* Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Papantla urgieron la intervención del gobernador y que el Ejército se haga cargo de la seguridad

 

JESÚS SAAVEDRA

 

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Papantla, municipio de Chilapa, exigieron que el Ejército se haga cargo de la seguridad en ese lugar y que se desarme a un grupo armado que mantiene amedrentada a la población y ha cometido asesinatos en total impunidad.

Este domingo, padres de familia de esa localidad ofrecieron una conferencia en Chilpancingo para denunciar que viven atemorizados por un grupo armado que encabeza Constantino Calvario Merino, en complicidad con la Policía del Estado que custodia la zona.

Jacinto Ayaculteco Calvario dio a conocer que el grupo armado ha asesinado a 11 personas y que se han liberado 45 órdenes de aprehensión contra este grupo que anteriormente había conformado una policía comunitaria, “llevamos más de año y medio desarmados, a nosotros nos desarmaron pero al otro grupo no y ha estado cometiendo excesos”.

Afirmaron en la conferencia que el grupo de Constantino Calvario Merino “utiliza al comisario que no sabe hablar español; nosotros estamos demandando que entre el Ejército para resguardar a la comunidad, no confiamos en la Policía del Estado porque cuida al grupo delincuencial”, acusó.

Denunciaron que el pasado viernes ese grupo lo intentó asesinar cuando regresaba del monte de juntar leña y que tuvo que salir huyendo para evitar ser alcanzado por los disparos que le hicieron ese grupo que encabeza Constantino Calvario.

“Ellos sostienen que le pagan a la Fiscalía (General del Estado) para que no sean recluidos en la cárcel y que pertenecen al cártel de ‘Los Rojos’, le pedimos al gobernador que intervenga y se evite el derramamiento de sangre en nuestra comunidad”.

Al concluir la conferencia de prensa denunciaron que recibieron amenazas de muerte y que serían atacados a balazos al regreso a su comunidad, por lo que buscaron respaldo de las autoridades estatales de Seguridad Pública y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes no contestaron sus llamados y aún así decidieron viajar hacia su localidad a expensas de ser víctimas de una emboscada.