Reemberto de N. Valdez Vilchis

 

“Bueno, nosotros lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos; como ya estoy diciendo, nuestra preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto, desde nuestro punto de vista, en Iguala no ha sufrido un desmantelamiento; nosotros no tenemos por qué proteger a criminales, y menos a la gente que junto con la policía desapareció a nuestros compañeros y los asesinó, eso a nosotros nos queda claro. Es absurdo querer vincularnos a nosotros con un grupo que mató a nuestros compañeros, que mató a nuestros hijos”.

Esta es la respuesta textual que Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dio al periodista Carlos Loret de Mola cuando éste le preguntó sobre la llamada telefónica que lo involucra a él y al señor Mario González con la supuesta entrega de 200 mil pesos por parte de Guerreros Unidos a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014.

No hay manipulación en la respuesta. Nadie lo forzó a pronunciar estas palabras. Por primera vez, el abogado que había dicho una y otra vez que la desaparición de los 43 estudiantes es resultado de una acción del Estado mexicano, admite que fueron los sicarios de Guerreros Unidos, en complicidad con policías de Iguala, el grupo delictivo “que mató a nuestros compañeros, que mató a nuestros hijos”.

Con esta afirmación, Rosales Sierra convalida los cimientos de la mal llamada “verdad histórica” que en su momento planteó el procurador Jesús Murillo Karam, quien se basó para elaborar esa hipótesis en las declaraciones de varios miembros de Guerreros Unidos detenidos tras los hechos, quienes han aceptado –por separado— que en el basurero de Cocula recibieron a un numeroso grupo de personas a las que dieron muerte en la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, y después procedieron a incinerarlos en una gran pira que hicieron en el sitio, para después arrojar los restos en el cercano río San Juan.

Peor aún, con su declaración Rosales Sierra se exhibe como un manipulador del dolor y la tragedia que sufren las familias de los jóvenes normalistas, a quienes les ha hecho creer a lo largo de 18 meses que fue el Estado el que desapareció a sus hijos y cínicamente les ha hecho pensar que aún es posible que puedan hallarlos con vida.

A esto que ha hecho Vidulfo Rosales con los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, se le llama lucrar con el dolor y la tragedia ajena. Ni más, ni menos.

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