* Estamos pagando “un impuesto criminal”, denuncian empresarios del ramo ante diputados
* Advierten que cuando un negocio cierra sus puertas, se quedan sin trabajo entre 15 y 50 familias
Gilberto Guzmán / Fernando Hernández
Dirigentes de la Asociación de Materialistas del Estado de Guerrero denunciaron el acoso por parte de extorsionadores que les exigen cantidades de alrededor de 30 mil pesos quincenales para no agredirlos, lo que consideran un “impuesto criminal”.
Ante diputados locales del Movimiento Ciudadano, los representantes de ese ramo comercial encabezados por su presidenta Elodia Vargas Lima, informaron que buscaron al coordinador parlamentario Ricardo Mejía Berdeja porque “estamos siendo cautivos por el crimen organizado”.
Acusó que las autoridades ministeriales, por el hecho de señalar a grupos del crimen organizado en las denuncias por extorsión, les han dejado de prestar atención.
Ante esta situación, se sumaron a la petición de que los diputados locales aprueben la iniciativa presentada hace meses por el MC para que quien cometa el delito de extorsión no alcance libertad, ya que actualmente no es considerada como delito grave y los extorsionadores no reciben castigo.
“Ustedes saben que Guerrero tiene el primer lugar en extorsión, pero ya no denunciamos por miedo; ¿qué es lo que sucede? Estamos pagando un impuesto criminal y eso no se nos hace justo”, dijo la dirigente.
Mencionó que hay integrantes de la Asociación de Materialistas que han tenido que cerrar sus negocios porque les han pedido cantidades de hasta 30 mil pesos quincenales. “Ya no vamos a trabajar, cerramos, muchos se han ido y la derrama económica se está yendo para otros estados”, se quejó.
Denunció que “cada bodega de materiales para la construcción genera entre 10 y 50 empleos directos, y de cada trabajador depende una familia, o sea que estaríamos hablando que en algunos casos el cierre de uno de los negocios estaría dejando sin sustento a unas 50 familias”.
Explicó que en la asociación había alrededor de 800 integrantes, pero ante la inseguridad que afecta a Guerrero muchos han salido del estado, y mencionó el caso emblemático de Chilapa de Álvarez, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. “Ya no podemos estar en nuestros negocios, porque nos ubican y nos empiezan a extorsionar”, acusó.
Dijo que la escalada de violencia en contra de empresarios materialistas ha llegado a tal grado que los comandos de sicarios que se disputan el control de los territorios, “sólo llegan y abren fuego en contra de los negocios sin importarles quienes estén, o a quién puedan herir o matar”.
Agregó que muchos de los afectados ni siquiera denuncian las extorsiones, pero han tenido que salir del estado, “la gran mayoría ya no vive aquí y los que vivimos ya no podemos trabajar”.
Elodia Vargas dijo que ha bajado el índice de secuestros en Guerrero, pero ha aumentado la estadística de extorsiones, porque la extorsión no está tipificada como delito grave.
“Es más fácil extorsionar y no son personas que puedan encerrar, porque el delito, si no lo hizo, no hay delito que perseguir, pero si no pagas te matan, y es peor que un secuestro”, expresó.
La extorsión debe ser considerado delito grave: Ricardo Mejía
Al respecto, el diputado Ricardo Mejía explicó que ya presentó una iniciativa de reforma para que se establezcan agravantes en el Código Penal para la tipificación de la extorsión como delito grave.
Por otro lado, que el Congreso de la Unión modifique el artículo 19 de la Constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, “lo que antes era el delito grave, que no podían salir en libertad”.
“Hemos llegado a la convicción de que si la sociedad no se moviliza estos temas se van asfixiar por la parálisis en la que se encuentran, consideramos que el tema de la extorsión, así como el cobro de cuotas, está lacerando las economías en el puerto de Acapulco, así como en otros municipios”, explicó el legislador.
En tribuna puntualizó que delito de extorsión “es el de mayor incidencia en Guerrero y el segundo en el país”, por lo que recordó que el 11 de octubre del año pasado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca precisamente que la prisión preventiva sea dictada de oficio a los extorsionadores y así impedir que se lleve el proceso en libertad, dijo el diputado quien consideró que “sólo con la presión de la sociedad las cosas van a poder avanzar”
Mejía Berdeja agregó que el delito de extorsión está asfixiando de manera alarmante la economía de todo Guerrero “es una plaga nociva”, y exigió que la seguridad es necesaria en todo el estado “no sólo durante los grandes eventos que se realizan en el puerto de Acapulco”.
En otro punto de la sesión, el mismo legislador propuso se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que desde la apertura de la carpeta de investigaciones se integre ésta con perspectiva de género y sin estereotipos que dañen a las víctimas.
“El Protocolo Iberoamericano para investigar el feminicidio de manera correcta dicta que, ante el homicidio de una mujer, primeramente, se debe descartar el feminicidio y después proseguir con el homicidio y no justamente al revés como se lleva actualmente”, concluyó.