Román Ibarra
La Universidad Autónoma de Guerrero es la Institución de educación superior más importante del estado, que tiene como antecedentes al Instituto Literario, fundado en 1869, la Universidad Popular de Ciudad Bravos, creada en 1919, y el Colegio del Estado, fundado en 1942, el cual se trasformó en Universidad de Guerrero, en marzo de 1960, que se convirtió en autónoma luego de la lucha estudiantil popular reprimida por el gobernador Raúl Caballero Aburto, que produjo la muerte de diecinueve personas, el 30 de diciembre de 1960.
Como institución, ha contribuido al desarrollo del estado con los profesionistas que han pasado por sus aulas, la investigación científica que se realiza en ella, la difusión de la cultura y las actividades de extensión universitaria, el servicio social de sus estudiantes y las prácticas profesionales de estos.
Después de reconocida la autonomía en la Ley Orgánica de 1963, la institución ha tenido un devenir en el que ha habido etapas heroicas como la confrontación interna contra la derecha en la que triunfó la izquierda, la cual condujo a la institución en varios rectorados, cuyo saldo positivo es la democratización de la vida universitaria.
La etapa del sometimiento inició en 1985 y se ha mantenido hasta la fecha, teniendo como rasgo característico la restricción económica que mantiene a la universidad con un déficit permanente, que hoy es de 270 millones de pesos.
Este es el contexto del inicio del proceso de elección de rector, marcado por el autoritarismo, en el que la disidencia es amedrentada por los partidarios de este, el control político férreo del Consejo Universitario, al no existir prácticamente oposición; la simulación, al no existir congruencia entre lo que se difunde y lo que se hace; la corrupción, como la venta de calificaciones, los moches que se piden a los proveedores; la falta de cultura de la legalidad, al realizarse Congresos Generales Universitarios sin existir un reglamento para organizarlos; el no convocar a los concursos para la designación del Defensor de los Derechos Humanos y Universitarios, y el Contralor, la aprobación de reglamentos sin consultar a las bases, así como incluir en la Ley Orgánica y el Estatuto requisitos para ser candidato a rector que violan la Constitución, como el de tres años de funcionario universitario y el apoyo de cuarenta consejeros universitarios, ciento cincuenta consejeros de unidades académicas o los de veinte escuelas; la inconsistencia del modelo académico, que no produce profesionistas críticos, el dispendio de los recursos en la imagen del rector, a la que se destinan en promedio dos millones de pesos mensuales; la falta de institucionalidad, al estar usando a la institución como partido político, la exclusión de muchos jóvenes; la renuncia al ejercicio de la autonomía y la sumisión del rector a la política neoliberal del gobierno, lo cual explica el apoyo del rector a la reforma educativa y la desmovilización en que tiene a la universidad, a pesar de los agravios de que es víctima la Institución.
Tal situación es el resultado de la claudicación de los dirigentes de las organizaciones del Grupo Universidad por Guerrero; que están apoyando al rector en su proyecto de reelección, a pesar de la mala conducción que ha hecho de la Universidad y que ni siquiera les respeta su peso político en los cargos de la administración, con lo que se está perfilando una tiranía en la Universidad.
Por ello se hace un llamado a los estudiantes, maestros, trabajadores administrativos y de intendencia e incluso a las bases del Grupo Universidad por Guerrero, a reconducir a la institución retirando el apoyo al proyecto de reelección del rector, ya que no hay nada en su rectorado que justifique premiarlo con ello y buscar un candidato que le dé prestigio a la institución, ya que su política contradice la filosofía que sirvió de inspiración a la lucha por la autonomía de la Universidad en 1960, y a la época heroica de los años setenta.
Para ello se invita a que se pida cuentas a los Consejeros Universitarios y a los Consejeros de cada unidad académica, ordenándoles no aprobar nada en esas instancias que no se discuta previamente en las escuelas y facultades, ya que se ha vuelto una práctica política aprobar temas y aspectos fundamentales para la Universidad, como la propuesta de Ley Orgánica, Estatuto General y varios Reglamentos, sin haber consultado a sus representados, siendo que estos no son plenipotenciarios.
Lo anterior hace necesario formar comités en cada escuela o facultad, en los que se discuta la necesidad de retomar la conducción de la universidad por los propios universitarios, revindicando las demandas de los estudiantes, como el rechazo a las cuotas fuera del arancel, la exigencia de someter a consulta universitaria la ley y reglamentos que se han aprobado, así como buscar un candidato que tenga el reconocimiento de académico reconocido dentro y fuera de la Universidad para postularlo en la próxima contienda para la rectoría.