* El dirigente de la APPG dijo que también tiene orden de aprehensión por encabezar una protesta en oficinas de Prospera, por el despido injustificado de trabajadoras

 

JESÚS SAAVEDRA

 

Después de asegurar que en Guerrero está en marcha una estrategia para “reprimir al movimiento social”, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció que un juez federal ha concedido una orden de aprehensión al Ministerio Público Federal, contra él y otras siete personas que realizaron una protesta en las oficinas de Prospera en esta capital.

Esa protesta la realizaron el pasado 9 de marzo, en las oficinas de esa dependencia federal en esta capital, cuando lanzaron huevos y jitomates contra la fachada del edificio para pedir la reinstalación de media docena de trabajadoras que fueron despedidas de manera injustificada a principios de año.

El pasado jueves, Chávez Adame fue detenido por agentes de la Policía Ministerial del estado en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de hechos ocurridos en el 2014, cuando irrumpió en una bodega del DIF donde se mantenían almacenados apoyos para damnificados por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’.

El dirigente de la APPG fue liberado al día siguiente, luego que un juez local le fijara una fianza para permitir seguir su proceso penal en libertad condicional, pero ahora informó que un juez federal ha concedido una orden de aprehensión por los hechos del 9 de marzo en las oficinas de Prospera.

Chávez Adame ofreció una conferencia este domingo en su domicilio particular, acompañado de dirigentes de la dirección Colectiva de Organizaciones Sociales en donde informó que van a tramitar un amparo a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Consideró que esa nueva orden de aprehensión “es una estrategia del gobierno federal, en coordinación con el gobierno del Estado, para reprimir al movimiento social; le pido al gobernador Héctor Astudillo que no lo tome a manera personal, debe atender los problemas y no empecinarse en tomar de manera personal los problemas”, dijo.

Afirmó que han solicitado que las autoridades atiendan sus peticiones para evitar que haya movilizaciones, pero “no hay atención a la demanda social” y señaló que “ante este embate de las autoridades hemos decidido tomar precauciones todos los compañeros y mantenernos en casa, hasta que nos otorguen el amparo”.

Añadió que no saben cuántos son los indicados en el proceso que se les inició por la protesta de Prospera, “nos han comentado que son ocho en total los compañeros y denunciamos desde ahora que varias de las denunciadas son las compañeras despedidas, que ya fueron objeto de asedio e intimidación por agentes de la PGR”.

Responsabilizó a las autoridades estatales de lo que les pudiese ocurrir y aseguró que “el exceso que existe en Guerrero es el alto índice de violencia, la intolerancia gubernamental, la falta de operadores políticos, la violencia avanza ante una gran soberbia y marginación de los problemas que tiene el estado”.