Jesús Saavedra

 

Ni el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca, ni la representación en la Ciudad de México de Guerrero que encabeza, René Juárez Albarrán, han hecho caso a su obligación de incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Por ello este martes al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO), les dio un plazo perentorio para incorporarse de manera voluntaria o de lo contrario serán ingresados de manera unilateral y los ciudadanos que deseen empiecen a solicitar información de carácter público a esas dos instancias gubernamentales y otros 33 sujetos obligados que tampoco lo han hecho.

En la sesión de este martes en el ITAIGRO, el consejero Joaquín Morales Sánchez presentó un resolutivo respecto a la negativa de 35 sujetos obligados a incorporarse a la PNT desde el año pasado y han hecho caso omiso a la petición de que se incorporen a ese sistema nacional de transparencia.

Desde el 6 de marzo vencía el plazo para que se incorporarán al SNT e Info Guerrero, entre éstos se encuentran cinco sujetos obligados del Ejecutivo y son la jefatura de Oficina del Ejecutivo que encabeza, Alejandro Bravo; la representación de Guerrero en la Ciudad de México que encabeza, René Juárez Albarrán; Agroindustrias del Sur, Consejo de Políticas Públicas y el Instituto de Bachillerato de Guerrero.

Pero tampoco han querido hacerlo el Consejo de la Judicatura Estatal; además de los ayuntamientos de Copalillo, Canuto Neri, José Joaquín de Herrera, San Luis Acatlán, Tlalchapa, Zapotitlán Tablas, Zirándaro y Zitlala.

Tampoco los organismos operadores de agua de Chilpancingo, Buenavista de Cuellar, Taxco y Tixtla; la Universidad Policial de Guerrero; los sindicatos del SUSPEG, el administrativo y académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Independiente del Cobach, el Sindicato de Músicos, el Sindicato Único del Cobach; también los fideicomisos turísticos de Taxco, del Patrimonio de la Beneficencia Pública, las juntas de Conciliación de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Coyuca de Catalán.

Morales recordó que el 4 de mayo entrará en vigor la PNT, “para esa fecha ya debe haber información pública obligatoria de los sujetos y tenemos un gran problema, porque aún no se dan de alta y con eso tenemos dos graves problemas que pueden detonar más por el índice de transparencia y se puede dictaminar su no cumplimiento de éstos”.

El consejero puntualizó que esos 35 sujetos que no se han incorporado, “estamos hablando de un 25 por ciento del total de los sujetos obligados que no cumplirían con las disposiciones del Sistema Nacional de Transparencia a pesar que hicimos un acuerdo que acudieran a este órgano garante y no hicieron caso, planteamos que se notifique de manera personal para que se les avise que en tres días a partir de su notificación serán dados de alta en el PNT e Info Guerrero, con lo cual en los días subsecuentes podrán recibir solicitudes de información”, lo cual se aprobó por unanimidad.

MULTAS POR NO ENTREGAR TABLAS DE APLICABILIDAD

En la misma sesión la consejera presidenta del ITAIGRO, Elizabeth Patrón Osorio presentó otra propuesta para sancionar a 31 sujetos obligados que no entregaron sus tablas de aplicabilidad, obligaciones comunes y específicas que les solicitaron desde mayo del año pasado.

No han entregado esas tablas el Acabús, Agroindistrias del Sur, el Consejo de Políticas Públicas, el Instituto de Bachillerato en Guerrero, el Instituto del Deporte en Guerrero, el Tecnológico de la Costa Chica.

Además de los ayuntamientos de Acatepec, Ayutla de los Libres, Copalillo, Cuautepec, Canuto Neri, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Pilcaya, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Tlalchapa, Zapotitlán Tablas, Zirándaro y Zitlala.

Tampoco lo ha hecho la FEPADE, los dos sindicatos de la UAGro, el gremio Independiente del Cobach, el Sindicato de Músicos, el Sindicato Único del Cobach, el Sindicato de Agua y Alcantarillado, la Promotora Turística de Taxco, la administración del patrimonio de la beneficencia pública y las juntas de conciliación de Guerrero.

A esos 31 sujetos se aprobó aplicar una multa de 10 mil 900 pesos a cada uno, lo que haría un monto global de 337 mil pesos.