Rechazo del gobernador y el fiscal a las declaraciones del obispo Salvador Rangel.— Comprarán 8 nuevos vehículos para la recolección de la basura en Chilpo.— Se declara inocente el diputado Saúl Beltrán, a quien demandan retirar el fuero

 

Enrique Vargas

 

Es bastante fácil hacer declaraciones y señalamientos de que hay funcionarios ligados a la delincuencia dentro de los gobiernos en sus tres expresiones, pero es más complicado aportar pruebas o evidencias suficientes para sostener las acusaciones, y es lo que le reclaman al obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, quien aseguró que el problema de la violencia y la delincuencia que hay en el estado no se ha podido resolver porque hay complicidad y colusión entre delincuentes y autoridades de gobierno.

El gobernador Héctor Astudillo, cuestionado al respecto por los periodistas, afirmó que si los hubiera se actuaría conforme a la Ley, “soy el más interesado en que se proceda cuando se encuentren esos casos, sean quienes sean, estén donde estén”.

El religioso hizo un señalamiento generalizado de supuestos funcionarios que supone estarían ligados a los delincuentes, pero no señala a ninguno ni aporta ninguna evidencia que respalde su versión; y es que este religioso se ha caracterizado porque emite con facilidad opiniones o señalamientos, como este caso, pero sin que haya podido aportar alguna información más completa o precisa que permita establecer a quién o quiénes se refiere específicamente.

El fiscal Xavier Olea fue más claro en el sentido de que según su información no hay ningún servidor público que esté vinculado con la delincuencia.

“Hablar es muy fácil”, comentó de las afirmaciones del obispo, quien sólo eso hizo en realidad, hablar de supuestos malos funcionarios, pero sin que haya podido hacer señalamientos concretos, que es lo que se necesita para poder proceder legalmente.

De hecho, hasta ahora, al único que se ha señalado de estar ligado a la delincuencia es al diputado Saúl Beltrán, acusado de asesinato y de trabajar muy cerca de su compadre, ‘El Tequilero’, situación que ahora se atiende en el Congreso del Estado.

Realmente no hay indicios de que funcionarios del gobierno del estado pudieran estar vinculados a los delincuentes ni en los principales municipios del estado, aunque los más chicos pueden ser presionados y hasta extorsionados por las bandas delincuenciales, pero sin que se atrevan a denunciarlos, porque no tienen manera de enfrentarlos.

COMPRARÁN 8 NUEVOS VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN CHILPO.— Como comentamos ayer, el problema de la basura de Chilpancingo está francamente en vía de la solución, por lo que en los días venideros se verá como disminuye la dificultad y la incomodidad que representan los desechos dejados en las calles.

En la capital, el alcalde Marco Leyva ha hecho un esfuerzo importante que permitió alcanzar el actual nivel de solución y ahora, para reforzar el cuadro, el gobernador HAF se agregó a ese esfuerzo y le entregó un camión compactador de 12 toneladas, que será der gran utilidad en lo inmediato.

Además, se tiene proyectado comprar 8 nuevas unidades, que costarán 12 millones de pesos, para que sean 4 camiones compactadores y otros 4 con capacidad de 4 toneladas, para renovar el equipo de recolección de la basura en la ciudad, con la intención de que el problema, del que quedan algunos brotes, pueda llegar a su fin y se regularice totalmente ese servicio.

La inversión se hará entre estado y municipio, cada uno aportará 6 millones de pesos, que no se invirtieron antes porque los fondos llegan por mes y no con mucha agilidad, sino que hay que esperar el proceso burocrático del gobierno federal que tiene sus formas y sus tiempos.

En la actualidad son 18 unidades con las que están trabajando, de modo que con las 12 nuevas, el parque vehicular disponible se incrementará en casi un 70 por ciento, para atender las necesidades de la capital y sus colonias, que podrán retornar a la normalidad en este asunto de la basura, que se complicó tanto por la majadería del alcalde de Tixtla, de bloquear el relleno sanitario y centro de reciclaje de Matlalapa.

SE DECLARA INOCENTE EL DIPUTADO SAÚL BELTRÁN, A QUIEN DEMANDAN RETIRAR EL FUERO.— En el Congreso del Estado, la Comisión Instructora que preside el diputado Iván Pachuca Domínguez, del PAN, avanza en el juicio que se le sigue a su compañero Saúl Beltrán Orozco, acusado de dos homicidios y de estar relacionado al grupo delictivo de ‘El Tequilero’, que ha causado muchos daños y problemas en San Miguel Totolapan, seguramente el municipio más castigado de la región de la Tierra Caliente.

A este legislador se le acusa de estar directamente vinculado a la delincuencia organizada a través de su compadre ‘El Tequilero’, pero principalmente por el homicidio de un trabajador del ayuntamiento, José Antonio Zeferino Gil, quien habría sido testigo de que hombres enviados por el acusado levantaron al sacerdote del lugar, cuyo cuerpo fue encontrado unos días después.

De hecho serían dos homicidios los que se cargan en su cuenta y sobre eso trabaja la Comisión señalada, que hace una investigación sobre la información aportada por la Fiscalía del Estado, que supuestamente tiene pruebas de su culpabilidad, por lo que solicitó el juicio de desafuero para poder detenerlo y someterlo a juicio.

Sin embargo, conforme avanza el proceso, se habla de algunas irregularidades cometidas por la propia Fiscalía, como haber solicitado una orden de aprehensión antes de que se le retirara el fuero, lo que el acusado señala como violaciones al debido proceso que ponen en evidencia que no existe un procedimiento debidamente apegado a la ley, lo que podría actuar en beneficio del representante del Distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán, en el corazón de la Tierra Caliente.

Es indispensable que tanto la Fiscalía como la Comisión Instructora, de la que también forman parte los diputados Ernesto González, Cuauhtémoc Salgado y Silvia Romero, lleven la investigación con toda la pulcritud necesaria y que se llegue con certeza a una conclusión correcta y apegada a la Ley, porque no sería aceptable que se castigue a quien no tiene culpa, como él asegura, pero tampoco que se le permita seguir en su puesto si incurrió en algún delito, sobre todo de la gravedad de los que se le imputan, cuando fungía como alcalde de ese municipio mártir, San Miguel Totolapan.

No hay duda que la atención de la opinión pública está puesta en la Comisión Instructora y en la Fiscalía del Estado, porque cometer un error en este caso resultaría altamente perjudicial para la imagen y el prestigio de todos los involucrados y especialmente de las dos instituciones, que son fundamentales en la buena marcha de Guerrero y del progreso que los guerrerenses exigen.

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