* Recalcó lo estipulado en la Ley 701, que establece que estos pueden operar exclusivamente en territorio indígena, y sentenció que son ilegales los grupos fuera del reglamento
* En otro tema el gobernador señaló que la administración estatal apoyará instalación de mineras donde sea viable
* Sobre el caso Chavarría, mencionó que instruyó al fiscal, Xavier Olea para que en los próximos días entregue al Congreso del Estado un informe con los avances de las investigaciones del asesinato del político perredista
Fernando Hernández
“Las policías comunitarias que porten armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y que operen fuera de territorios, están fuera de la ley”, sentenció el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
En conferencia de prensa a la que también asistieron los secretarios de Educación y Turismo; José Luis González de la Vega y Ernesto Rodríguez Escalona, anotó que el gobierno del estado apoyará los proyectos de exploración y explotación de minerales de empresas trasnacionales en los lugares en los que estos sean viables.
Al gobernador se le recordó que las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordaron no desarmar a sus guardias comunitarias y tampoco entregar a la justicia a ninguno de sus miembros implicados en las masacres ocurridas en San Pedro Cacahuatepec, en las que fueron asesinados un bebé de cuatro meses de edad, un niño de 11 años, un adolescente de 17 años y tres mujeres.
Este domingo, durante la conformación de un Consejo Estatal de Autoridades, la UPOEG, dirigida por Bruno Plácido Valerio, determinó, no dejar las armas, ni entregar a ninguna persona, por el asesinato de las siete personas en esa comunidad de Acapulco.
En esa reunión, consideraron que “hay una intención por parte del gobierno del estado” de desarmar a las policías comunitarias de su organización y debilitarla “de cara al proceso electoral de 2018”.
En este sentido, el mandatario enfatizó en que su postura era que los grupos de autodefensa que se denominan policías comunitarias, que emplean armas que sólo están permitidas para uso de las fuerzas federales y que mantienen operaciones fuera de las comunidades indígenas, “están fuera de la Ley”.
Anotó que la propuesta de reforma a la Ley 701 de Cultura Indígena tiene como finalidad convertirse en una ley de alcances generales para los pueblos originarios y no en un ordenamiento jurídico que tenga dedicatoria para alguna organización social en concreto.
En otro tema, mencionó que la mañana de este lunes habló con el fiscal, Xavier Olea Peláez y que este en los próximos días estará entregando a los diputados del Congreso del Estado un informe con los avances de las investigaciones por el asesinato del expresidente del Poder Legislativo, Armando Chavarría Barrera.
En su comparecencia ante las comisiones unidas de Justicia, y Seguridad, así como la Junta de Coordinación Política del Congreso local, que se desarrolló el pasado 26 de junio, este se comprometió a entregar en un plazo no mayor de tres semanas un informe a los diputados en los que destacaría el nombre de los asesinos materiales e intelectuales del homicidio del otrora aspirante a gobernador por el PRD.
La promesa del fiscal fue severamente criticada por la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázares, quien dijo a este medio informativo que Olea Peláez está empecinado en comprobar la hipótesis de que el asesinato del político fue un ajusticiamiento que ejecutó un grupo guerrillero.
Entorno a la resistencia de comunidades de la región de la Montaña para que inicien operaciones, empresas mineras a las que el gobierno federal les entregó concesiones de exploración y explotación de yacimientos minerales, precisó que el gobierno del estado ha apoyado los proyectos de las mineras canadienses en los territorios en los que estas actividades sean viables.
En lo que se refiere a Eduardo Neri, donde se encuentra instalada la minera Media Luna que extrae oro y zinc, principalmente, y que recientemente interpuso un amparo para realizar aportaciones al Fondo Minero, Astudillo mencionó que “el Fondo Minero, creado en 2014 por el gobierno federal, va a ampliarse, esa es la información que tengo de la federación”.
A pregunta expresa sobre la inseguridad en las localidades donde están instaladas las mineras, el mandatario estatal refirió que “desde Mezcala hasta la Tierra Caliente las cosas están funcionando con normalidad”. Agregó que “tan es así que recientemente se vendió la minera ‘Filos’ al tope más alto que se ha vendido una mina en los últimos tiempos en México.
Sobre las dos minas instaladas, una en Campo Morado y otra en Temixco, en la región de Tierra Caliente, aclaró que están cerradas por una serie de conflictos con los habitantes locales; mientras que los habitantes aseguran que fueron cerradas por los altos índices de inseguridad y que ha generado problemas económicos porque junto con las minas se cerraron fuentes de empleo.