Enrique Vargas Orozco

 

La PGR aclare que autoridades están relacionadas con la delincuencia: HAF.—No hay duda que en Guerrero se hace un gran esfuerzo contra la delincuencia organizada.

 

Uno de los hechos violentos con mayores repercusiones en la opinión pública es la emboscada que sufrieron elementos de la PGR en La Gavia, comunidad de San Miguel Totolapan, que iban en un operativo que buscaba atrapar a integrantes del grupo de Los Tequileros y hasta posiblemente al cabecilla, Raybel Jacobo de Almonte.

Ese hecho violento que dejó la muerte de 3 agentes federales y un civil, además de lesiones a otros 7 elementos, tuvo amplia difusión en medios locales y nacionales, ya que medios impresos y electrónicos, especialmente las televisoras le dieron amplia cobertura, por la gravedad que alcanzó, pues algunos sobrevivientes aseguraron que eran decenas de personas las que participaron en la agresión armada en su contra.

Eso provocó la reacción de los jefes policiales y otros que sobreviviendo a esa agresión, orquestada por ese grupo que muestra el mayor nivel de peligro y de agresión contra policías y militares.

El gobernador Héctor Astudillo Flores demandó en forma enérgica que se aclare lo señalado, ya que uno de los comandantes afirmó que la emboscada fue propiciada porque los delincuentes fueron alertados por policías estatales sobre la presencia de los federales.

El gobernador Astudillo afirmó que “esa es una declaración muy temeraria, respecto a que los gobiernos locales esán infiltrados”, por lo que exigió que se aclare a qué gobiernos se refería, porque hay tres instancias de gobierno que están relacionadas con los operativos.

Efectivamente es necesario aclarar a quiénes y a cuáles gobiernos se referían esas declaraciones de los comandantes que participaron en ese malogrado operativo, aunque se entiende que los jefes policiacos que con su gente fueron agredidos, sienten una gran frustración y dolor ante la muerte de sus compañeros que en ese tenor se hagan declaraciones comprometedoras.

En ese caso puede reconocerse que algunos gobiernos municipales son obligados a permitir la penetración de los delincuentes en los cuerpos policiacos, como ocurrió en Iguala, con José Luis Abarca, cuando los mandos policiacos obedecían al grupo delincuencial Guerreros Unidos, señalados de provocar la muerte de tres normalistas y tres civiles ajenos al caso, más la desaparición de los 43, de los que no se tiene mayor información, más que la versión de la PGR que los declaró muertos, incinerados y sus cenizas esparcidas  en el rio San Juan.

En ese sentido, el secretrario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, comentó que “sabemos que hay muchos resistencias de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con este tipo de bandas”.

En varias ocasiones los alcaldes de varios municipios, especialmente de la Tierra Caliente, como Teloloapan, Ciudad Altamirano y más recientemente San Miguel Totolapan, que se ha convertido en el municipio con más problemas de este tipo, provocados por el grupo de Los Tequileros, que hasta ahora ha logrado burlar a las fuerzas policiacas y militares que tratan de ubicarlo y detenerlo.

En varias ocasiones los presidentes municipales de esos y otros lugares han denunciado el acoso, las amenazas que reciben de los grupos de delincuentes, que les exigen que la policía del lugar responda a sus exigencias y que colaboren en el aviso de los operativos en su contra de los que tengan conocimiento y otras acciones y extorsiones a las que tienen que hacer frente.

Esta situación es conocida en todas las instancias oficiales, y por eso, no se les informa del desarrollo de posibles acciones en contra de los grupos delincuenciales, aunque todo parece indicar que en este caso de La Gavia, los grupos armados estaban esperando a los agentes federales y los emboscaron.

Sin duda hubo alguna filtración en ese sentido, que provocó que fueran sorprendidos y masacrados.

En ese caso, quienes hayan provocado la filtración informativa tienen que ser ubicados por la propia PGR, con ayuda del gobierno estatal, que debe hacer la investigación correspondiente, porque al tratarse de un delito federal tiene que hacerse cargo, como señaló el secretario de Gobierno, Salazar Adame, quien explicó que la PGR no está obligada a informarles a las autoridades locales cuando raliza sus operativos contra delitos federales, como en este caso, porque iban tras integrantes de la delincuencia organizada.

La propia PGR debe investigar y determinar cómo y en qué forma se dio la filtración sobre el operativo atacado por el grupo de El Tequilero, porque señalaron que fueron decenas y hasta cientos de sujetos lo que los agredieron, por lo que suponen que el delincuente mayor, Raybel Jacobo de Almonte, ha logrado que buena parte de la población de La Gavia actúe en su favor, sea por pagos o por amenazas de que sufrirán graves consecuencias si no colaboran para advertirle de los movimientos que las fuerzas del orden realizan.

En este caso no puede descartarse que algún o algunos integrantes de las policías municipales y hasta la estatal pudieran tener algún infiltrado, porque las amenazas y los sobornos tienen una fuerza importante, de manera que sería difícil afirmar contundentemente que no hay policías que tengan responsabilidad en los hechos registrados.

NO HAY DUDA QUE EN GUERRERO SE HACE UN GRAN ESFUERZO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.— El estado de Guerrero se ha convertido en una zona donde la delincuencia organizada trata de sentar su dominio, pero como se trata de un número importante de grupos que buscan el control del manejo y trasiego de las drogas que van hacia la frontera norte del país, la competencia que libran es feroz y eso provoca que el estado se haya convertido en el mes de mayo en la entidad con el mayor número de homicidios dolosos, que sumaron 217 en ese mes.

El gobierno de Héctor Astudillo hace su mayor esfuerzo en el combate a la delincuencia, además de promover e impulsar actividades económicas que permitan la creación de empleos, porque es la mejor forma de evitar que los jóvenes se agregen a los grupos delincuenciales, que les ofrecen la falsa oportunidad de tener dinero y satisfactores, porque en realidad ese camino sólo lleva a la muerte o la cárcel.

En ese gran esfuerzo se cuenta con la colaboración de las policías federales, que les corresponde enfrentar a la delincuencia organizada, que provoca este ambiente tan grave para la seguridad del estado y del país, porque no es un fenómeno exclusivo de Guerrero, si no que la mayoría de las entidades enfrentan este flajelo.

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