* El fiscal dijo ante diputados que “en dos semanas, o máximo tres, sabrán en esta Legislatura quiénes son los responsables” del homicidio de quien fuera presidente del Congreso del Estado 

 

* Admitió que grupos de civiles armados portan armas de uso exclusivo del Ejército y justificó que el que no se proceda a desarmarlos porque eso generaría un enfrentamiento mayor

 

* Reiteró que el diputado Saúl Beltrán es investigado por su relación con Raybel Jacobo, ‘El Tequilero’, pero explicó por qué no se le pudo detener por la orden de aprehensión que había contra él

 

Gilberto Guzmán / Redacción

 

Además de asegurar que en dos o tres semanas informará quienes son los asesinos de quien fuera presidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, el fiscal Xavier Olea Peláez aseguró ante diputados de diversas comisiones del Poder Legislativo que a pesar de que no ha sido desaforado el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco, no descansará hasta detenerlo por su presunta relación con el grupo delictivo ‘Los Tequileros’, que opera en municipios de Tierra Caliente.

También, señaló que los grupos de civiles armados de la UPOEG que operan como policías comunitarios en diversos municipios del estado, están al servicio de uno de los grupos criminales que se disputan el control de las plazas en la región Centro y Sierra.

Al comparecer este lunes ante miembros de las comisiones unidas de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, el fiscal destacó que en coordinación con el Ejército, policía estatal y federal, la Marina, y la Policía Ministerial de Michoacán, se han hecho diversos operativos para lograr la detención de Raybel Jacobo de Almonte, ‘El Tequilero’, y aunque admitió que “desafortunadamente reconozco hasta el momento no se ha tenido el éxito que se desea”, advirtió que “no descansaremos todas las instituciones en mención hasta lograr la detención del delincuente”.

Olea Peláez fue cuestionado entonces sobre el video difundido en un medio nacional en el que se observa y escucha cuando señala a Saúl Beltrán Orozco, como  ‘El Tequilero mayor’, a lo que respondió que “al respecto debo de apuntar lo siguiente: en primer término, el diputado de marras es parte de varias investigaciones. En segundo término se tienen abiertas e investigando averiguaciones previas y carpetas de investigación contra dicho miembro con licencia de esta Legislatura”, dijo.

Añadió que “la Fiscalía no descansará hasta lograr, cumpliendo con todas las formalidades constitucionales de procedimiento y de presunción de inocencia, de investigar al diputado” Beltrán Orozco,  y reveló que en algunas de las investigaciones se desprende que tiene una relación de compadrazgo y amiguismo con ‘El Tequilero’.

Antes, el fiscal explicó las razones jurídicas por las cuales no ha podido detener al legislador calentano, entre las cuales citó el hecho de que la Mesa Directiva del Congreso del Estado que preside la diputada por Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho Díaz, solicitó al juez, mediante el oficio HCE/MD/MCD/077/2017, la suspensión del procedimiento y, por acuerdo de fecha 10 de febrero del 2017, en atención a ella, la juez suspendió el procedimiento y notificó al Ministerio Público para que no fuera ejecutada la orden de aprehensión contra el diputado Beltrán Orozco.

Añadió que a pesar de que el legislador solicitó licencia para separarse del cargo, la Fiscalía tampoco pudo ejecutar la orden de aprehensión, entre otras razones por la solicitud hecha por el Poder Legislativo, además de que el diputado promovió juicio de amparo ante el juzgado de primera instancia en materia penal.

Sobre esto último, recordó que el juez de distrito “dictó sentencia señalando que la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso detenido para que el juez de la causa dejará sin efecto la resolución impugnada, y dictara otra en la que analice si se acreditaba el cuerpo del delito y la responsabilidad o no del quejoso, Saúl Beltrán”.

Dijo entonces que el juez de primera instancia en materia penal, el 15 de junio dejó insubsistente la orden de aprehensión contra el legislador y, en su lugar, dictó otra resolución en la que niega la orden de aprehensión solicitada por no haberse acreditado el cuerpo del delito.

“El MP carece facultades, es decir, la Fiscalía no fue parte en el juicio de garantías en mención. Sólo fuimos señalados como parte ejecutora, por eso nos vimos imposibilitados para interponer el recurso de revisión”, precisó Olea.

 

UPOEG VINCULADA CON ‘EL SEÑOR DE LA I’

 

Por otra parte, al referirse a los grupos armados que han asumido funciones de seguridad en diversos municipio del estado, el fiscal dijo que se han encontrado indicios de que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que lidera Bruno Plácido Valerio, funge como un grupo paramilitar que tiene relaciones con el jefe del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Célis, ‘El Señor de la I’, quien mantiene una disputa sangrienta con el cártel de ‘Los Jefes’comandando por Zenén Nava, ‘El Chaparro’, por el control de las plazas en la región Centro y Sierra de la entidad, y explicó que una muestra es el enfrentamiento entre civiles armados ocurrido a finales de la semana pasada en el poblado de Las Juntas enclavado en la Sierra del municipio de Tlacotepec, que dejó como saldo 7 muertos.

También añadió que al menos siete integrantes de la UPOEG fueron quienes perpetraron el ataque contra una familia en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, en Acapulco, que también dejó 7 personas muertas, entre ellas 3 mujeres y 3 menores de edad.

Olea Peláez refirió que la expansión de las autodefensas es un problema que se dejó crecer, y justificó que no se haya tomado la decisión de desarmar a esos grupos porque intentarlo podría derivar en un enfrentamiento mayor, debido a que cuentan con armamento de alto poder de uso reservado sólo para el Ejército y las Fuerzas Armadas.

Esa misma razón es el motivo por el cual no se ha detenido los siete elementos de al UPOEG que participaron en los hechos de San Pedro Cacahuatepec, a pesar de que ya han sido obsequiadas las órdenes de aprehensión en su contra.

La diputada por Morena, María de Jesús Cisneros, reclamó al fiscal el poco avance en las investigaciones por la muerte del abogado y militante de su partido, Eduardo Dircio Chautla, ocurrida en Tixtla durante un enfrentamiento entre policías estatales y delincuentes el pasado 5 de junio.

Sobre este asunto, Olea Peláez puntualizó que gracias a que se exhumó el cadáver del abogado y a que se le practicaron estudios forenses, se pudo determinar que fue asesinado por uno de los policías estatales que participaron en esos hechos, pero no abundó más sobre este asunto.

 

EN TRES SEMANAS REVELARÁ NOMBRES

DE ASESINOS DE ARMANDO CHAVARRÍA

 

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Iván Pachuca Domínguez, preguntó al fiscal por el avance en las investigaciones por el asesinato de quien fuera presidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, ocurrido en agosto de 2009.

En respuesta, Olea Peláez respondió que en tres semanas dará a conocer al diputado panista el nombre de quienes fueron los asesinos del Chavarría Barrera.

“En otros gobiernos nunca se avanzó, hoy en dos semanas ante ustedes, o máximo tres, sabrán en esta Legislatura quiénes son los responsables de dicho homicidio”, expresó.

Añadió que de las cinco o seis líneas de investigación relacionadas con el asesinato del diputado perredista, la pesquisa se había acotado a sólo una, y adelantó que los resultados no necesariamente dejarían satisfechos a todos.

Por ello, el diputado por MC, Silvano Blanco Deaquino cuestionó al fiscal en el sentido de que en los resultados de las investigaciones por el asesinato de Armando Chavarría no se busque plantear de nueva cuenta la línea de investigación de que el asesinato fue perpetrado por un grupo guerrillero.

Sobre el secuestro del exdiputado federal y local perredista, Catalino Duarte Ortuño, quien fue privado de su libertad en Coyuca de Catalán el pasado 12 de abril, el fiscal informó que las investigaciones continúan y que trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

Reveló que en solo dos ocasiones los presuntos secuestradores se comunicaron con la familia para pedir rescate, la primera a las pocas horas de que el político perredista fuera plagiado, y unos días después de su plagio, pero desde entonces no se ha registrado comunicación entre los plagiarlos y la familia del perredista.

Dijo además que cuentan con datos de inteligencia de instancias como la Fiscalía, la PGR, y el Ejército que permiten tener indicios de donde pudiera estar el exdiputado y quién lo pudiera tener en su poder, y precisó que esta información es del conocimiento de la familia del político.

Sobre el asesinato del secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, perpetrado la noche del 19 de abril en Chilpancingo, el fiscal comentó que se ha logrado la detención de uno de los autores materiales, a quien se vinculó a proceso, pero señaló que éste sujeto se ha negado a revelar quién sería el autor intelectual de ese crimen.

También se refirió a otros casos, como el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, cuyo homicidio ocurrió en territorio michoacano y la investigación le compete a la Procuraduría de esa entidad, aunque las diligencias apuntan a que fue ejecutado por un grupo criminal que opera en la región Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán.

Sobre el asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto, cuya investigación se realiza en forma conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que se solicitaron órdenes de aprehensión sin que hasta la fecha haya una detención de autores materiales o intelectuales.

Mencionó el caso de Onésimo Castillo alias “El Bombón”, a quien se refirió como “miembro de la delincuencia organizada, responsable de diversos homicidios y otros delitos principalmente desplegados en la ciudad de Chilpancingo”, y que se encuentra procesado y recluido en un penal de alta seguridad de la federación.

Olea Peláez informó también que por el asesinato de los políticos perredistas Roger Arellano Sotelo y Octavio Arellano Eloísa, ocurrido en Acapetlahuaya, se logró la detención de cuatro imputados, vinculados a proceso en espera del juicio oral correspondiente y de la sentencia respectiva, e incluso recordó que si en algún momento defendió al exalcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, acusado del asesinato intelectual del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, ahora no descansará hasta detenerlo.