue objeto de una emboscada en la que murió uno de sus integrantes y otros dos resultaron con lesiones graves.
Ahora anuncian la creación de un grupo de autodefensa, que es ilegal de origen, que aseguran les servirá para impedir que entren a ese lugar los integrantes de la PF, lo que representa no sólo una ilegalidad, sino una especie de provocación que podría generar hechos más graves.
Lo peor es que es el presidente municipal, el panista Alfredo Alarcón Rodríguez, quien no sólo alienta, sino que aparece como vocero del grupo de los inconformes, es de los que aseguran que los elementos de la PF han cometido una serie de abusos y agresiones contra habitantes del lugar, con el pretexto de investigar la muerte de su compañeros y para tratar de ubicar armas en el interior de los domicilios.
El otro hecho al que nos referimos es el que se generó en la delegación de Tláhuac, en el Distrito Federal, ahora oficialmente nombrada Ciudad de México, donde elementos de la Marina enfrentaron al grupo delictivo que comandaba Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, junto con seis de sus cómplices, quienes, al agredir a los marinos cometieron su peor error, pues los 7 fueron muertos en el interior de un restaurante.
A partir de ese hecho, se dieron una serie de respuestas violentas de los integrantes de ese grupo, pues bloquearon avenidas con vehículos grandes a los que incendiaron.
Allá, el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, militante de Morena, donde ocurrieron los hechos violentos, era el único que no se había enterado de la presencia de ese cártel, porque nunca lo combatió y hasta le facilitó que armara un equipo de repartidores de drogas, que también funcionaban como “halcones”, pues por su actividad como operadores de las “Mototaxis” daban servicio de transporte de pasajeros y al recorrer la delegación, también informaban a su promotor, El Ojos, del movimiento de las policías y los integrantes de las fuerzas armadas, lo que le permitía evadirlos y continuar con sus acciones delictivas, fuera de la vigilancia de los cuerpos que lo perseguían.
Ahora, el delegado de Tláhuac está bajo investigación y puede ser sometido a un juicio de procedencia en la Asamblea Legislativa, que puede determinar su destitución.
En Chichihualco llama la atención que el alcalde panista Alfredo Alarcón se manifieste tan abiertamente en defensa de los grupos que se oponen a la presencia de los policías federales y hasta promueva la presencia y actuación de ese grupo de autodefensa, que deben tener armas, y que incluso promuevan la llegada de la UPOEG, que comanda Plácido Valerio, quien hasta ahora ha protegido y ocultado a los integrantes de su grupo armado, que masacraron a una familia, en Cacahuatepec, Acapulco, donde mataron a siete personas, entre ellas 3 mujeres, tres menores de edad y un hombre.
DEBE REVISARSE Y ANALIZARSE ESA RESISTENCIA A LAS FUERZAS DEL ORDEN.— Es necesario recordar que en Guerrero se han dado otros hechos de grupos que se oponen a la presencia del Ejército, la Marina y las policías acreditadas, especialmente la federal, como ocurrió en La Gavia, del municipio de San Miguel Totolapan, sin duda uno de los que están más penetrados y controlados por grupos de la delincuencia organizada, como La Familia y Los Tequileros.
Debería suponerse que la gente de esos lugares tendría que recibir con alegría y agradecimiento a las fuerzas que buscan controlar y reducir los grupos criminales, pero no es así, por lo que se ha visto.
La explicación que surge de esa inesperada actitud de una parte de la población, es que los grupos criminales los involucran en sus actividades, en labores de “halconeo”, mensajería y otras tareas que permiten mantener a los delincuentes bien informados, mientras que esa gente recibe alguna paga, aunque menor, pero que les permite cubrir algunas de sus necesidades básicas y que pueden ser sus únicos ingresos.
Por esa razón, los grupos delincuenciales los utilizan también como escudos y los mandan a las calles a protestar y bloquear a las fuerzas estatales y federales cuando llegan a los lugares donde se asientan los jefes de las pandillas, que de esa manera están bien informados y hasta cuentan con esa protección, porque la gente que los protege y oculta, acusa a quienes tratan de aplicar la ley de cometer abusos, de introducirse sin permiso en sus casas, porque muchas veces ocultan a algunos delincuentes y hasta armas prohibidas.
Es difícil aceptar que esas resistencias surjan de grupos auténticamente populares y que busquen evitar abusos, pero también se presta a suponer lo que señalamos arriba, que sirven como defensas indebidas a los delincuentes que se esconden y realizan algunas de sus acciones relacionadas con el narcotráfico en esos lugares.
El problema en Guerrero es que no es fácil tomar acciones firmes para contrarrestar esa aparente o falsa resistencia popular, tras de la cual pueden ocultarse las acciones de los criminales, por eso es correcto lo que se planteó hace un par de días, en el sentido de que debe descubrirse a los autores del atentado que dejó tres policías federales baleados, que obviamente son integrantes de la delincuencia organizada, lo que dejaría en evidencia que quienes rechazan a la Policía Federal en Chichihualco, están protegiendo en realidad a los agresores de los uniformados.
Eso obliga, también, a que se someta a investigación al alcalde panista Alfredo Alarcón y en caso de encontrar algunos elementos que expliquen su oposición a la PF y su respaldo a los supuestos autodefensas, tendría que plantearse la necesidad de someterlo a juicio político, para separarlo del cargo por las acciones ilegales que desarrolla, de la misma manera que se plantea con el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, a quien protege El Peje, Andrés Manuel López Obrador, dueño de Morena.
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